En el caso Celu, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra del excontralor general del Estado subrogante, Pablo Celi y su exdirector de Responsabilidades, Luis M., que aún es funcionario.
La Fiscalía General del Estado (FGE) persigue el delito de tráfico de influencias en el caso Celu, que trata sobre el desvanecimiento de una glosa por 111 906 514 millones de dólares a favor de una telefónica y en contra del Estado ecuatoriano, en junio de 2019.
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La audiencia del caso Celu está a cargo del conjuez nacional de Garantías Penales, encargado de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez; y se desarrolló desde las 15:00, de este 25 de junio de 2024.
Caso Celu: Diana Salazar presenta los elementos de convicción para formular cargos contra Pablo Celi
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, manifestó que tanto Pablo Celi como Luis M ejercieron influencia en sus subalternos para obtener un beneficio económico favorable a los intereses de un tercero, como es la telefónica.
Entre los elementos de convicción presentados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar están: la denuncia de Germán Rodas por el presunto delito de tráfico de influencias; el proyecto de resolución de junio de 2019, con el que se desvanece la glosa contra algunos directivos de la telefónica.
Además, una conversación de chat en el teléfono de Pablo Celi con Daysi G., en el que se señala que le solicitó desvanecer glosas, refiriéndose en específico al caso de la telefónica; y una conversación con Nelson V., funcionario que fue desvinculado de la institución.
Antes, Diana Salazar anunció que formularía cargos contra el excontralor Celi y Luis M.; pero, no contra el otro funcionario de la Contraloría, Hans Williams C. V. por estrategia de la acción penal y la realización de algunas diligencias adicionales.
Diana Salazar señaló que se convirtió a la Contraloría en un centro de desinstitucionalización del país.
El desvanecimiento de glosas no se perfecciona solo con Luis M., director de Responsabilidades; sino que, requiere de la firma de la máxima autoridad de la Contraloría y todos los ejercicios de influencia se ejercían bajo el amparo de Pablo Celi, aseguró la fiscal general.
“Este era un modus propio de la Contraloría, siendo que no es el primer caso que se ha visto envuelto el ciudadano Celi”, dijo Diana Salazar.
Medidas cautelares solicitadas contra Pablo Celi y Luis M.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó arresto domiciliario para Pablo Celi por tener 67 años y contra Luis M. prisión preventiva, por el riesgo procesal que representaría que esté en libertad.
La fiscal resaltó que Luis M. podría replicar conductas de actuar contra la administración pública y los intereses del Estado; por lo que, su libertada ambulatoria es un riesgo procesal.
Más aún cuando está en funciones en la misma institución en la que influenció a sus alternos.
En las medidas cautelares reales, pidió la retención de inmovilización de cuentas en varios bancos y prohibición de enajenar bienes para los imputados, principalmente, en Pichincha y Guayas, por 50 000 dólares.
El delito de tráfico de influencias por el que se quiere juzgar a Pablo Celi
El Código Orgánico Integral Penal (Coip), en el primer inciso del artículo 285, tipifica el delito de tráfico de influencias.
El Coip tipifica al tráfico de influencias como: “Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado (…) prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”.
Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
La CNJ resolvió sobre las medidas cautelares solicitadas
El conjuez nacional de Garantías Penales, encargado de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, resolvió sobre los pedidos de la Fiscalía, respecto de las medidas cautelares para Pablo Celi y Luis M..
Tras un receso de alrededor de dos horas, pasadas las 19:00, el juez resolvió que para Pablo Celi se dispone el arresto domiciliario y la coordinación con el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para la colocación del dispositivo de seguridad.
Para Luis M., el juez señaló que, efectivamente, se encuentra en funciones y, demostrado el riesgo procesal, el mismo no se diluye ni con la prohibición de salida del país o la presentación electrónica o el dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el arresto domiciliario no limita el derecho a la intimidad, ejercicio de funciones por vía telemática con lo que podría seguir influenciando.
Por estas razones, para garantizar la comparecencia del procesado, y la no interferencia y evasión de la justicia, es necesario que el procesado esté bajo la custodia del Estado, es decir, la prisión preventiva contra Luis M.
“Gírese la respectiva boleta de localización y captura”, agregó.
Sobre la retención de cuentas, el juez excluyó los fondos correspondientes a sueldos, alimentos y jubilación.
También aceptó la prohibición de enajenar bienes, hasta por un monto de 50 000 dólares.
El juez resolvió conceder el plazo de 90 días para la instrucción fiscal, en este caso.
Pablo Celi fue sentenciado en otro caso y está llamado a juicio en otro
Pablo Celi, excontralor general del Estado, ya fue sentenciado en el caso Las Torres, que persigue el delito de delincuencia organizada, a trece años de prisión, en primera instancia.
Además, en el caso China Camc, está llamado a juicio desde 2023, a la espera de que se desarrolle la audiencia. Este caso persigue el delito de cohecho.
Actualmente, ya está en arresto domiciliario.