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El Gobierno reactivó el lunes 4 de abril de 2022 la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, luego de nueve años de cierre. Un centenar de policías participaron en el traslado de cinco presos de alta peligrosidad desde la base aérea de Guayaquil hasta el complejo de la vía a Daule, donde se ubican otras dos cárceles.
Los nuevos inquilinos de La Roca son los supuestos mentalizadores de la masacre del 3 de abril en la cárcel de Turi en Cuenca. El Gobierno realizó adecuaciones urgentes para rehabilitar la cárcel de máxima seguridad.
El centro penitenciario cuenta con un amplio prontuario de fugas, asesinatos, huelgas y violencia. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), recuerda que la construcción del centro penitenciario se inició en 2006.
El centro carcelario se mantuvo abierto poco más de tres años, entre 2010 y 3013. Solo tres meses después de su entrada en funcionamiento, en octubre de 2010, se registraron los primeros intentos de fuga y una explosión que dejó cinco heridos.
El cierre obedeció, entre otras cosas, a cuestionamientos en las condiciones carcelarias, desde el punto de vista de derechos humanos, según el organismo. El régimen carcelario restringía incluso el acceso a patios exteriores, lo que generó reclamos y huelgas de hambre (o con quema de colchones) de los internos. El aislamiento incluyó en inicio la restricción de visitas.
Pero el aislamiento extremo no impidió que se ejecuten personas, recuerdan desde el CDH. Y es que se registraron una serie de muertes violentas e incluso evasiones en una supuesta cárcel de máxima seguridad.
“No se detuvo la criminalidad y, por otro lado, no se impidió la evasión”, dijo Navarrete. “Porque el problema es el mecanismo mafioso que provoca que estos privados de la libertad adquieran poder, con complicidad de agentes de seguridad”.
Si no se desmontan los mecanismos de corrupción e impunidad el problema seguirá latente, advierte el activista. Es más, el traslado puede generar nuevos inconvenientes. “El Gobierno tiene la potestad de hacer traslados por motivos de seguridad, sobre eso no hay reparos. Pero allí no se agota el problema”, advierte.