San Isidro de El Inca es un barrio residencial donde los vecinos duermen con sobresaltos. Las noches y fines de semana son cuando hay más estruendos.
La tarde del lunes 7 de noviembre de 2022 hubo una reyerta entre bandas que dejó cinco reos muertos y otros tres heridos.
Las autoridades retomaron el control en horas de la madrugada. En operativos realizados a esa hora encontraron dinero en efectivo, 178 armas blancas, 465 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y 40 teléfonos celulares.
Ese ajetreo interrumpió las actividades de Armando R., quien tiene un negocio cerca de la prisión. “Empezó a llegar la Policía y ya nos hicieron cerrar”, recuerda con algo de resignación. Lleva casi una década con su negocio ahí y 30 años de vivir allí.
Dice que ya no tiene miedo. Pero asegura que siempre es incómodo que las calles se cierren y los negocios dejen de atender.
La situación le molesta pero lamenta que “no hay nada que hacer”. Aunque sí recuerda que ha marchado junto a los vecinos para pedir que la cárcel salga del sector.
El Inca es una de las 32 parroquias urbanas que conforman Quito. Lo que era un lugar con poca concentración urbana, ahora está lleno de construcciones en las calles cercanas a la prisión. Datos de la Policía del Circuito San Isidro del Inca indican que en ese barrio viven 180 000 personas.
También se trata de una zona comercial. Uno junto a otro funcionan talleres automotrices, tiendas, restaurantes y atienden hasta consultorios médicos y jurídicos.
César T. tiene un taller que funciona en el sitio hace 35 años. Además de la intranquilidad que siente a diario (a la que lamenta estar acostumbrado), César tiene problemas de conectividad.
No solo se trata de la intermitencia de Internet. “Hay que buscar los puntos donde hay señal, peor que estuviéramos en el monte”, reclama. Incluso menciona que el problema lo viven también quienes caminan por la calle.
Unos metros hacia arriba, diagonal al acceso principal, hay media docena de tiendas. En una de ellas atiende Leonardo G. hace cinco años, aproximadamente.
Al consultarle por la señal admite que no hay en ciertos lugares. “Detrás de ese frigorífico ya vale”, dice. La situación de la cárcel, dice, le es totalmente indiferente.
El sustento de algunos
No todo es malo en el barrio dicen algunos vecinos. Sus vidas se sustentan con la venta de artículos de aseo o algún servicio de Internet que hacen uso los familiares de los reos que van de visita.
Julio M. tiene su negocio justo frente a la puerta donde hacen fila las visitas de los privados de libertad. En la puerta hay al menos una docena de botellones de agua. También vende fideos precocidos y algunas golosinas.
Su fuerte es el alquiler de computadoras, impresiones y copias que ocupan incluso los abogados que llegan. “Nada pasa afuera”, se consuela mientras trabaja.
Gloria Vaca vende hace 25 años insumos como sandalias, ropa interior, pijamas y otros accesorios que necesitan los reos al interior.
Antes trabajaba en San Roque pero con el cierre de la cárcel tuvo que mudarse con su negocio. Es una mujer de 67 años que vive de las ventas. “Yo no quisiera que se vaya (la cárcel), porque si no de qué comemos”, cuestiona. Lo cierto es que está acostumbrada a vivir en zozobra. Una sensación cada vez más constante que le siga llevando un pan a su mesa.
Hechos
El 30 de octubre el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria encontró dos personas privadas de libertad colgadas en la cárcel de El Inca.
El 25 de abril un enfrentamiento entre bandas delictivas dejó 15 reos heridos. Solo cuatro de ellos fueron trasladados a una casa de salud por la gravedad de las lesiones.
El director de ese centro penitenciario fue detenido el 20 de mayo al ingresar artículos prohibidos. La Fiscalía le formuló cargos.
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