El río Pumacunchi bordea la zona norte del Centro de Rehabilitación Social que opera en la provincia de Cotopaxi. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Es la cárcel más grande del país. Allí cumplen sus condenas 3 600 privados de libertad y trabajan 300 funcionarios. El extenso complejo, de 82 hectáreas, se ubica en el ingreso al cantón Saquisilí, al norte de Latacunga.
Mapas oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) señalan que esta es una zona de peligro de lahares del volcán Cotopaxi.
Eso significa que si se presenta una erupción, el Centro de Rehabilitación debe ser evacuado por completo.
El Ministerio de Justicia, encargado del sistema de rehabilitación, dice contar con un plan de contingencia. En una entrevista con este Diario Ledy Zúñiga, titular de esta Secretaría, asegura que en ese plan se consideran varias acciones.
Estas van, por ejemplo, desde la capacitación a todos los que están dentro de la edificación, así como la dotación de gafas, mascarilla y colirio, hasta la evacuación de 540 internos con discapacidad.
Ese movimiento, hacia otros centros del país, ocurrió el 5 de noviembre y se priorizó a las personas con discapacidad o con enfermedades que implican el uso de sueros o sondas.
El traslado de ese grupo de internos se realizó porque en caso de una emergencia requeriría atención especializada.
¿Habrá más evacuados? “Iremos ejecutando el plan de contingencia conforme se presenten cambios en las alertas del volcán. No podemos dar fechas ni plazos ni número de personas que podrían ser trasladadas en una siguiente fase por un tema de seguridad”, responde la Ministra.
La cárcel de Cotopaxi, levantada entre el 2012 y el 2014 y que costó USD 105 millones, se ubica cerca al río Pumacunchi.
Cuando se la construía, ¿se sabía que estaba en una zona de riesgo? César Navas, ministro de Seguridad, en entrevista con este Diario, del 3 de septiembre pasado, indicó que “la información que se tenía en ese momento no determinaba ese escenario, como sí lo hace ahora la Secretaría (de Riesgos)”.
En el 2004, ocho años antes de que se iniciara la construcción, los terrenos de la Brigada Patria, donde hoy funciona ese Centro de Rehabilitación, ya fueron identificados como zona de riesgo.
Ese mapa de peligros del volcán Cotopaxi fue elaborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Y sirvió de base para levantar el actual mapa de la SGR.
Este Diario tuvo acceso al informe de factibilidad del proyecto del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, elaborado en el 2011, durante la gestión de la entonces ministra de Justicia, Johana Pesántez. Ese estudio costó USD 608 979.
Allí se analizaron los suelos, temas ambientales, hidrosanitarios, eléctricos, etc. Pero en ninguna de las 57 páginas se mencionan riesgos naturales o volcánicos.
El pasado 11 de septiembre, la exministra Pesántez remitió un correo electrónico a este Diario y explicó que el Ministerio de Justicia contrató, en el 2011, los estudios para el diseño del Centro de Rehabilitación, pero para su edificación en la parroquia de Poaló, al oeste de Latacunga, y no en Saquisilí.
La exfuncionaria recuerda que el proyecto no se concretó en esa zona por las protestas de sus habitantes. No obstante, el Instituto de Contratación de Obras (ICO), que hoy se llama Servicio de Contratación de Obras, utilizó esos mismos estudios para edificar la cárcel en el terreno de los militares.
Cabe señalar, además, que el Decreto Ejecutivo 992, del 29 de diciembre del 2011, disponía al ICO “completar y actualizar los análisis técnicos” de todos los proyectos pendientes.
Ahora, esa institución dice que “quien conoce los detalles (sobre los riesgos volcánicos) es el Ministerio de Justicia”.
Pesántez señala que “más allá de qué entidad fue la responsable, “la construcción del centro contaba con todos los estudios técnicos necesarios…”.
La actual Ministra asegura que la edificación cuenta con “todos los permisos y estudios previos”. Y que para un fenómeno volcánico o de El Niño (especialmente en la Costa), el Sistema de Rehabilitación dispone de USD 4 millones.
La idea es mitigar las afectaciones que pudieran sufrir los centros penitenciarios del país. “Contamos con recursos económicos y logísticos para garantizar la seguridad de los privados de libertad, de las visitas y de los funcionarios”.
En contexto
La construcción de la cárcel se inició el 11 de diciembre del 2012; la obra fue entregada 15 meses después, en el2014. El primer grupo de 351 presos en habitarla salió de las cárceles de Quito. Hoy, allí se hallan los privados de libertad de Tungurahua, Pichincha y Cotopaxi.