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Beneficios de prelibertad a favor de los presos tardan en otorgarse

Policías ingresaron a cárceles del país el sábado último como parte de una intervención para enfrentar la crisis. Foto: Snai

Decenas de documentos son parte de los requisitos para acceder a un beneficio legal que permite dejar la prisión antes de tiempo.

Quienes han cumplido el 60% de su pena en las cárceles, inician un proceso para obtener un nuevo régimen, conocido como semiabierto.

El objetivo es que el resto de la condena la cumplan afuera.

El trámite para conseguirlo es largo. Así lo advierte Marco Jurado, quien presentó 41 solicitudes desde el 2018. Desde entonces solo tres han tenido respuesta. Él es el director de Inccadi, una fundación que apoya con asesoría jurídica a privados de la libertad.

Durante el proceso para obtener prelibertades de reos, Jurado se ha encontrado con trabas. Por ejemplo, el año anterior, en medio de la pandemia, hubo expedientes completos que se extraviaron. “Presenté una acción de control y vigilancia para que se revisen las carpetas al interior de la cárcel de Cotopaxi”, comenta.

En otros casos no ha tenido respuestas, a pesar de que las solicitudes para el cambio de régimen las presentó hace más de 16 meses. No es un caso aislado. Un informe oficial, que maneja el Servicio de Rehabilitación Social, señala que se requerían USD 1,6 millones para procesar al menos 7 400 solicitudes de este tipo, que se encuentran represadas.

La apuesta inmediata del Gobierno, para hacer frente a la crisis penitenciaria, es otorgar la prelibertad a los presos que cumplan con los requisitos. Así lo indicó el director del Snai, Fausto Cobo. “No se trata de dar beneficios penitenciarios a peligrosos delincuentes relacionados a las drogas, a las mulas. Se trata de aquellos ciudadanos que han cumplido con su detención”. Hasta mayo de este año, 1 625 presos accedieron al beneficio, pero es una minoría.

Los datos oficiales señalan que la mayoría de personas que deja las cárceles lo hace tras cumplir toda la pena.

En el Gobierno se calcula que, al menos, 5 000 presos más cumplirían con el 60% de su condena y podrían postular al régimen semiabierto. Pero hay otros cinco requisitos que exige el Reglamento de Rehabilitación: no haber cometido faltas disciplinarias, no poseer más procesos pendientes, estar en mínima seguridad, presentar un informe psicológico favorable otorgado por la cárcel e inscribir el domicilio en el que vivirá y trabajará luego de salir de la prisión.

Ante la cantidad de trámites represados, Cobo indicó que se harán reformas al Reglamento y así buscarán agilizarlos.

Hoy, el proceso puede demorar años. Los presos inician todo con una solicitud dirigida al director del Centro de Rehabilitación. Luego, el oficio se envía a los departamentos Jurídico y de Diagnóstico, para armar una carpeta en la que se incluyen los certificados que indican si cumple los requisitos.

Todo pasa al Snai que revisa y avala el informe. Esta entidad regresa el trámite a la cárcel. Finalmente, el director de la prisión, con esos documentos, envía la carpeta a la unidad de garantías penitenciarias para que se notifique una fecha para la audiencia, en la que se sabrá si el preso sale bajo vigilancia del Estado.

Otra medida que buscará ejecutar el Gobierno es el indulto. El art. 74 del Coip establece esa figura legal. Allí se detalla que el Presidente puede favorecer a los internos con sentencia ejecutoriada y que hayan demostrado una buena conducta en las cárceles.

El penalista Mauricio Pacheco dice que esa “no es la mejor forma de bajar el hacinamiento”. Él considera que una mejor solución podría ser que “los jueces racionalicen la aplicación de la prisión preventiva” y que prioricen la utilización de otras medidas, como el uso de grillete electrónico o la presentación periódica.

En 2020 el entonces presidente Lenín Moreno solo pudo indultar a 66 personas que cumplían con los requisitos exigidos. Otros casos fueron descartados.

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