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Un presupuesto millonario para mejorar las cárceles de Ecuador

Policías en caballos y militares realizaron patrullajes ayer en los exteriores de la cárcel regional de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Las medidas para enfrentar la última crisis carcelaria fueron ensayadas en el pasado. El envío de policías y militares para ayudar en los controles de los recintos penitenciarios tras hechos violentos fue la estrategia del anterior gobierno luego de las masacres que se registraron entre el 2019 y el 2021.

El entonces presidente Lenín Moreno incluso utilizó la figura del estado de excepción en dos ocasiones para movilizar recursos técnicos y económicos a ese sector.

Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien trabaja en tema de prisiones, señaló que esas medidas no funcionaron.

De hecho, desde febrero, cuando se movilizaron nuevamente soldados y policías a las cárceles, continuaron las muertes violentas. La última masacre se registró el miércoles y dejó, hasta el momento, 22 muertos y 66 heridos. También permitió que cerca de 80 presos se fugaran.

Como parte de la respuesta del actual régimen, el primer mandatario, Guillermo Lasso, ordenó el jueves que los policías ayuden en el control de los cercos internos de las prisiones y que los militares se mantengan en el exterior.

También anunció la declaratoria de un estado de emergencia para contar con el financiamiento. El dinero, adelantó, podría venir del Gobierno o de préstamos internacionales.

Junto con estas medidas para hacer frente a la situación actual, Lasso también anunció una “reestructuración total” del sistema carcelario.

El jueves adelantó cuáles son los objetivos que persigue. Por ejemplo, habló de reducir la población carcelaria. Otra de las metas a las que apunta el Régimen es contratar más guías y mejorar sus condiciones laborales. “Son mal entrenados y mal pagados”, dijo.

El Jefe de Estado no ha dado mayores detalles sobre la declaratoria de emergencia, pero sí ha manifestado que se requiere mejorar sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos que garanticen la seguridad al interior de las cárceles y que impidan el ingreso de armas a los recintos.

Todo esto ya consta en el Plan del Sistema de Rehabilitación que fue diseñado en los últimos días del anterior gobierno por el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, la máxima autoridad en el sistema penitenciario del país.

El documento se diseñó luego de un mandato de la Corte Constitucional (CC) para diseñar una propuesta de política pública financiada, “que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación”.

Entre las 90 páginas de ese texto se pormenorizan las falencias del sistema y se esbozan posibles soluciones.

Por ejemplo, ahí se indica que se requiere una inversión directa para el Servicio de Rehabilitación Social de USD 6,9 millones. La mayor parte del dinero serviría para la contratación de más guías y la compra de equipamiento.

Los datos oficiales indican que se necesitan de al menos 2 261 agentes nuevos para poder controlar a una población penitenciaria que está cerca de los 40 000 presos, con un hacinamiento del 29,7%.

Otra parte de la inversión iría para procesar 7 400 expedientes de privados de la libertad que puedan acceder al régimen semiabierto o prelibertad, con el fin de cumplir el resto de su sentencia afuera de las cárceles. Más dinero se requiere para compra de cámaras de seguridad.

Pero ese no es todo el dinero que se necesita para cumplir con el Plan. Ahí se advierte que para mejorar todo el sistema de rehabilitación se necesitan al menos USD 18,5 millones.

Esos fondos son para implementar programas que permitan a los reos aprender oficios, tener mejores condiciones en alimentación y en las celdas, contar con atención médica, psicológica y psiquiátrica y ejecutar planes para su reinserción social y laboral luego de cumplir sus sentencias.

Así se evitarían nuevas masacres, es una de las conclusiones que arroja el plan.

Ayer, este Diario visitó los exteriores de la cárcel de Cotopaxi en donde murieron al menos 14 presos en los últimos hechos violentos.

Allí se observó a policías en los ingresos a la cárcel. Otros, en caballos, patrullaban el cerco externo con apoyo de militares. Uniformados impedían que familiares de los reos que buscaban información se acercaran a las puertas de acceso. Los parientes de los internos realizaron un plantón en las calles aledañas al centro carcelario desde las 10:00.

“El Estado es responsable”, decían. Ahí exigían más control para que no se repitan hechos de violencia y que se garantice la seguridad de los presos, además de garantías para que sus vidas no corran riesgo.

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