La entrega voluntaria de armas blancas y de fuego, que hicieron las personas privadas de la libertad (PPL) de tres cárceles del país, dan cuenta de que el suministro de esos objetos no ha cesado.
Ni las requisas realizadas tras los hechos violentos recientes lograron neutralizar el acopio. De ahí que esta nueva fase de pacificación en los presidios genera dudas.
Los privados de su libertad comenzaron a entregar sus armas desde finales de julio de 2022. Ahora ya son tres los centros carcelarios donde rige esta medida de desarme.
En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo, por ejemplo, se decomisaron 50 cuchillos, machetes y objetos cortopunzantes, un fusil, una pistola y 18 municiones, luego de la masacre ocurrida en julio.
Entonces, se anunció que se había despojado a los detenidos de pertrechos para que cesara la violencia, que ese mes se cobró la vida de 12 PPL. Sin embargo, 10 días después de esas aprehensiones, más armamento apareció.
Esta vez salió a la luz en el marco del proceso de pacificación carcelaria, que los mismos detenidos propusieron a las autoridades del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI).
En el penal de la provincia tsáchila, donde comenzó esta jornada, los PPL entregaron 49 cuchillos, 53 armas blancas artesanales, dos armas de fuego, 39 municiones de distinto calibre, seis celulares, ocho cargadores, tres baterías, entre otros. En la cárcel de Turi, en Cuenca, y en el centro de detención de Loja también fue entregado similar tipo de armamento de manera voluntaria.
¿De dónde salieron esas armas?
Demecio Molina, activista de derechos humanos, dice que el flujo de provisión es continuo gracias a redes logísticas que las mismas organizaciones delictivas mantienen con personas en el exterior.
No necesariamente usan los pasos regulares para ingresarlas, sino que se valen de tecnología y de técnicas para vulnerar las seguridades del perímetro externo de los recintos. El SNAI reconoció que se ha detectado el uso de drones para que esos envíos lleguen.
Jorge Flores, director subrogante de esta entidad, señaló que se trata de un perfeccionamiento de técnicas que incluyen los sobrevuelos con drones mediante los cuales se abastece no solo de armas, sino también de
droga y explosivos.
El uso de estos artefactos no es nuevo. En la Penitenciaría del Litoral ocurrió un ataque selectivo en contra de los detenidos en septiembre del año pasado.
Las autoridades indicaron en ese momento que un dron cargado con explosivos se empleó para atacar a cabecillas de bandas delictivas que cumplen penas en ese presidio de Guayas.
Ese año, unos 10 casos de sobrevuelos con esos aparatos fueron investigados en el contexto de la violencia en cárceles.
Para María Tinoco, ingeniera en Sistemas Tecnológicos, este método genera inquietudes, además que revela la capacidad financiera que tienen las organizaciones para costear la implementación de esta tecnología.
Explica que, si bien actualmente hay drones diseñados para cargar entre 1,76 y 100 libras de peso, en el país los aparatos de gama profesional tienen una capacidad de soporte (para transporte) mínimo. Así, por ejemplo, un minidron puede llevar hasta 77 gramos o 0,17 libras.
En condiciones de traslados de paquetes, la batería y la altura que alcanza el dispositivo se puede saturar y, en ese sentido, el aparato podría caer tras unos minutos de mantenerse en el aire.
“Es como un vuelo sin retorno o un desplome a mitad de camino. Un descenso brusco puede averiar el equipo con pérdidas totales”, asegura la experta.
Ensamble progresivo
Las indagaciones del SNAI revelan que, en el caso de armas, estas ingresan por partes a las cárceles. Luego, poco a poco, las ensamblan hasta que en un mes logran completar el proceso.
La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, que se creó para buscar mecanismos que logren bajar la violencia, anticipó en un informe del año pasado que en los presidios hay más armas que en épocas pasadas.
La delegación indicó que en la cárcel regional de Guayas hay un escáner de alta tecnología para detectar objetos prohibidos.
A pesar de su funcionamiento, allí se vulneran los controles por otros sitios. Se señaló a una red logística que opera por mar, ríos y zonas boscosas contiguas a las cárceles. Esta situación fue detectada en la Penitenciaría del Litoral.
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