Los procesos se iniciaron a principios de junio de 2022. Eran tres licitaciones para contratar los servicios de alimentación de las 36 cárceles que forman parte del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) del Ecuador.
La duración de los contratos era de dos años y el presupuesto asignado superaba los USD 56 millones. Además, en cada una de las contrataciones se invitó a participar a 7 380 empresas y proveedores de comida. Pese a todas estas condiciones, no hubo interesados.
Los tres procesos de contratación de los servicios de alimentación tuvieron que ser declarados desiertos por falta de oferentes. Conseguir proveedores en esta rama se ha convertido en un reto casi imposible para el SNAI.
De hecho, con estas fallidas contrataciones ya suman seis ocasiones en las que se tienen que declarar desiertos los procesos por la falta de interesados.
¿Por qué no hay ofertas para este servicio?
EL COMERCIO contactó a cinco empresas que fueron invitadas por el SNAI para los procesos. Según los representantes, existen tres factores que no hacen llamativo al servicio de comida del sistema carcelario.
El primero tiene que ver con el hacinamiento. Según una de las firmas, las cárceles del país mantienen un permanente grado de variación en su población penitenciaria. Eso hace que los costos de producción no tengan estabilidad y que la logística también pueda fallar. Esos cambios, al final, representan gastos que el SNAI no ha podido explicar en las ofertas.
Parte de estas interrogantes se pueden visualizar en el sistema del Servicio de Contratación Pública (Sercop). En las tres adjudicaciones, los pocos interesados realizaron hasta 200 preguntas para pedir aclaraciones sobre ciertos puntos de la convocatoria.
Por ejemplo, se pueden leer interrogantes como: ¿Qué pasa si aumenta el número de privados de libertad en los centros de rehabilitación? ¿Se otorgará un nuevo presupuesto?
La respuesta del SNAI fue que “el presupuesto referencial constituye el monto de recursos disponibles”. Para las empresas, esta respuesta no contesta la inquietud, sobre todo, si se tiene en cuenta que en el último año la población penitenciaria ha variado.
En enero del 2022 en el país existían 35 000 privados de libertad, mientras que en la última semana de julio sumaban 32 000.
Presupuesto y seguridad son otros factores
El segundo factor que desalienta a las empresas proveedoras es el presupuesto. Según las reglas estipuladas por el SNAI, el monto diario que tiene el Estado por las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) de un detenido es de USD 2,50. Eso significa que se cancela USD 0,83 por cada comida.
Pero los servicios de alimentación no solo se requieren para las cárceles, sino también para los centros de menores infractores. Para esas dependencias, el presupuesto diario es igualmente de USD 2,50. La diferencia radica que con ese valor se deben cubrir cinco comidas (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena). En otras palabras, para los jóvenes infractores se destina USD 0,50 por cada alimentación.
Los proveedores señalan que con esa inversión es imposible cumplir con los requisitos que exige el SNAI. Entre esos está que los detenidos deben alimentarse con carnes rojas, carnes blancas, mariscos, arroz, sopas, guarniciones y bebidas calientes y frías.
Según información del SNAI, el presupuesto asignado es referenciado a través de una resolución del Consejo Nacional de Rehabilitación. Esta normativa fue emitida en marzo del 2011. En ese sentido, los precios no se han modificado desde hace 11 años. Ese es el mismo periodo de tiempo en el que la empresa La Fattoria ha brindado el servicio de alimentación a las cárceles. Entre 2012 y 2017 esa empresa acumuló 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Hoy continúa dando el servicio.
Y el tercer factor que desanima a los oferentes es la seguridad. Las continuas masacres en el sistema de rehabilitación han ahuyentado a las empresas proveedores. El SNAI ha señalado que en ningún amotinamiento se ha registrado un servidor de alimentación herido o asesinado.
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