Desde el 2007, en las cortes fueron declaradas inocentes 3 312 personas. Estuvieron enjuiciadas por tenencia y consumo de drogas, robo, violencia intrafamiliar, entre otros 947 delitos, según un informe entregado a este Diario por la Defensoría Pública. En este período atendieron 243 986 casos penales, es decir que el porcentaje de inocentes representa 1,3%.
Los años de encierro carcelario dejaron su huella indeleble. Luis Casa, de 29 años, resume con una palabra esa época de su vida: sufrimiento.
Casa y sus amigos, Luis Fernando Toaquiza y Marco Casa, estuvieron presos más de cuatro años en Latacunga, pagando una condena por un crimen que nunca cometieron.
Fueron detenidos el sábado 10 de febrero del 2007, mientras se dirigían a sus domicilios en el barrio Pilacota, un sector humilde de la parroquia Guaytacama. Con ellos también estaba el adolescente Sergio Ch., entonces de 15 años.
Tres policías los detuvieron por una sospecha: los acusaban de ser los autores de la violación de una joven de 21 años, ocurrida la noche anterior.
Ese mediodía ellos almorzaron en un restaurante, donde también se encontraba la mujer abusada, junto a su esposo. Los cuatro amigos, compañeros desde las aulas escolares, bromeaban. Sus risas les parecieron sospechosas a los esposos, que abandonaron el local y le pidieron a un policía que los detuviera. Horas más tarde fueron trasladados a los calabozos de la Policía Judicial. “Nos golpearon, incluso nos pusieron una funda y nos asfixiaban, nos insultaban…”, recuerda Luis, de tez morena, pequeño de estatura. En su informe los policías aseguraron: “A los aprehendidos se les hizo conocer sus derechos; fueron trasladados a los calabozos del CDP, sin huellas de maltrato físico ni hematomas visibles”.
El fiscal validó el parte y abrió la instrucción presentada en el Juzgado Primero de lo Penal, que ratificó su prisión.
Durante el juicio, a más de las versiones y otras diligencias, se practicaron dos exámenes de ADN, en base a las muestras tomadas a los implicados y a la víctima. Mientras el primer análisis no fue concluyente, un segundo estudio, practicado en el Hospital Metropolitano, estableció: “Se detecta un perfil genético dominante que no pertenece a ninguno de los imputados en el proceso”.
El juez Primero no tomó en cuenta el resultado del examen científico y llamó a juicio a los acusados. Y el 23 de octubre del 2007 el Tribunal Penal de Cotopaxi los sentenció a 12 años de reclusión por violación.
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Para su defensa Casa y sus amigos contrataron abogados privados, cuyos honorarios cubrieron sus familiares, contrayendo deudas o vendiendo los pocos bienes que tenían. “Yo perdí mi trabajo. Mis padres que son del campo vendieron unos animalitos y un terreno”.
Tres años después, la defensora pública Lola Montoya asumió el patrocinio y presentó un recurso extraordinario de revisión en la Corte Nacional.
En agosto del 2011, la Primera Sala de lo Penal ratificó el estado de inocencia de los involucrados y ordenó su excarcelación, con base en un tercer examen genético, practicado por una perito de la Fiscalía que ratificó la incompatibilidad.
Este no es el único caso. Desde el 2007, en las cortes fueron declaradas inocentes 3 312 personas. Estuvieron enjuiciadas por tenencia y consumo de drogas, robo, violencia intrafamiliar, entre otros 947 delitos, según un informe entregado a este Diario por la Defensoría Pública. En este período atendieron 243 986 casos penales, es decir que el porcentaje de inocentes representa 1,3% .
Aunque la Defensoría estima que la mayoría estuvo presa (por el tipo delictivo), no ha podido establecer el tiempo que los sindicados permanecieron encarcelados. Tampoco ha precisado cuántos recibieron medidas sustitutivas (arresto domiciliario, prohibición de salir del país…). “Los datos son de nuestros usuarios, en general gente pobre”, dice Julio Ballesteros, asesor de la Defensoría.
La declaratoria de inocencia fue posible gracias a la intervención de los defensores en los procesos, que ha tenido mayor incidencia los seis últimos años. En el país hay 785 defensores. El presupuesto de la entidad, el año pasado, llegó a USD 30 millones.
El crecimiento de la institución ha tenido un apoyo político directo del Gobierno, sobre todo a partir del 2010, reconoce Jorge Paladines, asesor penal de la Defensoría. Esto ha permitido detectar estos “errores judiciales” y equilibrar los litigios penales, donde aún tienen un gran peso los fiscales.
Este balance también ha reducido la impunidad en los delitos, que antes era significativa, junto con las medidas para evitar las audiencias fallidas, según ha destacado el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Esto se evidencia en la agilidad del despacho. En el 2013 ingresaron a la Función Judicial 243 000 causas penales y contravenciones. Luego de un análisis a una muestra de los casos resueltos, la Judicatura determinó que el 1,4% corresponde a juicios declarados nulos, mientras que el 98,5% a casos resueltos.
Los defensores públicos detectan errores persistentes, sobre todo en el abuso de la prisión preventiva en casos de drogas, dice Andrés Sánchez, coordinador de la regional norte. No obstante, un fiscal y un juez penal consultados, que pidieron no ser citados, aseguraron que sus decisiones se amparan en la Ley de Drogas.
En la mayoría de casos de las personas declaradas inocentes hay un patrón: el parte policial y las versiones son determinantes, no las pruebas materiales y científicas. Muchas causas se inician por sospecha simple.
Es usual, por ejemplo, la criminalización del consumo. El 30 de noviembre del 2008 fueron detenidos Ernesto M. y Jéssica Ch., por “llevar ropa llamativa”. Luego, un juez de Cotopaxi ordenó su detención preventiva por tenencia de 11 gramos de cocaína y 2 gramos de marihuana. Aunque, en el juicio un examen confirmó que él era adicto a la cocaína y, por lo tanto, no podía ser encarcelado sino conducido a un centro de tratamiento, fue condenado a ocho años de prisión.
El error fue enmendado por los mismos jueces. La Corte Nacional declaró su inocencia y llamó la atención a los judiciales, que no motivaron su condena. Por la equivocación, Ernesto pasó 784 días preso, hasta febrero del 2011.
Por estas violaciones al debido proceso y abusos en la prisión preventiva, desde hace un par de décadas, el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de DD.HH. a indemnizar a los afectados. Son ejemplares los casos Tibi, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez y Suárez Rosero .
Aunque Luis Casa consiguió un empleo en la Defensoría, donde es el responsable de la limpieza, impulsa una demanda de reparación en contra del Estado para cubrir los gastos de sus padres. Lo que no podrá recuperar es el tiempo que pasó encerrado por una sospecha…
En contexto
La Defensoría Pública asiste legalmente a las personas de escasos recursos económicos. Desde el 2007 tiene el apoyo político y financiero del Gobierno para fortalecer su papel. Detectó un abuso en la prisión preventiva.
- 243 002 causas ingresaron a la Función Judicial el último año.
- 167 675 procesos fueron resueltos por los jueces en ese período.
- 1 600 expedientes fueron declarados nulos en este lapso.
