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Sectores productivos de EE.UU. piden solo 6 meses para el Atpdea con Ecuador

Olga Imbaquingo, corresponsal en Nueva York

Hay que esperar si La Haya considera que el arbitraje pedido por Chrevron-Texaco tiene asidero. Mientras tanto, la trasnacional no se duerme y  extiende su campaña contra Ecuador en el Congreso de EE.UU.

El 22 de septiembre, durante las sesiones de argumentación sobre las preferencias arancelarias, a través de una carta enviada al Congreso estadounidense expuso las razones por las que Ecuador no se merece una ampliación de las preferencias.

Argumentó es que el gran beneficiario de esas preferencias es el petróleo. Según sus cálculos el 94% de las exportaciones, son solo de crudo, por lo tanto y ante la “conducta impropia” del Gobierno ecuatoriano pide que las preferencias no beneficien a Petroecuador sino solo se limiten a los agricultores y manufactureros privados. Dicho de otra manera: quiere que se castiguen a las exportaciones de crudo.

Este ocho de octubre dentro de la misma política de Chevron-Texaco, seis poderosas organizaciones de negocios enviaron una carta. Urgen extender las preferencias para Perú y Colombia a partir del 31 de diciembre.

Las preferencias, argumentan los firmantes, “han producido importantes oportunidades y diversificación económica y una fuerte relación entre EE.UU., Perú y Colombia”.

Una vez dejada atrás la campaña política que puso a los tratados de libre comercio (TLC) como uno de los culpables de la destrucción del empleo estadounidense, los sectores que firman ésta carta piden al Congreso que “este año se apruebe el TLC para Colombia”.

En el mismo tono que Chevron-Texaco plantea oposición a las preferencias para Ecuador, Emergency Committee for American Trade y Business Roundtable, exponen sus “serias preocupaciones por la continuo deterioro de la ley en Ecuador y Bolivia”.

A esta percepción se unen otros firmantes como la Asociación Nacional de Manufactureros, El Consejo Nacional de Comercio Extranjero, El Consejo de EE.UU. para Negocios Internacionales y la Cámara de Comercio de EE.UU., quienes agregan que los reportes presidencial al Congreso y del Departamento de Estado hacen énfasis en varios asuntos serios sobre el clima de inversiones en los dos países.

“Insistimos al Congreso no premiar a estos países con la renovación de las preferencias y si lo llega hacer, pedimos que éstas sean solo por un período no más allá de seis meses”, dice la misiva enviada a varios congresistas, entre ellos a Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios; y, al senador Charles Grassley, uno de los más tenaces opositores de las preferencias para Ecuador.

La carta pide que los beneficios de las preferencias para Ecuador solo sean para los productos privados. En otras palabras: no para las exportaciones manejadas por el Estado, en este caso se busca castigar a las exportaciones de petróleo.

Ecuador, a través del embajador Luis Gallegos, en esa sesión de argumentos, defendió las preferencias, porque genera nuevas industrias y empleo. “Hay un ánimo de éstos sectores de poner al Congreso en contra de Ecuador, cuando quieren condicionar las preferencias. Quiénes se oponen son sectores políticamente orientados pero también el sector privado”, dijo Gallegos, para quien será una batalla cuesta arriba conseguir la ampliación.

La estrategia ecuatoriana que nos ha venido dando éxito, según Gallegos, es explicar que “las diferencias que existen entre Ecuador y empresas externas están bajo el imperio de la ley. Nuestra reacción es la de neutralizar estos ataques para que no afecten la relación binacional y se respete la soberanía ecuatoriana”.

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