María Paula Romo, ministra de Gobierno, mantuvo una entrevista con EL COMERCIO la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019. En ella, se refirió a varios temas relacionados con la jornada de protestas de octubre de 2019. Foto: Archivo EL COMERCIO
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la paralización del diálogo entre la Conaie y el gobierno ecuatoriano, después de la jornada de protestas contra el Decreto 883, en octubre de 2019. Lo hizo durante una entrevista con EL COMERCIO la mañana de este miércoles 13 de noviembre.
“El diálogo para buscar resultados siempre ha estado en el Gobierno y va a seguir. En estas últimas semanas, hemos descubierto no solamente que los necesitamos, sino profundizar el acuerdo entre sectores, no solo de un sector con el Gobierno. En esa línea vamos a continuar”, aseguró la Ministra.
En este sentido, Romo considera que “dialogar es respetar a la otra parte y considerarla. Cada vez que tienen ocasión, los dirigentes de la Conaie se expresan de manera violenta, amenazante con respecto al Gobierno. Hay que tener una predisposición para dialogar. Nosotros no la vemos”.
“Uno de los compromisos a los que había llegado la Conaie era trabajar en un decreto sustitutivo. Es un compromiso que no ha cumplido, que no cumplió y que no creo que haya voluntad de cumplir. Porque ahora dicen que hay una larga lista de requisitos antes de dialogar sobre esto”, agregó.
Con respecto a la jornada de movilizaciones, Romo dijo que “por un lado hubo violencia organizada, hubo una intentona golpista, un intento de desestabilización. También hubo una parte de estos 11 días que fue la expresión de un descontento político, de un malestar en la población. Es importante separar ambas cosas. Para esa parte de la población la respuesta tiene que ser la política pública“.
“Pero hay otra parte que tiene que ver con el delito, con violencia organizada. En este escenario complejo, una de nuestras preocupaciones es qué tanta participación internacional hay en estos intentos de desestabilización. Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela) lo dijo en esos días y lo ha seguido diciendo: que hay una brisa bolivariana. Hay una serie de temas que se han explorado”, agregó.
Sobre los procesos penales iniciados a raíz de actos de violencia que se suscitaron en esos 11 días, la Ministra aseguró que “en algunas ocasiones, el Ministerio de Gobierno puso denuncias particulares. Otros son casos donde la Fiscalía inicia un proceso de oficio o ya sea porque se produce una detención y en esta se presume el cometimiento de un delito“.
“El Ministerio puso denuncias en los casos de secuestros. Como parte del procedimineto normal frente a un secuestro, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional planteamos denuncias. Así la Unase (Unidad Anti Secuestros y Extorsión) le sugeriría proceder a cualquier persona en caso de enfrentarse a un secuestro. Pero también lo que hacíamos era darle legalidad a una posible intervención“.
Romo además aseguró que “de 1 200, 1 300 detenidos, 300 están procesados. Eso quiere decir que la mayoría fueron contravenciones o que las detenciones no llegaron a convertirse en un proceso penal”.
“El comportamiento que la Policía escogió fue evitar al máximo confrontaciones”, aseveró la Ministra, con respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se registraron durante la jornada y en días posteriores. “Mientras no estaba en riesgo la vida de nuestros policías, no había una incursión a ningún lugar. No es cierto que después de que el Presidente invita a un diálogo, al día siguiente estamos poniendo denuncias. Cada denuncia se planteó en el momento en que los secuestros se dieron”.
Ante la cifra de 11 muertos durante la jornada de manifestaciones que la Defensoría del Pueblo ha hecho pública, Romo dijo que “puede haber todo tipo de causas. La pregunta es si alguna de esas muertes, siempre lamentables, es atribuible a un uso no apropiado de la fuerza. Hay personas que murieron en accidentes de tránsito o que murieron impactados por un vehículo particular. Eso no se le puede atribuir al Estado”.
“Hay dos casos que están siendo investigados por estar relacionados al uso de la fuerza”, ahondó la Ministra. “El siguiente paso es investigar si esa fuerza se usó de manera apropiada o no, siguiendo o no los protocolos que debe seguir la Policía. La Policía está facultada para usar la fuerza y lo que hizo fue usarla para mantener el orden y repeler ataques. Lo que viene a continuación es hacer un análisis imparcial de si el uso fue apropiado o no”.
Ante las denuncias de familiares de víctimas que aseguran no haber recibido las autopsias respectivas, Romo manifestó que “nunca es suficiente la explicación que se le dé a un familiar y el dolor por su pérdida. No importan los documentos que existan. Por eso nunca voy a entrar a una discusión con un familiar”.
“Para todos los familiares de cualquier persona que ha sido afectada, nuestra solidaridad, por supuesto. Desde el punto de vista del Estado, la mayor atención posible para que los temas de salud o la pérdida de un ser querido pueda de alguna manera… Nada repara eso, pero que de alguna manera el Gobierno pueda apoyar a esas familias, desde un punto de vista humano. Desde el punto de vista de las investigaciones, todas son públicas aunque estoy segura que no todas las investigaciones van a satisfacer a quienes ahí quieren encontrar un motivo de responsabilidad estatal“, agregó.
Frente a los dos juicios políticos en su contra que el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL) de la Asamblea Nacional tramita actualmente, la Ministra aseguró: “Hoy más que nunca estoy interesada en ir a la Asamblea y poder comentarle al país todo lo que ha sucedido y cuál ha sido mi labor y la labor de la Policía Nacional. Confío firmemente en que la Policía Nacional ha hecho un trabajo que fue indispensable para mantener la estabilidad y el Estado de Derecho. Si la Asamblea quiere explicaciones, eso es normal en democracia, y voy a ir y voy a dárselas”.