22 de febrero de 2019 00:05

Cambios laborales y tributarios son parte del acuerdo con multilaterales

El ministro Richard Martínez (c) y Alejandro Werner, representante del FMI para el Hemisferio Occidental (der.), en rueda de prensa realizada ayer.

El ministro Richard Martínez (centro) y Alejandro Werner, representante del FMI para el Hemisferio Occidental (der.), en rueda de prensa realizada el pasado jueves 21 de febrero de 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Negocios
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Los USD 10 279 millones del préstamo que espera recibir el Gobierno como parte del acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se desembolsarán a lo largo de tres años (ver gráfico).

El acuerdo, que se conoce como SAF, fue aprobado por el equipo técnico del multilateral y anunciado el miércoles por el Presidente de la República.

El siguiente paso es que el Directorio Ejecutivo del FMI lo apruebe. “Se espera que el acuerdo a nivel técnico se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración en las próximas semanas”, dijo el pasado jueves 21 de febrero de 2019 el ente en un comunicado.

Con la aprobación del Directorio, el país comenzaría a recibir los recursos en marzo próximo, siempre que cumpla con las metas económicas establecidas en una carta de intención, que es parte del proceso para obtener los recursos del multilateral.

El jueves, en el Palacio de Carondelet, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que todavía no podía dar detalles de las medidas específicas en las que trabajará el Gobierno como parte del acuerdo.

Sin embargo, anticipó que se necesitarán cambios en tres áreas: laboral, tributaria y fortalecimiento de reservas. Las medidas son parte del Plan Prosperidad, que se ejecuta desde el 2018.

Fuente: Ministerio de Finanzas


El programa económico recibió ayer el respaldo de siete organismos multilaterales que han comprometido su apoyo financiero. Como muestra de ese soporte, varios de sus representantes estuvieron presentes en la explicación del Ministro, en Carondelet. Los funcionarios internacionales destacaron las metas sociales planteadas por el Gobierno.

El Plan Prosperidad del Gobierno, precisó Martínez, tiene cuatro pilares: impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización, y mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción.

De todo el financiamiento comprometido, el FMI aportará con USD 4 209 millones y el resto provendrá de seis entes internacionales (ver gráfico).

Alejandro Werner, representante del FMI para el Hemisferio Occidental, destacó que el acuerdo aporta tranquilidad financiera, para que el país pueda implementar los programas sociales y de combate a la pobreza, sin que corran el riesgo de quedar paralizados por la volatilidad de los mercados internacionales, lo que podría encarecer el crédito para el Ecuador en el futuro.

Añadió que el préstamo otorga certidumbre al país, pues en los próximos tres años Ecuador no va a requerir ir a los mercados internacionales por financiamiento. En enero pasado, el Gobierno emitió papeles en el extranjero con una tasa costosa: 10,75%.

Anna Ivanova, jefa de la misión técnica del FMI, mencionó que el programa es importante porque plantea el aumento del gasto en asistencia social y fortalece la focalización de este tipo de ayudas.

El titular de Finanzas precisó que el 65,6% de los recursos que recibirá el país será de libre disponibilidad y el resto estará atado a proyectos.

Estos recursos permitirán un manejo de caja y de liquidez más eficiente y proactivo, precisó. Con más liquidez producto del acuerdo, el Gobierno espera priorizar el pago de atrasos a proveedores, gobiernos locales y juntas parroquiales.

Por la falta de liquidez que venía atravesando el país desde el año pasado, el Gobierno incurrió en atrasos que llegaron a USD 1 000 millones en el 2018. Este año todavía hay USD 400 millones pendientes.

“Vamos a limpiar los atrasos con las empresas pequeñas, los artesanos, vamos a regularizar los pagos del IVA” con gobiernos locales, dijo.

Los proveedores del área de la salud y la educación serán prioridad, añadió.

Además, Martínez mencionó que habrá cambios en materia tributaria para alcanzar mayor eficiencia y, con ello, un aumento en la recaudación.

En este aspecto se esbozan dos estrategias. Una es simplificar el esquema tributario para que más personas se formalicen y declaren sus impuestos.
Otra opción es revisar las exenciones tributarias. “Ocuparnos del gasto tributario que beneficia a los que más tienen y que no deberían recibir un beneficio en términos de progresividad”, mencionó.

De acuerdo con Santiago Caviedes, viceministro de Economía, la meta es subir la recaudación tributaria en 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el año 2021.

El funcionario precisó que mediante la revisión de las exenciones tributarias la recaudación podría crecer en USD 2 500 millones.

En el tema laboral, Martínez señaló que se necesitan reformas para que las empresas pequeñas tengan más facilidades para contratar, para reducir la informalidad laboral y para adoptar otras modalidades de trabajo, como el teletrabajo.

Sobre este tipo de contratación, el Ministro consideró que se buscará que se adapten a las necesidades de la población joven (por ejemplo estudiantes) o madres de familia con niños pequeños, y que garanticen sus derechos.

Con el plan fiscal que se implementará este año, el Gobierno prevé mantener las reservas internacionales en USD 3 800 millones y en el futuro, llegar a los 4 800 millones, mencionó Caviedes.

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