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Las reformas judiciales motivan debates por la inseguridad actual

Redacción Guayaquil
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El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, culpa a las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal de ser las responsables del incremento de la inseguridad en la ciudad y en el país.

Se refiere a la derogación de la detención en firme y   especialmente al incremento de los valores de los robos para ser considerados como delitos, pasaron de  USD 4  a USD 654.

La normativa
La figura de la  detención en firme fue derogada en septiembre de 2006 por el entonces Tribunal Constitucional (TC), debido a las denuncias de excesos en su aplicación. Era utilizada para garantizar la presencia de los detenidos en las audiencias.
La últimas reformas  al Código de Procedimiento Penal fueron auspiciadas por el bloque gobiernista de Alianza País.
  Los jueces están  convencidos que el nuevo Código Orgánico de Garantías Penales que promueve el Ministerio de Justicia será la solución para agilizar y modernizar el sistema de justicia del país. Pero dicen que también  debe incrementarse el personal judicial.

La normativa indica que los casos que estén por debajo de ese monto son considerados contravenciones y deben ser  denunciadas en las comisarías nacionales. La sanción para los   delincuentes es  la prisión de entre 5 y 7 días   y una multa de USD 14 a USD 28.

“Es una burla la cantidad de veces que se detienen delincuentes y son puestos en libertad con enorme rapidez, amparados en un marco legal perverso, que ayuda al delincuente y no a la víctima. En mi concepto, eso debe de ser derogado”, manifestó Nebot en la sesión del Concejo Cantonal del jueves,  donde pidió la militarización de la ciudad.

La asambleísta por  el movimiento Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, coincide con él. “Esas son parte de las acciones que Rafael Correa emprendió a favor de la delincuencia y que ahora no sabe cómo parar, no sabe qué hacer para combatirla. Solamente teniendo a los militares durante el resto de su período en las calles, lo va a lograr porque de lo contrario seguirá…”, dijo.

Incluso, ayer los asambleístas de la lista 6-Madera de Guerrero ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que, el miércoles, presentarán dos resoluciones. La primera busca que se exija el pasado judicial a los extranjeros que deseen ingresar al país y, la segunda, que se anulen las cédulas de identidad falsas. Según Viteri, pudieran ser unos 500 000 documentos los que circulan.

El asambleísta Andrés Roche dijo que esperan que la medida tenga acogida en el Pleno y sea implementada por el Ejecutivo.

Los operadores de justicia creen todo lo contrario. “El incremento de la delincuencia se debe a otros factores: la pobreza, falta de empleo, adicción…”, dijo Jorge Guzmán, juez séptimo de Garantías Penales y director de la Cámara de Jueces de la Provincia del Guayas.

Él agregó que las reformas han permitido ampliar los derechos de las personas, entre ellos, de los detenidos. “Uno de esos derechos fundamentales es la libertad y el derecho a la vida…”.
 Rafael Guerra, comisario quinto de Policía, aseguró que los niveles de denuncias no han crecido con las reformas. Se mantienen en un promedio de 300 diarias. La mayoría es por pérdida de documentos, seguidas de robos de documentos, dinero y celulares.
Igual ocurre en la Comisaría Sexta. “Cuando estaba en USD 4 la gente no denunciaba y con 654 tampoco lo hacen. Solo cuando se trata de reportar el robo de propiedades ajenas, como de la empresa en la que laboran, sí lo hacen, pero propias, no”.
Guerra también explicó que ahora los comisarios y los jueces tienen   más medidas alternativas antes de aplicar la prisión preventiva a los detenidos. “Antes, teníamos la prisión preventiva como prioritaria y hablábamos de la sobrepoblación carcelaria”.

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