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CIDH se pronuncia por recorte a universidades en Ecuador

Frente al recorte presupuestario, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas continúan con acciones de rechazo

Frente al recorte presupuestario, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas continúan con acciones de rechazo

Frente al recorte presupuestario, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas continúan con acciones de rechazo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el recorte de más de USD 98 millones a 32 universidades y escuelas politécnicas públicas, en el marco de la emergencia nacional por el covid-19, en Ecuador.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que esta decisión podría tener repercusiones desde un enfoque de derechos humanos.

En la publicación hecha este lunes 11 de mayo del 2020 en la cuenta oficial de la CIDH se lee que “La CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresan profunda preocupación por la decisión del Estado sobre reducir significativamente el presupuesto de las instituciones de educación superior y las repercusiones que podrían tener desde un enfoque de derechos humanos”.

Los organismos precisaron que “advierten consecuencias negativas de dicha decisión, en cuanto al acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador; y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector”.

La publicación también dice que “reconociendo la difícil situación que el país enfrenta a causa del covid-19”, la CIDH y Redesca llaman a las autoridades a que en el proceso de toma de medidas de austeridad en temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se asegure la participación e información a sectores afectados.

Además, los organismos pidieron que los ajustes presupuestarios se basen en análisis de impacto sobre derechos humanos, considerando las obligaciones en la materia que le imponen la Convención Americana y su Protocolo San Salvador.

Por último recordaron que en cumplimiento de la obligación de desarrollo progresivo y no regresividad, medidas de austeridad que afecten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser proporcionadas, adecuadamente consultadas y transparentes.

Frente al recorte presupuestario, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas continúan con acciones de rechazo. Este lunes 11 de mayo del 2020 se realizó por segunda vez un plantón en la Universidad Central, pese a que en todo el país rigen estricciones a la movilidad y están prohibidas las concentraciones de personas para evitar la propagación del virus.

Estudiantes dijeron este lunes que responsabilizan al Gobierno de la salud de los manifestantes, ya que se sienten obligados a exponerse para salir a protestar. Y llamaron a la movilización y a seguir saliendo a las calles.

El especialista en economía de la educación y director de la Flacso, Juan Ponce, dijo que la reducción de presupuesto para la educación superior es sistemática. En los años 2018 y 2019 –asegura– ya se dieron recortes y –además– hubo uno de USD 90 millones en enero del 2020, lo que implica USD 180 millones menos para la educación superior en lo que va de este año.

“Es mentira que se está priorizando el desarrollo de capacidades humanas”, dijo Ponce. Y añadió que el prejuicio a la educación superior supera los USD 300 millones durante este Gobierno.

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