El exmandatario tiene en su contra una orden de prisión preventiva. Foto: archivo EL COMERCIO
La denuncia por el plagio de Fernando Balda no es el único proceso que pesa contra el expresidente Rafael Correa. Los archivos judiciales muestran que desde el 2007 se han interpuesto 17 quejas contra del exmandatario, por 10 delitos.
Allí aparecen delitos como injurias, daño moral, lesa humanidad, tráfico de influencias, injerencia judicial, odio, peculado, delincuencia organizada y una indagación por un supuesto aporte a las FARC.
El Código Penal (art. 278) señala un castigo con prisión por hasta 13 años para peculado. Desde febrero, esa figura no prescribe. Con los delitos de lesa humanidad ocurre lo mismo (art. 80-Constitución).
El capitán (r) Edwin Ortega debió afrontar 21 procesos legales durante el anterior Gobierno. El militar habla de su caso y de una demanda contra Rafael Correa.
Ninguna de las denuncias ha prosperado. La causa más avanzada es sobre el secuestro de Balda. Se contempla una reclusión de hasta siete años.
El 13 de septiembre pasado, Cléver Jiménez presentó una denuncia por injerencia en la justicia. Se basó en 119 páginas, que un mes antes se habían filtrado con 44 e-mails, que demostrarían que Correa aparentemente habría decidido sobre 17 juicios. El exasambleísta afirma que Correa debe pagar por todos los delitos.
El ex MPD también denunció a Correa por aquellos correos. “No lo hicimos antes porque no valía la pena; estábamos conscientes de que la justicia respondía al Gobierno”, señala el director de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana.
Ayer, 7 de julio del 2018, el capitán (r) Edwin Ortega recordó que en noviembre presentó una queja por delito de odio, castigado con cárcel de uno a tres años. “Cuando se trianguló la persecución en contra del capitán Ortega, la orden fue dada desde Carondelet. Tengo 21 procesos en mi contra”. Su caso comenzó en septiembre del 2016.
Cuando era militar activo le escribió a Correa y pidió que respetara a las FF.AA. y que termine la corrupción. Frente a todo lo ocurrido, se jubiló el 21 de diciembre pasado y ahora se dedica a defenderse.
El exjefe de Estado ha indicado que es perseguido. Su abogado, Caupolicán Ochoa, declaró lo mismo a este Diario. “En el caso de Balda es un complot político para sacarlo de la vida pública. Los otros casos no conozco, pues deben estar en indagación previa o solamente deben ser denuncias presentadas”.
Mientras estaba en el poder, el exjefe de Estado ganó todos los juicios. El primero que perdió fue contra el periodista Martín Pallares, cuando ya había dejado la Presidencia.
Carlos Figueroa fue detenido por una denuncia planteada por el exjefe de Estado en su contra y también de Fernando Villavicencio y de Cléver Jiménez, por injurias.
EL COMERCIO habló con Figueroa. Aún recuerda ese 22 de julio del 2014, cuando fue capturado mientras visitaba a su madre, que estaba enferma de cáncer. Ella murió cuando estaba encarcelado. “Su enfermedad se aceleró por el sufrimiento que esto le causó”.
Salió libre el 18 de enero del 2015 y cuenta que antes fue perseguido. En el 2008 le robaron su auto y luego apareció quemado. “Un delincuente no roba un auto para quemarlo”.
El proceso judicial hizo que perdiera su trabajo como profesor en la Universidad Central y ahora debe desarrollar su actividad médica únicamente en el ámbito privado.
Gerardo Portillo, quien fue parte de la veeduría que analizó los contratos entre Fabricio Correa y el Estado, también estuvo en prisión y en su caso fueron 101 días. En la cárcel vio peleas de pandillas y disputas de los detenidos por drogas.
En diciembre del 2017 fue indultado por el presidente Lenín Moreno. Ahora está dedicado a su trabajo. Pero antes de que sea capturado le fue difícil hallar empleo. “Cada vez que iba a buscar algún empleo y se enteraban de que tenía una demanda del expresidente me cerraban las puertas y me decían que no querían tener problemas con el Gobierno”.
Con relación a los contratos de Fabricio Correa fueron condenados los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Cada uno debía pagar USD 1 millón por daño moral.
Calderón recordó que estaba en su trabajo, en la desaparecida Revista Vanguardia, cuando recibió la sentencia. Lo primero que hizo fue llamar a su esposa y luego a su abogado, Ramiro Aguilar, para saber cómo se podía resolver el tema.
Los comunicadores fueron perdonados y no pagaron. El Banco Pichincha, en cambio, sí canceló USD 600 000 por daño moral. Pero el exmandatario además demandó a EL UNIVERSO, causa en la que decidió perdonar.
En contexto
El 18 de junio, la jueza Daniella Camacho vinculó al expresidente Rafael Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá-Colombia, en agosto del 2012. La Fiscalía lo acusa como presunto autor de plagio.