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Rutas y frecuencias dividen a transportistas urbanos de Quito

Jorge Yánez, presidente de Unitrans Q y Pablo Lima, gerente de la Cía Guadalajara. Fotos: archivo / EL COMERCIO y Julio Estrella

La actual administración de Quito aún no ha decidido formalmente qué pasará con el concurso de rutas y frecuencias de buses que se inició en la época de cuando Jorge Yunda era Alcalde. En su primera fase, 107 recorridos fueron adjudicados y el proceso dividió a los transportistas.  

La Secretaría de Movilidad, que está a cargo del proceso, indicó a EL COMERCIO que “para las próximas semanas se contempla la conformación de mesas de trabajo técnicas y jurídicas con los representantes del transporte para analizar la situación actual del proceso” de la concesión. 

La reestructuración de las rutas y frecuencias del transporte está contemplada en la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte, que fue aprobada en diciembre de 2020. Los objetivos eran ampliar la cobertura de transporte y alimentar la demanda del Metro.  

Desde entonces hasta hoy, se han conformado dos grupos con visiones opuestas sobre el concurso. Por un lado están las cooperativas, a las cuales ya les adjudicaron las rutas.

Pablo Lima, gerente de la Compañía de Transporte Guadalajara, menciona que el Municipio se “dispararía en el pie” si lo anula.
  
En la otra parte están quienes decidieron no participar. Su representación recae, principalmente, en la Unión de Operadoras de Transporte de Quito (Unitrans Q) con Jorge Yánez a la cabeza. El dirigente pide que el Concejo Metropolitano declare nulo el concurso.  

Omar Cevallos, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, reconoce que hay cuestionamientos.  

El 15 de septiembre del 2021, la Comisión pidió que se remitiera un oficio al Procurador Metropolitano sobre la legalidad del ­proceso. Los ediles aún esperan ese pronunciamiento.

‘El Concejo debe declarar nulo el concurso; estuvo dirigido’

Jorge Yánez / Presidente de Unitrans Q

Mientras no se solucione el problema que dejó la anterior administración, definitivamente ni siquiera el Metro de Quito podrá operar porque el transporte en superficie no está en condiciones para inyectar usuarios.

Es necesario que el Concejo declare nulo el concurso que se hizo, porque fue dirigido a algunas operadoras. Hay cuestionamientos, incluso de Quito Honesto. Hay otras cosas que llaman la atención, por ejemplo: al principio del proceso una persona aparece como veedora y después asoma como asesora jurídica de quienes ganaron. 

Como requisito para participar en el concurso se obligó a firmar las adendas. En ese documento no hay otra obligatoriedad (en referencia a los parámetros de calidad). Pero hay esa obligación, siempre y cuando se tenga una ecuanimidad. Se inventaron 28 parámetros de calidad y dentro de esos está, por ejemplo, que un bus no pude quedarse más de 10 segundos en una parada. En ese tiempo, una persona no se baja ni se sube al bus. Esas arbitrariedades son las que hicieron que no podamos participar. Además, la plataforma para el monitoreo de los indicadores es de una empresa que da el servicio de tecnología a dos operadoras y la entregó en comodato a la Secretaría.  

Como esa plataforma no tiene la capacidad suficiente para receptar la información de los buses de todas las compañías, el proceso de evaluación y la autorización del alza de pasajes se han demorado.  

También planteamos que se faculte a las operadoras privadas a poner un sistema integral de recaudo con tarjetas inteligentes. Que sea el Municipio el que recaude la totalidad de los pasajes. Debe armarse un fideicomiso para que a los buses nos paguen por kilómetro recorrido. El Cabildo asumiría la diferencia entre la tarifa técnica y la socialmente justa.

‘Sería darse un tiro en el pie si se dan de baja los contratos’

Pablo Lima / Gerente de la Cía Guadalajara

Hemos hecho consultas legales. Sería darse un tiro en el pie el que el Municipio pretenda dar de baja los contratos ya firmados. Eso significaría demandas millonarias. Por eso estamos trabajando ya con la implementación de algunos servicios. Por ejemplo, con fábricas para traer los buses eléctricos. 

Hemos invertido en sacar certificaciones. Solo exigimos que se conforme la Autoridad Única de Transporte y que se haga el fideicomiso y lo que tiene que ver con las tarjetas inteligentes de recaudación.

Todas las operadoras del norte de Quito están formando una sola agrupación y vamos a trabajar en conjunto en temas como la implementación de buses eléctricos. Así traerían una sola marca y eso nos beneficiará por el tema del mantenimiento y la compra de repuestos. En lo legal también estamos trabajando con asesores en común.

Unitrans Q abarca a cerca de cinco operadoras importantes, sobre todo del sur. La Cámara de Transporte es la que representa a la mayor cantidad de operadoras. Ahora también estamos nosotros, al ser quienes cubrimos el norte. Quienes nos hemos unido estamos operando desde el centro hasta el norte y en los valles.

Eso nos da importancia y que­remos consolidarnos como el grupo más fuerte.

Respecto de los pasajes, la Ordenanza se aprobó con una fórmula que considera un valor del diésel menor al actual. Esa diferencia no está considerada. Lo que hemos propuesto es que se respete la fórmula. Es decir, si calcularon un diésel de USD 1,03 se actualiza el precio actual. Pedimos que se lo siga manejando técnicamente. Con el ajuste estaríamos llegando a unos 46 o 47 centavos. Somos conscientes de que eso para la gente es una barbaridad; sería importante llegar a acuerdos para ver cómo el Municipio lo puede asumir.  

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