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Un perro de raza bulldog llamado Daddy fue retirado de un inmueble en el barrio Santa Anita, dentro de la parroquia San Antonio de Pichincha, tras confirmarse condiciones precarias de tenencia que atentaban contra los parámetros técnicos de bienestar animal en Quito. La intervención técnica se ejecutó a partir de una alerta ciudadana tramitada ante los inspectores de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), quienes acudieron al predio para evaluar el estado físico del ejemplar y proceder con su retiro inmediato para precautelar su vida.
El canino fue trasladado hasta las instalaciones del Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) ubicado en la parroquia de Calderón. En este espacio, los especialistas brindan valoración médico-veterinaria permanente y ejecutan un plan nutricional específico con el objetivo de que el animal recupere su masa corporal, su peso adecuado y un estado de salud estable, luego del cuadro de descuido prolongado en el que permanecía en el inmueble intervenido.
Durante la inspección de campo se detectaron dos presuntas faltas leves estipuladas en el Código Municipal. Estas faltas corresponden al incumplimiento en los esquemas obligatorios de vacunación y desparasitación periódica, sumadas a la privación de espacios para la debida socialización del animal. En la normativa metropolitana vigente, cada una de estas contravenciones leves acarrea una sanción económica individual de 144,60 dólares para los tutores responsables.
El expediente administrativo recopiló además cuatro presuntas infracciones graves. Estas observaciones comprenden:
Cada una de estas cuatro infracciones graves contempla una penalización pecuniaria fijada en 482 dólares.
La inspección constató una presunta infracción catalogada como muy grave: mantener al canino atado o encadenado como método habitual de cautiverio, lo cual restringía por completo su movilidad natural y comportamiento propio de su especie. Esta vulneración específica contempla una multa de 4 820 dólares.
Con estos elementos, las autoridades abrieron formalmente el procedimiento administrativo sancionador para fijar las responsabilidades legales de los propietarios bajo el debido proceso, recordando que los tutores deben asegurar un entorno que garantice el bienestar animal en Quito.