Los alrededores de las 15 estaciones del Metro serán polos de desarrollo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Quito se planteó cinco desafíos luego de haber sido sede del Hábitat III, el año pasado. Desde octubre del 2016 hasta la fecha se ha diseñado una agenda al 2040 para que la ciudad sea inclusiva, global y competitiva, con un trabajo ambientalmente responsable, diseñada para la vida y la convivencia seguras y que valore la historia y el pasado para proyectarse al futuro.
Según José Ordóñez, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, la nueva agenda determina contextos generales y líneas de actuación para el desarrollo de una ciudad sostenible y más consciente.
Para alcanzar esos desafíos, durante este año se usaron herramientas de planificación para un Quito participativo. En la elaboración de la agenda se contó con los aportes de seis facultades de Arquitectura, expertos en temas urbanos y dirigentes de base de 75 barrios seleccionados, que hablaron de la ciudad del futuro.
De allí salió una propuesta, que cuenta con directrices generales en ambiente, salud, inclusión social y todas las actividades propias de la ciudad.
Uno de los puntales es alcanzar una convivencia apropiada entre lo natural y lo construido en armonía con el paisaje y el entorno geográfico. Ahora, explica Ordóñez, esos conceptos deben llevarse al territorio. La ciudad se ha dividido en 12 centralidades de tipo turístico, industrial, recreativo, empresarial, comercial y logístico y los planes de desarrollo se orientan hacia esos usos.
“Hubo mucho entusiasmo, pero mucha expectativa sobre esa nueva construcción ideal de la ciudad, que tiene que plasmarse en la realidad. Las universidades hemos participado en dar una visión marginal de acuerdo con cada una de las centralidades”, dijo al respecto el urbanista y catedrático Hernán Orbea.
El Hábitat III abrió un espacio para buscar talentos, gente especializada y empresas para pensar y trabajar en la implementación de la nueva agenda urbana inclusiva y que responda al cambio urbano, dijo Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda.
Herdoíza destaca entre ellos los cambios en el sistema de transporte público de Quito: la construcción del Metro, los corredores, el plan de reestructuración de rutas, el proyecto QuitoCables y el diseño de nuevas ciclovías.
Este proyecto implica que se planeen y concreten nuevos modelos a lo largo de la primera línea del Metro, que contará con 15 estaciones entre Quitumbe y El Labrador.
En este sentido, hay tres ejes fundamentales: movilidad, desarrollo urbano y desarrollo económico. Estos generan un esquema de oportunidades que permitirán, mientras avanza el Metro, repensar cómo estas estaciones se puedan convertir en polos de desarrollo económico, por su capacidad de aglomerar personas y actividades comerciales.
Ese fue el centro de un laboratorio urbano que se inició ayer. Se trató de talleres en donde la gente aportó sus visiones sobre el transporte como un vector de accesibilidad a oportunidades de empleo, vivienda, amenidades, etc.
Sin embargo, el urbanista Fernando Carrión señala que si bien el proyecto más significativo que tiene la ciudad es el Metro, este empezó a pensarse hace varios años y no a raíz del Hábitat III. Agrega que el arrastre de ese proyecto implicó incorporar otras dimensiones, y no únicamente estructurales sino temáticas de género, política cultural, social, etc.
Además, Carrión sostiene que Quito pudo haber obtenido beneficios de una conferencia como esta y “me da la impresión de que Quito no aprovechó y no logró posicionarse”.
Al ser una cumbre mundial en la que participaron 196 países, se pudo aprovechar para posicionar a la ciudad en el mundo, pero Carrión cree que eso no se logró, a pesar de que la ciudad acogió a alrededor de 60 000 personas.
Según Carrión, es temprano para evaluar los efectos en el desarrollo urbano que dejó la cumbre. Y puntualiza que los acuerdos a los que se llegaron hace un año fueron de los 196 países participantes. Recuerda que en ese sentido, no son los municipios los que asumen directamente los compromisos sino los Estados. Y en el caso de Quito, la aplicación de esos acuerdos que se asumieron en el anterior Gobierno depende de lo que dicte el actual.