En la mañana de este 29 de noviembre del 2024 entró a la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, el proyecto de ordenanza que contiene las “medidas económicas” del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Contiene nueve acciones que, según el burgomaestre, tienen como propósito aliviar la economía de Quito en medio de la crisis energética.
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Tres alivios tributarios
Los tributos siempre serán uno de los aspectos más conflictivos en cualquier iniciativa. En Quito, hay un tributo que siempre generó malestar: la patente municipal a toda actividad económica que se realice en la ciudad, sean personas naturales o jurídicas, obligadas a llevar contabilidad o no.
En el campo de lo impositivo, la Alcaldía de Quito propone tres modificaciones. La primera reduce y unifica la patente municipal para contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Tendrá una tarifa fija de 15 dólares.
La segunda modificación es el descuento del 50% en la patente para emprendimientos que consten en el Registro nacional de Emprendedores, para personas con discapacidad y para las empresas que se encuentren en el Distrito de Innovación La Mariscal. Estos beneficios tendrán una vigencia de cinco, diez y tres años, respectivamente.
La tercera será un alivio en el impuesto a la transferencia de dominio (utilidad y plusvalía). No se pagaría la Contribución Especial de Mejora (CEM), según informa la página oficial del Municipio de Quito.
La Patente, cuestionada desde siempre
Juan Mogrovejo, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar, entiende como una medida positiva el alivio tributario del Alcalde. Sin embargo, también reconoce que falta más información sobre el modo de implementarlo.
“En teoría estoy de acuerdo. Habría que ver con otros datos más concisos, pero desde la norma me parece saludable un reconocimiento en el pago de impuestos, especialmente a los pequeños emprendimientos”, dice Mogrovejo.
Esta patente municipal -recuerda- está establecida en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Todo Municipio debe cobrar impuestos por la actividad económica en su ciudad en cinco sectores: comercio, industria, actividad financiera, inmobiliaria y profesional. Y tiene un rango de cobro de 10 a 25 000 dólares.
Este tributo no se cobra a personas bajo relación de dependencia, y “eso ha despertado múltiples cuestionamientos porque se entendió como algo que va en contra de la igualdad formal. Se preguntan por qué lo pagan los emprendedores, pero no otros”, dice Mogrovejo.
En cambio, cuando se habla de transferencia de dominio, los valores pueden ser muy altos y difíciles para quienes tengan que pagarlos.
Un artista en rebeldía contra la patente
Ese es el caso de Iván (pide omitir su apellido), que se dedica a la producción de cine, una actividad que difícilmente deja ganancias, se declara en rebeldía. “No les pienso pagar hasta cuando se pueda”, dice con humor.
Ya más en serio, sostiene “que es un impuesto sin estudios técnicos serios ni entiende las características del medio (…) A nosotros nos exigen RUAC, RUC, pero no hay estímulos ni permiten la inversión y creen que ganamos como si estuviéramos en Estados Unidos”.
Mogrovejo dice algo parecido. Recuerda del uso de información de quienes ejercen actividad económica según los registros del Sistema de Rentas Internas, pero sin un procesamiento más detenido en las actividades específicas de cada contribuyente y su sector.
Más un deseo que una realidad
Quien también mira con cierto agrado las medidas que impulsa Pabel Muñoz está Mauricio Alarcón. Forma parte de la organización Quito cómo vamos, que se dedica a analizar la calidad de vida en la capital.
“La verdad es que a muchos nos ha sorprendido gratamente esta noticia en el sentido de una Alcaldía que presente varias alternativas para aliviar la dura situación que está viviendo nuestro país y, particularmente, Quito, en cuanto a la crisis económica”, dice Alarcón.
Dice que el presupuesto no se puede tomar en cuenta como “una medida”, pues el presupuesto es algo que se tiene planificado desde el año anterior. Sin embargo, “en la forma en que esto se ha venido haciendo en nuestro país, termina siendo positivo que una institución ejecute el presupuesto y con eso al menos inyecta algo de capital a la economía”.
Alarcón dirá que lo importante será dar un seguimiento, es decir, conocer mejor los términos de las medidas, además de vigilar su cumplimiento. O, quizá, como dice Fernando Carrión, un estudioso de las ciudades y especialmente de Quito, “es más un deseo que la realidad”, porque el Municipio tiene una baja capacidad de gasto porque hay una “metrodependencia” en el presupuesto.
Según Carrión, el presupuesto anual del Municipio de Quito es de 1 000 millones de dólares. Muñoz anunció que la ejecución presupuestaria para noviembre y diciembre será de 200 millones de dólares. Es decir, un 20% que indica, probablemente, que “están manejando cifras de lo que no han gastado durante el año porque el Municipio ha tenido una baja capacidad de inversión”.
Alivio burocrático
Otra de las medidas que Alarcón destaca es la renovación automática de ciertos permisos para funcionar en la ciudad, como la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Igualmente, se lo aplicará para el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA).
Las cartas de inversión de dos grupos empresariales privados es otro elemento que ayudará a aliviar la economía de ciertos hogares. Entre estas se encuentran La Favorita, que generará 984 empleos permanentes; la otra es de Intercop, que dará trabajo a 610 personas.
