Efraín Torres empuja su carrito de ropa por las calles del Centro Histórico de Quito como si arrastrara su vida entera. Este vendedor ambulante tiene 34 años y cada viernes viaja desde Otavalo con esperanza. En su ciudad nadie compra sus pantalones y ternos. “Son para mestizos”, dice con resignación.
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La semana pasada, un domingo entero le dejó cinco dólares. Una sola prenda. Esa venta mínima lo obligó a quedarse en Quito toda la semana. Ese día no comió. Para tres comidas necesita 7,50 dólares. No puede volver a casa. Debe pagar 70 dólares del arriendo de una pieza. A Efraín no le alcanza. Lo poco que gana lo invierte en telas. Las ganancias verdaderas van directo al estómago de sus hijos. Tiene tres. Uno de ellos, con pensión alimenticia judicializada. “Tengo que vender”, confiesa bajito y mira al suelo.
Desde septiembre siente más presión. Más control. Más incertidumbre. Pero no se rinde. “Solo quiero que me dejen trabajar”, repite. Formalizarse no es una opción. No tiene capital. No hay créditos. “La gente no entra a los centros comerciales”. Él conoce las calles y sabe leer los flujos. Su estrategia: moverse. Quedarse quieto, en un puesto fijo, es perderlo todo.
Hace dos años le confiscaron dos bultos. La multa supera lo que gana en un mes. El miedo permanece. Pero lo más fuerte es el hambre. Efraín se mueve entre transeúntes y cientos de vendedores ambulantes. Su historia no es única, pero sí urgente. Lleva directo a la gran pregunta: ¿por qué Quito sigue fallando en formalizar a quienes aportan a su economía desde la calle?
El otro mercado de Quito: ambulante, masivo y caótico
El comercio autónomo en Quito no es nuevo, pero sí más grande. En 1976 eran 4 809, según el economista Francisco Enríquez. Para 2022, el censo municipal hablaba de 17 043 vendedores no regulados. Hoy, la Alcaldía estimó en 25 mil, como parte del diagnóstico del Plan de Comercio 2028.
Este abril de 2025, Quito Comercio y la ESPE Innovativa prometen los resultados de un nuevo censi, Mientras tanto, la informalidad sigue ganando espacio.
Desde la pandemia, la situación se agravó. Desde 2020, el número de comerciantes autónomos creció 41%. ¿Las causas? Crisis económica, migración interna, violencia. El desempleo cerró el 2024 en 8,2%.
Pero la realidad detrás de la venta ambulante es más cruda:
La mayoría no cubre ni la canasta básica. No tienen ahorros. Lo poco que ganan lo reinvierten, admite Quito Comercio. Su incidencia en la economía local no está determinada. Venden para sobrevivir.
Apenas 5 625 personas tienen el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA). Es decir, casi 4 de cada 5 vendedores siguen fuera del sistema. Al cerrar el 2024, el 27% estaba en el sector informal.
Al mes se realizan 560 controles al comercio autónomo. Se verifican permisos municipales. Foto: AMC
La respuesta institucional ha sido el control:
- 2024 cerró con 12 304 operativos de la AMC. En 2022 fueron 9 996.
- Las sanciones subieron un 873% en dos años: de 57 (2022) a 554 (2024).
- Para reducir impactos, ahora las multas pueden pagarse con trabajo comunitario.
- Operativos en los alrededores de 37 mercados.
También hay un nuevo sistema de advertencias por colores (amarillo → naranja → sanción). En 2023 se entregaron 629. Un año después, en 2024: 2 093. En lo que va de 2025 ya van 151.
Pero el personal es insuficiente: 50 inspectores en una ciudad de 2,9 millones de habitantes.
Los puntos más críticos:
- Centro Histórico: La Marín, El Tejar
- Sur: Solanda, Chillogallo
- Norte: Cotocollao, Calderón, Comité del Pueblo
- Valles: Los Chillos y Tumbaco
Capacitaciones puntuales. Faltan resultados
¿Hay intentos de solución? Sí. ¿Funcionan? No está claro. Quito Comercio, junto con la PUCE y Conquito, ha capacitado a tres mil comerciantes. Les enseñan administración básica, finanzas, atención al cliente y marketing digital. También hay programas productivos. Pero no hay datos sobre cuántos dejaron la calle para establecer un negocio formal. No hay trazabilidad. Y sin eso, no se ve la política pública sostenible.
El Instituto de Capacitación Municipal y la Secretaría de Productividad abrieron en marzo una escuela de formación para comercio popular. Se busca fortalecer capacidades, desde mercados, ferias y plataformas.
La informalidad no es sinónimo de ilegalidad. Tampoco es una falla aislada del sistema. Es, según tres expertos, una consecuencia estructural de un modelo que no logra incluir a todos sus actores.
Desde el derecho, la sociología económica y la teoría del desarrollo, Elisa Lanas, Francisco Enríquez y Francisco Borja coinciden en una advertencia clave: si la ciudad sigue tratando a los vendedores informales como un problema que debe erradicarse, seguirá empujándolos más al margen. Lo que falta no es mano dura, sino un marco que los reconozca y los integre sin despojarlos de su sustento.
Elisa Lanas: No hay ley que los proteja
La abogada laboralista y docente de la U. Andina denuncia que, pese a que existe La Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista, desde diciembre 2022, se deja todo en manos de los gobiernos locales. ¿El resultado? Normativas orientadas al castigo y no a la protección. En consecuencia: no hay espacios dignos, no hay diálogo, no hay políticas claras. Solo control.
El reglamento de esta norma pone el énfasis en la necesidad de registrarse, por parte de los trabajadores autónomos y, sobre todo, comerciantes minoristas. A partir de allí, añade, en Quito hay un registro.
Lanas señala que a los vendedores se les exige garantizarse derechos por su cuenta, sin apoyo del Estado: sin acceso a salud, a seguridad social ni a condiciones mínimas. Y cuando se intenta formalizarlos, las exigencias no consideran su realidad económica. Ni hablar de los niños que frente a las carencias de sus familiares hoy trabajan en las calles. Esto es resultado directo de la pobreza y la deserción escolar.
El economista y docente universitario propone un giro de mirada, en su estudio: El comercio informal en Quito: características, retos y necesidades. Dejar de ver el comercio informal como una amenaza urbana y empezar a reconocerlo como parte de la economía real. No es una reliquia del pasado. Es un modo de vida adaptado ante la exclusión.
Para Enríquez, los vendedores informales no solo sostienen a sus familias. Cubren necesidades de a sectores populares y clases medias golpeadas por la crisis. Su presencia dinamiza el espacio público y es fuente de identidad y cultura. Eliminar esa red espontánea significaría romper un sistema de abastecimiento real. La clave no es erradicarlos, dice, sino organizar su presencia en espacios abiertos con mobiliario ligero y reglas claras. Así evitar la privatización del espacio público.
Desde una perspectiva más estructural, Borja, economista de la USFQ, afirma que la informalidad es un síntoma, no una causa. Un reflejo de que la economía formal no tiene cómo absorber a toda la población económicamente activa. La gente no espera a que el sistema le incluya. Crea su propio trabajo para sobrevivir.
Para él, estos vendedores son microemprendedores que detectan necesidades y ofrecen soluciones inmediatas. Pero su gran debilidad es que no pueden planificar a largo plazo. Sin acceso a crédito, sin historial tributario, quedan atrapados en decisiones de subsistencia.
Además, advierte que muchos intentos por “formalizar” terminan excluyendo más: si los requisitos son iguales a los de un gran comercio, no podrán entrar. Su enfoque es radicalmente distinto: reducir los costos de transacción, crear fondos de garantía para crédito y enfocar los incentivos no en los informales, sino en el sector formal que puede absorberlos.
Quito debe decidir: ¿quiere orden o inclusión? Las dos cosas al mismo tiempo, con las reglas actuales, no son posibles.
Bogotá no expulsó: organizó y acompañó a vendedores
Funcionario del Instituto para la Economía Social (Ipes) habla con un vendedor para ver sus necesidades y cómo mejorar su situación económica. Esto es parte de la estrategia Oasis. Foto: cuenta de X de Ipes.
Mientras Quito multiplica operativos, Bogotá apostó por integrar a sus comerciantes informales. Lo hizo con una estrategia clara: registrar, regular y acompañar. No desde la represión, sino desde la inclusión.
El cambio arrancó con un paso simple: el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI). Cada persona que trabaja en el espacio público debe estar inscrita en su localidad. Eso permite conocer quién vende, dónde, y qué necesita.
Luego vino el apoyo. A través del Instituto para la Economía Social (IPES), más de 1 500 vendedores accedieron a la Ruta de Emprendimiento, un programa de capacitación para fortalecer sus negocios y facilitar su formalización.
En 2024, Bogotá dio un paso más. Con el Decreto 315, creó un Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público. Esto regula el uso de aceras y plazas. El objetivo: evitar la ocupación caótica, sin impedir el trabajo. No se trata de sacar a los vendedores. Se ofrece una forma legal, segura y digna de ejercer su oficio.
Esta iniciativa no es perfecta, pero está encaminada y tiene visión a largo plazo. La Política Pública de Vendedores Informales 2023–2035 plantea metas de inclusión económica, social y urbana.
Centros comerciales semivacíos y vendedores que no se rinden
Uno de los puntos más sensibles es la situación de 11 Centros Comerciales Populares. Se crearon para albergar a comerciantes autónomos. En estos espacios hay 1 061 locales municipales sin adjudicar desde 2019. Hay un vacío legal que recién empezó a resolverse con una nueva ordenanza debatida en este mes.
Mientras tanto, la escena se repite: locales vacíos, convertidos en bodegas o cerrados por quiebra. En contraste la calle hierve de actividad. Esto se incrementa los fines de semana.
“Muchos arriendan local, pero prefieren salir con carritos porque allá venden más”, cuenta César Pilliza, comerciante del Centro Comercial Hermano Miguel, con 22 años en el lugar.
El espacio, con más de 1 600 locales, ha visto una caída del 50% en sus ventas. La competencia desleal, la falta de clientes y la informalidad no regulada han vaciado los pasillos. Solo quienes tienen productos surtidos y clientela fija logran sostenerse. El resto, dice César, “se come la camisa”.
Otros, como Marco Mora, ni siquiera se plantean entrar a uno de estos centros. Lleva 30 años vendiendo colchones para mascotas en las calles del Centro Histórico. No tiene seguro, capacitación ni crédito. “Con eso pago comida y arriendo, nada más”, dice, mientras se mueve para evitar ser decomisado.
Iniciativas desde la Administración Eugenio Espejo
La administración zonal impulsado al menos tres proyectos para recuperar el Centro Histórico. El más visible es el de los 160 artesanos rotativos, que venden en un cuadrante delimitado, entre la Venezuela, Chile, Espejo y García Moreno.
Estos artesanos son capacitados en atención al cliente y en historia del lugar. No pueden consumir alcohol, llevar niños y deben respetar horarios. La idea es clara: convertirlos en parte del atractivo turístico del centro. “Antes vendía 120 dólares, ahora triplico eso”, cuenta José Luis Rondón, venezolano regularizado que ofrece sus bonsáis.
Además, se implementó la campaña Miércoles, todos al centro, con activaciones culturales, descuentos, ferias. En 2024, se realizaron 28 activaciones culturales y, según datos zonales, el flujo de personas creció en 18 mil los miércoles por la noche. Las ventas subieron 30%.
La administración asegura que algunos comerciantes informales han sido ubicados en ferias o mercados, aunque no da cifras sobre cuántos lograron adjudicarse locales. También hay gestiones con banca privada para financiamiento colectivo o individual.
¿Qué falla?
- Los centros comerciales populares no lograron atraer ni retener a los informales.
- Falta información actualizada y pública sobre cuántos fueron reubicados o apoyados realmente.
- Muchos vendedores prefieren la calle, donde las ventas son inmediatas y no hay reglas fijas.
¿Y ahora qué? Quito aún tiene oportunidades
- Elisa Lanas: La ley actual no protege a los vendedores, solo sanciona. Quito necesita reglas claras y un enfoque de derechos.
- Francisco Enríquez: Se debe ordenar el espacio público, pero sin expulsar a los vendedores, usando mobiliario móvil y planificación.
- Francisco Borja: Los informales no pueden crecer porque no tienen acceso a crédito. Fondos de garantía y menos trabas son claves.
- No basta con ofrecer un local si el lugar no tiene clientela.
- La informalidad no se ordena con papeles, se ordena con incentivos reales.
- Los proyectos culturales y de identidad local pueden funcionar si se combinan con ingresos sostenibles para quienes los protagonizan.
- Registro obligatorio de comerciantes para conocer sus necesidades.
- Formalización con capacitación y apoyo.
- Regulación clara del espacio público para evitar la ocupación desordenada.
- Simplificar procesos para acceder a ferias, mercados y créditos.
- Apoyar al sector formal para que crezca y absorba empleo.
- El Plan de Comercio 2028 proyecta una ciudad más ordenada y equitativa, pero muchos vendedores ni saben que existe. Socializarlo y aterrizarlo con acciones visibles.
