Expertos cuestionan decisión de Jueza en caso Yunda; Frente de Profesionales pide acto urgente a Fiscalía
Para Jorge Yunda la jueza ha tomado en cuenta un principio universal del Derecho como el de la imparcialidad. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La decisión de la jueza María Belén Domínguez sobre la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, generó debate. Para expertos en materia constitucional, la decisión no toma en cuenta la capacidad fiscalizadora de los concejales.
La mañana de ayer, 28 de junio del 2021, se conoció que Domínguez aceptó de manera parcial el recurso con el cual el Burgomaestre quiere evitar su remoción. El argumento fue que se vulneró el derecho al debido proceso en lo que tiene que ver con la garantía de contar con un juzgador imparcial.
Es decir, a criterio de la jueza, no se cumplió con el principio de imparcialidad cuando los cuatro concejales de la Comisión de Mesa que elaboraron el informe para la remoción también fueron parte de la votación que tuvo como base ese mismo documento.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, la jueza confunde la naturaleza del procedimiento que está normado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Añadió que el proceso es de carácter político y la norma no establece que quienes forman parte de la Mesa deban excusarse o no ser parte del tratamiento en el Pleno.
La AP presentada por el Alcalde Yunda respecto a su remoción ha sido aceptada parcialmente por falta de «juez imparcial».
— André Benavides ⚖️ (@AndreBenavidesM) June 28, 2021
Se nota el desconocimiento de procesos de control político.
En dicho contexto en la @AsambleaEcuador nadie podría votar en los juicios políticos.
¡Absurdo!
“Lo que ocurre en la Comisión de Mesa es solo un paso más. No implica un prejuzgamiento. Luego de eso, la decisión la adopta el Concejo en Pleno”, dijo Suárez.
En Twitter, un grupo de nueve expertos en Derecho también se pronunciaron. Entre ellos está André Benavides. Para este constitucionalista, la decisión de la jueza tiene que ver con un desconocimiento del proceso de remoción en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Benavides explicó que el propio Procurador del Estado se ha pronunciado respecto a que en los procesos de remoción no se pueden activar los recursos de recusación. Añadió que el proceso que enfrenta Yunda es político y no judicial.
Los expertos también señalan que “se desconoce de manera absoluta la naturaleza de un proceso de control político”. Esto porque son los concejales quienes deben llevar adelante el proceso en todas sus etapas.
Lo que sucedió esta mañana es una aberración jurídica.
— Eduardo del Pozo 🇪🇨 (@eduardodelp) June 28, 2021
El TCE no resuelve todavía y el pedido de la acción de protección de Jorge #Yunda NO PROCEDE y debió ser rechazado por la jueza Domínguez.
Parece que vivimos en Macondo. pic.twitter.com/TxHT0oeeWA
Para el experto en Derecho Público, Jaime Villacreses, el Cootad no dispone la exclusión de los concejales de la Comisión de Mesa al momento de votar en la sesión del Concejo. “En consecuencia no hubo vulneración al principio de imparcialidad y al derecho a la defensa”.
También dijo que “llama la atención que la jueza también consideró que no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, porque el proceso de remoción se desarrolló según normas preexistentes (Cootad). Esto evidencia incongruencia en la decisión”.
La mañana de ayer, el concejal Fernando Morales, integrante de la Comisión de Mesa, señaló que no se ha violado ningún derecho constitucional y que no se conoce hasta el momento cuál es la medida de reparación planteada por la jueza Domínguez. Dijo que la Mesa hizo lo que manda la normativa.
La decisión recaerá en la Corte Provincial de Pichincha. Esa instancia decidirá si ratifica o revoca lo actuado por la Jueza de la Unidad de Violencia Contra la Mujer.
🚨 He solicitado a @FiscaliaEcuador @DianaSalazarM2 “ACTO URGENTE” sobre la posible ejecución de actos reñidos con la ley, en relación al sorteo de la causa de Acción de Protección y lo resuelto hoy por la Jueza #MaríaBelénDomínguez 👇🏻 pic.twitter.com/iAVkFy3s59
— Jessica Jaramillo 💚 (@JessyJaramilloY) June 28, 2021
Mientras tanto, Jéssica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, colectivo que impulsó la solicitud de remoción, presentó ante la Fiscalía un acto urgente sobre la posible ejecución de actos reñidos con la Ley, en relación al sorteo de la causa de acción de protección.
Jaramillo explicó que la medida busca que la Fiscalía tome acciones a la brevedad para preservar elementos probatorios en el Complejo Judicial de Quitumbe en donde está la Unidad de Domínguez.
Jaramillo señaló que hay sospechas sobre la actuación debido a en un tuit del 3 de junio pasado en donde Domínguez expresa su posición frente a la remoción. Además, señaló que le parece “raro” el que la acción se haya presentado justamente en Quitumbe cuando otros complejos estaban más cercanos.
Es una distorsión que jueza anuncie su opinión y reciba el sorteo del caso 6 días después??? Tremendo fallo! Protección para Quito! pic.twitter.com/OK9L7qLk16
— Luz Elena Coloma 🇪🇨 (@ZULNELEA) June 28, 2021
El pedido deberá conocerlo un fiscal quien será el encargado de definir qué tipo de acciones se tomarán.
Por su parte, en una entrevista para este Diario, Yunda dijo que la jueza ha tomado en cuenta un principio universal del Derecho como el de la imparcialidad. Arremetió contra el Vicealcalde Santiago Guarderas y señaló que seguirá luchado en la vía jurídica.
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