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Evaluación ciudadana, clave en cobro de tasa de seguridad en Quito

La Secretaría de Seguridad ahora se concentra en operativos de control del espacio público en el Centro Histórico. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El Municipio de Quito se enfrenta a un desafío: reinventar el mecanismo para seguir cobrando la tasa de seguridad y convencer a la ciudadanía. Tras una sentencia de la Corte Constitucional (CC), el cobro está condicionado, entre otras cosas, a un sistema de medición de la satisfacción de la comunidad.  

Dos ciudadanos presentaron una acción en contra del cobro de esta tasa, en diciembre del 2011. Nueve años y ocho meses después, la CC resolvió el tema y declaró inconstitucional el cobro que se establece en el Código Municipal.  

Según la Secretaría de Seguridad, el Municipio recauda más de USD 7 millones al año por este concepto. Esos recursos son administrados por la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad (EPM Seguridad) y, por esto, ha recibido críticas constantes.  

En la información presentada ante la CC, el exgerente durante la administración de Jorge Yunda, Daniel Haro, detalló que, durante 11 años, entre el 2009 y el 2020, el Municipio recibió USD 88 833 062. Es decir, un promedio de USD 8 millones anuales.

Sin embargo, la CC determinó dos problemas principales sobre la recaudación de esta tasa. El primero es que el servicio por el cual se cobra no está claramente determinado en el Código Municipal.  

El segundo tiene que ver con que no se establece cuánto le cuesta al Municipio las labores de seguridad. Hay que tener en cuenta que el objetivo de una tasa es recuperar el rubro que sale del Cabildo para los diferentes proyectos.  

Frente a este escenario, la CC determinó que la tasa se puede cobrar, pero con ciertos parámetros. Se debe incluir tres puntos: que exista una acción municipal determinada, que la tarifa que se cobra responda a los costos en los que incurre el Municipio y un sistema de medición de la satisfacción.  

Este año, la EPM Seguridad tenía planeado invertir en cuatro proyectos. Uno es el de los Centros de Equidad y Justicia, en donde se atiende a víctimas de violencia intrafamiliar, familiar, violencia de género.  

Otro proyecto tiene que ver con la dotación de servicio de mensajería, GPRS, Internet y ‘housing’ (alojamiento web) para que esos equipos funcionen. El tercero es para obras de mitigación de riesgos en zonas de taludes, escalinatas y muros. Finalmente se planificó adquirir vehículos y motocicletas para patrullajes de las entidades del Sistema Integrado de Seguridad. 

La CC emitió su sentencia con carácter diferido; es decir, el cobro de la tasa se considerará inconstitucional en seis meses, contados desde el 22 de septiembre pasado.

¿Qué alternativas tiene?

Diego Cevallos, exsecretario del Concejo Metropolitano e integrante de Gobernanza EC, señaló que la tasa deberá fijarse con una ordenanza.  

Al tratarse de un asunto sobre tributos, el proyecto solamente puede presentarlo el Alcalde. Aunque el plazo de la CC vence en marzo del 2022, por Ordenanza la tasa se cobra con el predial. La orden de pago se emite en diciembre para que los usuarios cancelen desde enero.

Cevallos alerta que esto debe tomar en cuenta el Concejo, pues hay que considerar reformar la normativa y posiblemente separar esa tasa del impuesto predial.  

Para la concejala Sandoval, otra opción es mantener el cobro en el predial. Para ello la reforma debería estar hasta fin de año. Eso implicará establecer una tarifa, el para qué se cobrará y definir cómo se medirá la satisfacción.  

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad, dijo que ya se trabaja con la Comisión de Seguridad en la Ordenanza para el cobro de la tasa. Lo único que está claro hasta el momento es que plantearán múltiples proyectos para posibilitar la evaluación. 

Jefferson Sandoval, coordinador ciudadano de la Asamblea de Quito, dijo que los recursos que se entreguen a la Policía deben focalizarse. Así se garantizará que la tasa se ocupe en la ciudad. Una opción es destinarlos a las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC).

Para Gladdys Ordóñez, coordinadora de los Barrios del Sur Occidente, algo que se puede medir con facilidad es la iluminación y el mantenimiento de los parques en los barrios. Con esas acciones, dijo, se crean espacios un poco más seguros.

Con el cambio al que apunta el Municipio, Valarezo dijo que se cumpliría con los parámetros de la CC y, en caso de una nueva acción, ya no se podría considerar inconstitucional.

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