Jorge Erazo vive en Calderón, al norte de Quito. A sus 74 años, es presidente del Comité Pro Mejoras del centro parroquial y confiesa, sin dudar: “el comercio informal es un problema difícil de controlar”.
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El centro de esta parroquia parece un laberinto: veredas ocupadas, autos sin espacio, peatones caminando entre comestibles, zapatos, altavoces y niños. “Es un desajuste total”. Desde las 06:00 hasta las 20:00, el movimiento comercial no para, entre semana y los fines de semana, se extiende hasta las 22:00”.
La escena se repite a diario en la 9 de Agosto y Carapungo. La venta autónoma crece sin control. Y no se trata solo de ambulantes. Hay comerciantes que tienen puestos en el mercado y arrendatarios de locales que envían a su gente a vender afuera. Es un círculo que no se rompe. Ni los operativos ni las promesas de las autoridades, reconoce Erazo.
Se hacen controles, se retiran y luego regresan. “Es como el gato y el ratón”. Debido a este caos comercial, la movilidad se afecta. Las vías principales están tomadas por vendedores, carros mal estacionados y puestos móviles. “No hay desfogues”. Entrar o salir del centro parroquial es un martirio.
A eso se suma otro problema: los arriendos. Tienen que salir a la calle para vender o sacar sus productos a la vereda. A fin de mes deben pagar, de entre 500 a 1000 dólares.
El conflicto se profundiza con la falta de acuerdos entre las asociaciones del mercado, que compiten por el espacio sin coordinación.
Jorge lo tiene claro: esto no se resuelve con un solo actor. Aquí hay corresponsabilidad: moradores, comerciantes y autoridades. Todos deben sentarse a conversar. Su anhelo y el de cerca de cinco mil familias es una parroquia limpia, con calles libres y un mercado funcional. Más tranquilidad.
La percepción de la ciudadanía
El temor en las calles de Quito no se ha ido. Al contrario, se ha instalado en la rutina diaria de quienes viven en zonas donde la informalidad crece sin control.
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Quito Cómo Vamos, de forma general un 76% de quiteños considera que la inseguridad es el principal problema que afecta su calidad de vida.
La calle ya no se ve peligrosa, se siente peligrosa.
Calderón, como otras zonas con alta densidad de comercio informal (Cotocollao, Centro Histórico, Comité del Pueblo), vive ese cruce diario entre desorden, ocupación del espacio público y sensación de abandono. No existen pruebas directas de que informalidad sea igual a delincuencia. Pero el descontrol del entorno impacta en la percepción de riesgo.
La misma encuesta revela que, pese a todo, 83% de los ciudadanos se siente orgulloso de su ciudad, valorando su historia y cultura. Es decir: el afecto por Quito convive con el miedo.
La ciudad que se disputa entre la calle y la acera
El espacio público en Quito ya no es solo una vereda o un mercado. Es una trinchera donde conviven —y a veces chocan— formas de vida, culturas, memorias, necesidades y desigualdades. Lo dicen dos voces que entienden el fenómeno: el urbanista Alfredo Santillán y la socióloga Andrea Almeida.
Ambos coinciden: el comercio informal no es solo una actividad económica. Es una forma de vida.
El comercio informal se presenta como una posibilidad laboral, económica y de supervivencia, dice Almeida. Mientras que Santillán puntualiza en que es un sistema de acceso en el que participan los que venden y los que consumen.
No se trata, entonces, de una simple invasión del espacio. Hay estrategias, vínculos familiares, lógicas rurales que se trasladan a la ciudad. Las relaciones sociales que se producen en el comercio ambulante se caracterizan por la conformación de redes familiares, de parentesco y de filiación comunitaria, explica Almeida.
El problema empieza cuando la institucionalidad municipal no regula ni acompaña. Y ahí, el espacio público se vuelve caótico, tenso y estigmatizado.
La convivencia entre residentes y comerciantes puede darse en forma de asimilación o de conflicto. En ambos casos es la institucionalidad municipal la responsable de regular el uso del espacio público, añade Almeida.
Pero no es tan fácil. Santillán advierte que los espacios de la ciudad se viven más allá de los procesos planificadores. Una cosa es lo que se planifica y otra lo que efectivamente sucede.” Y el resultado es una ciudad partida: la que se imagina desde el escritorio y la que resiste desde la acera.
¿Qué no ha funcionado?
- El déficit institucional que tenemos no es tanto la planificación sino la falta de control sobre lo planificado, señala Alfredo Santillán.
- Se debe evitar la estigmatización territorial porque tiene efectos en los comerciantes y en los residentes, insiste Andrea Almeida.
Ambos coinciden en que las respuestas no pueden ser solo punitivas. Ni tampoco suponer que todos los informales pueden regularizarse por igual. La regularización es un camino para ciudadanos con plenos derechos de ciudadanía… pero hay otros que no tienen esa condición, aclara Santillán, refiriéndose especialmente a extranjeros.
Ángel Pucushca tiene un puesto en el mercado y ayuda a su pareja a vender en la calle.
Mientras los vecinos reclaman por el caos en las calles, dentro del mercado de Calderón muchos comerciantes luchan por sostener sus ventas… y su paciencia. Las veredas están llenas; los puestos, medio vacíos.
Vicenta Yajamín conoce el conflicto desde adentro. Es parte de la Asociación Calderón y ha participado en las mesas de socialización con autoridades. Cree que la calle no es una solución: hay basura, desorden, riesgos. Pero también acepta que los compradores prefieren lo fácil y rápido, y eso los aleja del mercado.
A pocos metros, Pilar Llerena —dirigente de la Asociación Carapungo— repite una queja común: falta de control. Muchos locales han cerrado porque la competencia afuera es feroz. Adentro se paga mantenimiento, seguridad y servicios; afuera no se paga nada, y se vende más.
Pese a ello, Pilar reconoce que un programa municipal les permitió vender productos no perecibles los fines de semana en el boulevard, una especie de paso intermedio. Eso les ayuda a sobrevivir, pero ahora, el resto de comerciantes también quieren ocupar ese espacio. Y no están dispuestos a negociar.
El dilema es doble: quienes están adentro quieren orden, quienes están afuera piden condiciones. Pero ambos grupos comparten el mismo cliente y la misma crisis.
Ángel Pucushca vivió ambos lados. Fue presidente de una de las asociaciones más antiguas, tiene un puesto formal… y ahora vende en la calle con su pareja. Durante la pandemia, el mercado cerró por semanas. Muchos salieron a vender, y cuando se reabrió, ya no quisieron volver. La calle se volvió rutina.
Ángel asegura que hay puestos disponibles. Él mismo entregó un listado de comerciantes dispuestos a regularizarse. Pero no obtuvo respuesta. Hoy, colabora con una nueva mesa técnica para organizar un posible reingreso. Pero advierte: no se trata solo de decir “entren”. Hay que negociar dónde, cómo y en qué condiciones.
Todos coinciden en algo: el mercado tiene espacio, pero falta voluntad política, reglas claras y, sobre todo, incentivos reales para que volver adentro sea rentable.
Lo que piden los comerciantes
- Ingresar al mercado, pero con reglas claras y condiciones justas.
- Uso del boulevard como espacio intermedio para dinamizar ventas.
- Diálogo real con autoridades, no imposiciones unilaterales.
- Control parejo: sancionar también a compradores que fomentan el desorden y compran desde los autos.
Lo que proponen los expertos
Andrea Almeida, socióloga de la UDLA
- Reconocer el vínculo informal–formal (productos provienen de grandes industrias).
- Evitar estigmatización territorial.
- Registro, organización y capacitación sin represión.
Alfredo Santillán, urbanista de Flacso
- El espacio público debe reflejar la realidad, no una ciudad ideal.
- Reforzar seguimiento a planes urbanos, no solo su diseño.
- Fortalecer asociaciones de comerciantes para diálogo estructurado.
¿Qué puede hacer el Municipio?
- Activar los más de 1.000 locales vacíos en centros municipales.
- Llevar adelante el Plan de Comercio, con enfoque social y menos policial.
- Zonificar ventas informales con mobiliario móvil y normas claras.
- Incentivar el ingreso formal con microcréditos, ferias ordenadas y campañas para atraer compradores al mercado.
- Las mesas de socializar deben ser tripartitas: vecinos, comerciantes y autoridades.
