
La Contraloría General del Estado auditará el convenio entre la Empresa de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que se hizo para la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito. El examen especial comenzará el 1 de mayo de 2025. Así lo informó la Subcontraloría de Auditoría en un oficio enviado el 14 de abril del 2025 a seis concejales metropolitanos.
La Contraloría General del Estado iniciará un examen especial al convenio firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). La auditoría de la Contraloría a la compra de los 60 trolebuses arrancará el 1 de mayo de 2025. Así se lee en el oficio 0990-DNPyEI-AGPSyEI-2025, emitido el 14 de abril por la Subcontraloría de Auditoría y dirigido a seis concejales metropolitanos.
En el documento, la Contraloría aclara que esta acción de control se dispuso ya el 4 de septiembre de 2024. Lo hizo tras una solicitud formal presentada por el concejal Andrés Campaña. Esa disposición se incorporó en el plan de auditorías a gobiernos autónomos descentralizados, dentro del cual se incluyó el convenio con la Unops.
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El examen especial se aplicará a la Empresa de Pasajeros y a todas las entidades relacionadas con el proceso contractual. La notificación es una respuesta al oficio enviado por seis concejales de Quito el 7 de abril de 2025, en el que solicitaron el inicio inmediato del control sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos.
La revisión no se limitará a la Empresa de Pasajeros. También se aplicará a todas las entidades que participaron en el proceso contractual con la Unops.
El contrato con la Unops se firmó en 2024. El Municipio alegó que se trató de una modalidad de cooperación técnica, sin licitación y sin pago directo. El acuerdo incluyó un aporte estimado de 50 000 dólares, canalizado como asistencia técnica y talento humano.
Sin embargo, el Sercop respondió al Concejo que sí se debía aplicar el régimen nacional de contratación pública, lo que pone en duda la legalidad del mecanismo usado.
Según el concejal Michael Aulestia, “buscaron eludir la ley y ahora no tienen cómo justificar el proceso”.
Aulestia afirmó que, hasta ahora, el Concejo no ha recibido los documentos prometidos por el alcalde Pabel Muñoz ni por el gerente de la Empresa de Pasajeros, Xavier Vásquez. “Solo han llegado prórrogas”, dijo el edil. Agregó que no se han entregado “ni el contrato, ni el informe jurídico, ni los detalles técnicos del convenio”.
También cuestionó que el Municipio no ha informado “quiénes viajaron a China, quién adjudicó el contrato ni cómo se eligió a la Unops”.
El Concejo presentó una denuncia de control posterior ante el Sercop. Si se detectan irregularidades, esa entidad podría remitir el caso a la Fiscalía. La Contraloría, por su parte, puede establecer responsabilidades administrativas o judiciales al finalizar el examen.
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El convenio con la Unops fue presentado como una solución urgente al problema del transporte en Quito. Pero hasta ahora, el Municipio no ha explicado por qué evitó una licitación pública ni por qué optó por un esquema que, según el SERCOP, no se ajusta a la ley ecuatoriana.
Aulestia señaló que “se justificó todo en nombre de la transparencia, pero la transparencia no la hemos visto”.
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