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La Contraloría General del Estado examinó actuaciones de Emaseo EP entre el 1 de julio de 2021 y el 26 de octubre de 2025. La auditoría revisó el acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la adquisición de seis camiones satélite y los procedimientos utilizados para recibirlos. El examen también abordó el uso de recursos públicos y las responsabilidades relacionadas con esas operaciones.
El contrato de suministro de seis camiones satélite con sistema lifter se suscribió el 15 de agosto de 2024 por 804 587,40 dólares, incluidos 30 907,19 dólares para mantenimiento preventivo durante el primer año.
Personal técnico emitió el 17 de diciembre de 2024 un documento de revisión y recepción que registró el cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitación del PNUD y las especificaciones de Emaseo, de acuerdo con la ficha presentada por el proveedor.
La revisión posterior de Contraloría identificó 13 incumplimientos de 52 especificaciones técnicas contractuales, además de otro relacionado con fichas técnicas que no fueron proporcionadas.
Entre las diferencias constó la potencia. El contrato establecía 210 kW, mientras las pruebas de laboratorio aplicadas a tres unidades registraron 206,417 kW, 205,51 kW y 206,517 kW.
La capacidad de carga útil tampoco alcanzó el requerimiento contractual. Los seis vehículos debían soportar un mínimo de 3,5 toneladas, pero registraron capacidades de entre 3,09 y 3,22 toneladas. Ninguno llegó al mínimo establecido.
Contraloría también comparó las dimensiones. La información del fabricante registraba 2 530 milímetros de ancho y 8 400 milímetros de longitud total; los datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) consignaban 2 475 y 8 242 milímetros, respectivamente.
El examen encontró además una inconsistencia en el octavo dígito del VIN entre la identificación física y la información oficial. Contraloría aclaró que esa diferencia correspondía a los datos de identificación y no constituía una alteración funcional del vehículo.
Contraloría examinó los procedimientos aplicados antes de aceptar los vehículos. Según la auditoría, los documentos suscritos por los funcionarios no contenían protocolos ni resultados de pruebas funcionales, inspecciones, ensayos de laboratorio o una evaluación técnica y mecánica integral.
El organismo también observó que uno de los servidores que participó en la revisión técnica no contaba con la competencia o delegación correspondiente para la recepción.
Las verificaciones posteriores registraron problemas en los vehículos. Al 26 de octubre de 2025, ninguno de los seis camiones estaba operativo y tres permanecían en talleres relacionados con el proveedor cuando Contraloría buscó trasladarlos para pruebas de laboratorio.
El 28 de noviembre de 2025, el equipo auditor efectuó una prueba de ruta con el único vehículo disponible para esa actividad. Durante el recorrido detectó pérdida de potencia del motor y una deficiencia en el sistema de frenos.
La auditoría señaló además que las fallas surgieron durante los primeros meses de operación y antes de que terminaran los períodos de garantía y mantenimiento. El examen registró deficiencias de desempeño ante arranques, pendientes y operación intensiva para la recolección de residuos sólidos.
Contraloría predeterminó un perjuicio económico de 679 655,17 dólares por el caso de los camiones. El organismo relacionó ese monto con la falta de verificación de las condiciones técnicas y mecánicas antes de la recepción y con los días en los cuales las unidades permanecieron fuera de operación debido a deficiencias de desempeño.
El segundo monto corresponde al acuerdo con el PNUD. Hasta el 26 de octubre de 2025, Emaseo transfirió 5 144 925,94 dólares, incluidos cargos, tasas y costos directos de apoyo.
Emaseo registró 107 268,12 dólares bajo el concepto de “Comisiones, Interés, Financieros”. Contraloría predeterminó ese monto como perjuicio económico, pues atribuyó esos pagos a actuaciones que no precautelaron los recursos de la entidad ni observaron el principio de competencia de la administración pública.
La auditoría revisó los informes técnicos y jurídicos que respaldaron el acuerdo y sus enmiendas. Según el examen, esos documentos no justificaron técnica ni jurídicamente por qué no podían aplicarse los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
Contraloría señaló que el instrumento correspondía a una asistencia técnica y prestación de servicios con una entidad de Naciones Unidas. Los recursos para ejecutar el proyecto provinieron de Emaseo.
Otra observación recayó sobre la Enmienda 2. El Directorio autorizó 5 144 925,94 dólares, pero el entonces gerente general suscribió el documento por 5 620 160,18 dólares, una diferencia de 475 234,24 dólares.
El organismo observó que el entonces gerente comprometió recursos por encima del monto aprobado sin autorización previa del Directorio.
Como parte de sus recomendaciones, Contraloría dispuso que Emaseo implemente procedimientos de recepción que incluyan pruebas funcionales, mecánicas y de laboratorio, entre ellas verificaciones de potencia, frenado, emisiones, capacidad de carga y dimensiones.
El gerente de Emaseo, Juan Pablo Pozo, indicó el 2 de septiembre de 2026 que la empresa solicitó al PNUD la ejecución de las garantías técnicas.
Según Pozo, los vehículos llegaron a finales de 2024 y los inconvenientes aparecieron en marzo de 2025. El proveedor realizó mantenimientos preventivos y reemplazó piezas, pero en julio persistían problemas de frenado, tambor de freno y cardán, mecanismo que conecta el chasis con la caja recolectora.
Emaseo propuso una evaluación con un tercero independiente y el PNUD contrató a laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Pozo indicó que esos análisis concluyeron que los vehículos no cumplían las características solicitadas originalmente.
La empresa presentó en diciembre de 2025 una denuncia por una posible estafa y, según el gerente, facilita a la Fiscalía los peritajes, investigaciones y audiencias relacionados con el caso.
Pozo espera alcanzar un acuerdo con el PNUD durante septiembre de 2026. Emaseo plantea recibir vehículos que respondan a los requerimientos originales o, si no existe una solución, solicitar la devolución del dinero entregado.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que los vehículos formaban parte de un proyecto de recolección diferenciada. El modelo contemplaba separar la recolección de residuos orgánicos y materiales reciclables, y estas unidades correspondían a la operación destinada a reciclables.
Muñoz sostuvo que el proveedor entregó vehículos con características diferentes a las solicitadas. Al referirse al caso utilizó el término “estafa”, aunque precisó que corresponde a la Fiscalía investigar y a la justicia resolver.
El Alcalde señaló que las acciones para reclamar por los vehículos comenzaron antes del informe de Contraloría y se refirió al efecto que podría tener la ejecución de las garantías.
“Aquí no se podría consumar todavía un perjuicio para el Municipio”, expresó Muñoz.
Según su explicación, el mecanismo permitiría devolver las seis unidades y exigir al proveedor vehículos que respondan a las especificaciones requeridas.
Este medio solicitó al PNUD su versión sobre los hallazgos de Contraloría, pero no recibió respuesta hasta el cierre de este artículo.
Contraloría identificó deficiencias en la recepción y problemas técnicos y mecánicos en los seis vehículos.
Contexto: Los documentos de recepción no contenían protocolos ni resultados de pruebas funcionales, inspecciones, ensayos de laboratorio o una evaluación técnica y mecánica integral.
No. Al 26 de octubre de 2025, ninguno de los seis camiones estaba operativo.
Contexto: Tres unidades permanecían en talleres relacionados con el proveedor cuando Contraloría intentó trasladarlas para realizar pruebas de laboratorio.
Una prueba de ruta detectó pérdida de potencia del motor y una deficiencia en el sistema de frenos.
Contexto: La prueba se realizó el 28 de noviembre de 2025 con el único vehículo disponible. La auditoría también registró problemas de desempeño en arranques, pendientes y operación intensiva para la recolección de residuos.
Contraloría predeterminó un perjuicio económico de 679 655,17 dólares.
Contexto: El organismo relacionó ese monto con la falta de verificación de las condiciones técnicas y mecánicas antes de la recepción y con los días que las unidades permanecieron fuera de operación por deficiencias de desempeño.
Contraloría predeterminó otro perjuicio económico de 107 268,12 dólares por pagos registrados como “Comisiones, Interés, Financieros”.
Contexto: El organismo atribuyó esos pagos a actuaciones que no precautelaron los recursos de Emaseo ni observaron el principio de competencia de la administración pública.
Los dos montos suman 786 923,29 dólares.
Contexto: La cifra corresponde a 679 655,17 dólares relacionados con los camiones y 107 268,12 dólares vinculados con los pagos registrados como “Comisiones, Interés, Financieros”.
La auditoría señaló que los informes técnicos y jurídicos no justificaron por qué no podían aplicarse los procedimientos de contratación pública establecidos en la normativa.
Contexto: Contraloría indicó que el instrumento correspondía a una asistencia técnica y prestación de servicios con una entidad de Naciones Unidas, financiada con recursos de Emaseo.
El Directorio autorizó 5 144 925,94 dólares, pero el entonces gerente general suscribió la enmienda por 5 620 160,18 dólares.
Contexto: La diferencia alcanzó los 475 234,24 dólares. Contraloría observó que se comprometieron recursos por encima del monto aprobado sin autorización previa del Directorio.
Emaseo solicita la ejecución de las garantías técnicas y plantea recibir vehículos que cumplan los requerimientos originales o recuperar el dinero entregado.
Contexto: El gerente Juan Pablo Pozo espera alcanzar un acuerdo con el PNUD durante septiembre de 2026. La empresa también presentó en diciembre de 2025 una denuncia por una posible estafa.
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