Más de USD 11 millones dice el Municipio de Quito que le adeuda la empresa de publicidad Sarmiento. Ellos niegan ese valor y denuncian las irregularidades del proceso de concesión que se inició hace cuatro años.
Son 414 las paradas instaladas por la empresa sin acarrear ningún costo para la ciudad. A cambio las estructuras podían incluir mupis – mobiliario urbano para publicidad o información – cuyas ganancias serían enteramente para Sarmiento.
Una vez desquitados los USD 8 millones de las paradas de buses, que dice la empresa que costaron, el Municipio recibiría un canon de USD 1,2 millones por los réditos de la publicidad. Sin embargo, el contrato contempla variaciones que no se aplicaron y propician el conflicto legal que podría dejar a la ciudad sin más de la mitad de estos espacios.
El proceso
Ricardo Flores, principal de la empresa Sarmiento en Ecuador, alerta que recurrirán al arbitraje local, tal como establece el contrato, si el Municipio no se abre al diálogo. Al mismo tiempo, aclara que no tienen intenciones de dejar a la ciudad sin paradas de buses.
Aunque tienen a su favor medidas cautelares que impiden la terminación unilateral del contrato, Sarmiento denuncia una persecución por parte de las autoridades capitalinas. “Así cómo va a querer venir una empresa extranjera a invertir”, cuestiona Flores.
Por su parte, Sandro Vallejo, procurador metropolitano, explica que hay elementos judiciales “curiosos” como la asignación del juez y la sede en la Corte Provincial de Guayaquil. Así mismo, denuncia la notificación de dos sentencias diferentes. En la primera un fallo de unanimidad, de los tres jueces, y una segunda con un voto salvado, provocando el pedido de nulidad por parte del Cabildo.
Aún no hay una respuesta de la Corte, pero ambas partes anticipan las acciones a realizar.
Para Vallejo, el contrato está terminado y la deuda es de más de USD 11 millones. Lo que esperan es la resolución de la Corte para tomar decisiones en cuanto al servicio de paradas de buses.
Para el abogado de la empresa publicitaria, Luis Valenzuela, la terminación unilateral vulnera la Constitución y podría terminar incluso con la “destitución del Alcalde si da por terminado el contrato, por desacatar una orden judicial”. Lo que esperan es solucionar el conflicto a través de la mediación o arbitraje.
El problema
De acuerdo con Byron Ruiz, fiscalizador del contrato, hay 242 mupis mal instalados que incumplen la Ordenanza 119. En ella se contemplan requisitos como que las estructuras no estén ubicadas a menos de 20 metros de una intersección ni a más de 100 metros de la parada. Flores rechaza esa acusación y se respalda en las actas de entrega satisfactoria, tras la inspección con los fiscalizadores, realizada antes de la instalación de cada estructura.
Como anécdota, añade la experiencia de una parada colocada en la avenida Colón, en el norte de Quito. Esta tuvo que ser reubicada porque no respetaba los parámetros establecidos de estar a 100 metros de una bifurcación.
“El Municipio mismo no cumple con los parámetros técnicos en las calles”, señala Valenzuela. El principal de Sarmiento tacha de ilógica la cantidad de la deuda que ahora trata de “cuadrar (el Municipio) para quedarse con las paradas”.
Según el contrato, el Cabildo tenía ocho días para notificar irregularidades en la instalación de estructuras y que la empresa subsane los errores. Ahora, cuatro años después de firmado el contrato, el conflicto amenaza con afectar a la ciudad y al país, en caso de llegar a cortes internacionales.
El contrato
El contrato se firmó en abril de 2018 durante la alcaldía de Mauricio Rodas. Incluía la instalación de 414 paradas de buses, 519 mupis y 20 relojes cuyo costo y mantenimiento debía asumir la empresa privada.
A cambio se estableció el pago de USD 1,2 millones de canon para el Cabildo.
En el contrato consta que ese valor podría reducirse a la mitad si las autoridades capitalinas no controlan la publicidad en los sectores concesionados; este tema denunció la empresa en 2019 ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El Municipio no dio paso a la reducción del canon. Lo que sí hizo fue aceptar que existían vallas sin licencia metropolitana.
Finalmente, la Contraloría General del Estado auditó el contrato y emitió recomendaciones en diciembre de 2021. Entre ellas, que se revise el estado de las paradas y los mupis. El mantenimiento de las primeras no se suspendió, pero la instalación de 96 estructuras publicitarias no se logró.