En barrios de Quito como en Real Alto, Cumbayá, tienen portones metálicos, jardineras, rejas y cámaras para impedir el paso de personas o vehículos por calles públicas. Estas acciones violan el Código Municipal, pero se han convertido en una respuesta directa frente al aumento de la inseguridad. Los cercos no cuentan con autorización legal, sin embargo, la ciudadanía opta por colocarlos por su cuenta.
El artículo 4198 del Código Municipal califica como infracción grave el cierre de vías sin emergencia comprobada o permiso. La sanción equivale a cinco salarios básicos unificados (2 300 dólares). En caso de reincidencia, la multa se duplica. Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC), entre 2024 y los primeros meses de 2025 se iniciaron cinco procesos sancionatorios por esta práctica.
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Los barrios de Quito ponen portones por inseguridad
El aumento de cierres barriales coincide con una tendencia sostenida al alza en los robos a viviendas. La Fiscalía General del Estado registró 810 robos a domicilios en Quito durante 2024, con un promedio mensual de 67,5 casos. Marzo fue el mes con más denuncias (89), mientras que febrero tuvo la menor cantidad (53).
Entre enero y mayo de 2025, la Fiscalía registró 355 casos, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Marzo volvió a ser el mes más crítico, con 80 robos. En febrero se reportaron 72 casos, en abril 73 y en mayo 69.
Los robos ya no se concentran solo en la noche
En 2025, la franja horaria con más robos a domicilios fue la tarde, con 113 casos. Le siguieron la noche (91), la madrugada (83) y la mañana (68). En 2024, la mayor parte de denuncias (32,8%) no especificó hora. Entre los reportes que sí lo hicieron, la tarde representó el 17,4%, la noche el 17,3%, la madrugada el 16,7% y la mañana el 15,8%.
Los días de mayor incidencia también cambiaron. En 2024, el domingo registró 31 robos y el jueves 29. En 2025, el martes lideró con 57 casos, seguido del sábado con 52. Estos cambios confirman que los robos a viviendas ocurren en distintos momentos de la semana y del día, lo que incrementa la percepción de riesgo constante, según detalla Wilson Goyes, experto en seguridad.
Inseguridad sin respuesta impulsa medidas comunitarias
Goyes resalta que la falta de presencia policial en los barrios genera desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía. Ante esta situación, los moradores actúan por cuenta propia. El cierre de calles busca generar protección inmediata y disminuir la ansiedad frente a robos, asaltos o desmantelamiento de vehículos.
En barrios como La Unión Nacional, al norte de Quito, los vecinos reportaron robos de vehículos completos, ataques a personas a pie y desmantelamiento de automotores. La comunidad considera implementar guardias privados y cámaras, aunque reconoce que no todos pueden cubrir los costos. Un cierre total de calles resulta difícil por la estructura vial, pero es uno de los puntos debatidos en la comunidad.
Restricciones arbitrarias en urbanizaciones públicas
En Cumbayá, los habitantes de la urbanización Real Alto enfrentan un conflicto interno por decisiones adoptadas por una directiva barrial sin votación. Aunque la urbanización tiene carácter público, la administración actual exige pagos retroactivos de hasta 6 000 dólares, correspondientes a cuotas que el reglamento califica como voluntarias. A quienes no cancelan, se les restringe el ingreso a sus propias viviendas.
Desde hace dos semanas, decenas de personas deben hacer fila para presionar un botón que permite el acceso. Las barreras afectan no solo a propietarios, sino también a visitas, proveedores y personal de servicio. Los moradores denuncian a la AMC que esta medida viola derechos constitucionales como el acceso al hábitat adecuado y a la ciudad.
Fragmentación urbana por falta de presencia estatal
Goyes afirma que la decisión de cercar barrios no solo responde al miedo, sino también a una sensación de abandono institucional.
Esta dinámica genera una ciudad dividida entre sectores que pueden contratar seguridad privada y otros que quedan expuestos. Además, “los cerramientos dificultan la circulación de ambulancias, patrullas o vehículos de emergencia“, afirma el experto.
Goyes también cree que el fenómeno de los barrios amurallados refleja una transformación urbana empujada por el miedo, la desigualdad y la falta de protección. “Mientras no existan respuestas efectivas desde el Estado, estas medidas se expanden, pese a que la normativa las prohíbe”, afirma.
La AMC señala que ningún barrio está autorizado para cerrar calles por su cuenta. Sin embargo, el experto Wilson Goyes indica que, ante el aumento de robos a domicilios y la concentración de recursos estatales en otras áreas, las comunidades optan por protegerse por sus propios medios, aun cuando eso implique incumplir la normativa.
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