El proceso judicial sobre la administración del estadio Olímpico Atahualpa sigue sin una resolución definitiva. Este viernes 20 de junio de 2025, el juez José Cornejo, de la Unidad Anticorrupción, suspendió la audiencia de acción de protección presentada por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP). La diligencia se reanudará el martes 24 de junio a las 10:00.
Más noticias
La disputa por el estadio Olímpico Atahualpa
La decisión del juez llegó después de dos horas de intervención de las partes involucradas. El Municipio de Quito presentó documentación con la que sustenta la reversión de la donación del estadio, que fue entregado a la CDP en 1966. El juez indicó que es necesario garantizar la contradicción, es decir, que la parte demandante tenga la posibilidad de revisar y responder a los argumentos del Cabildo.
La controversia por la administración del estadio estalló el 8 de junio, cuando la Agencia Metropolitana de Control clausuró el escenario deportivo por la presencia de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP). Al día siguiente, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que el Municipio iniciaría el proceso de reversión de la donación, argumentando que el predio no ha recibido el mantenimiento adecuado y que se han incumplido varias condiciones pactadas en 1966.
Muñoz afirmó que de las ocho cláusulas establecidas en la escritura de donación, al menos cuatro han sido violadas. Estas incluían mantener el bien, construir áreas para nuevas disciplinas deportivas y entregar entradas gratuitas para estudiantes de planteles municipales. Según el Alcalde, estos incumplimientos habilitan legalmente la reversión.
El Concejo Metropolitano aprobó esa reversión el 11 de junio. Al día siguiente, el Municipio comenzó el trámite de inscripción del predio en el Registro de la Propiedad. El 17 de junio, Muñoz aseguró que el estadio ya consta como propiedad municipal.
Medida cautelar y acuerdo con el Ministerio del Deporte
La CDP presentó una acción de protección que derivó en una medida cautelar emitida por el juez Cornejo el 17 de junio. La resolución ordenó detener el proceso de inscripción mientras se resuelve el fondo del conflicto.
Ese mismo día, el Municipio de Quito y el Ministerio del Deporte anunciaron un acuerdo para instalar mesas técnicas que analicen un nuevo modelo de gestión para el estadio. Ambas instituciones coincidieron en que el escenario, inaugurado en 1951, se encuentra en estado de abandono. La propuesta incluye evaluar la participación del sector privado.
Mientras tanto, la administración del estadio permanece en disputa legal. La audiencia que definirá el futuro del predio se retomará el 24 de junio.
