ANT retoma atención presencial desde este martes 10 de febrero

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reabre sus puertas en Quito este martes, para procesos de homologación y certificación.

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmó que, como parte de su plan de reactivación progresiva, a partir del martes 10 de febrero de 2026, la agencia matriz en Quito retomará la atención presencial. Esta reapertura busca agilizar la recepción de nuevos expedientes y la corrección de procesos observados anteriormente.

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Servicios disponibles

A partir de este martes 10 de febrero, los usuarios podrán gestionar nuevos procesos y subsanar observaciones en los siguientes servicios:

  • Homologación de vehículos: vital para la introducción de nuevos modelos al mercado.
  • Homologación de dispositivos y equipos de medición: incluye radares, taxímetros y otros equipos de control.
  • Autorización de licencia de importación de tricimotos: gestión específica por unidad.
  • Calificación de aplicativos móviles: dirigido a plataformas tecnológicas en materia de transporte terrestre.

Trámites adicionales

Además, la ANT habilitará exclusivamente la subsanación de observaciones (corrección de documentos o errores en procesos ya iniciados) estos dos trámites adicionales:

  • Emisión de certificación vehicular: específicamente por cambio de servicio o modalidad.
  • Certificación de aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): trámite tributario-vehicular necesario para diversos registros.

Objetivo de la reactivación

La ANT subrayó que estas acciones buscan restablecer la operatividad de forma planificada, transparente y responsable. La entidad recalcó que esta reactivación es progresiva y transparente. Se aconseja a los usuarios acudir con la documentación completa para evitar demoras, mientras se espera la habilitación de más servicios en los próximos días.

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Intervención por presuntas irregularidades y depuración

El cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no solo respondió a mejoras técnicas, sino a una intervención necesaria para investigar presuntas redes de corrupción que habrían vulnerado el sistema de registro nacional.

Esta medida permitió a las autoridades auditar los procesos de emisión de títulos y certificaciones, con el fin de detectar irregularidades en la base de datos. Además de fortalecer los protocolos de transparencia institucional.

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