Un Tribunal de la Corte Provincial del Guayas emitió una sentencia favorable a los hermanos Roberto y William Isaías. Los jueces ratificaron la disposición de devolverles sus bienes, que les incautaron el 8 de julio del 2008.
Durante el gobierno de Rafael Correa, la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ordenó la incautación de 195 bienes y empresas de los Isaías, ubicadas en diferentes partes del país
¿Qué bienes les confiscaron?
Entre los negocios que fueron incautados consta una importadora de maquinaria agroindustrial, una industria azucarera, dos imprentas, una empresa de mensajería y paquetería, compañías de comercio, de seguros y de construcción.
Además, fueron confiscados once medios de comunicación como los canales de televisión TC, Gamavisión, TVCable y varias radios. Estas compañías aún están en manos del Estado.
También se incautaron haciendas y viviendas. Entre las propiedades consta una mansión ubicada en Lumbisí, nororiente de Quito, donde el correísmo instaló la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Además, bienes como una colección de autos clásicos, obras de arte, pintura colonial, entre otros.
Los hechos
Ayer (13 de septiembre del 2022) se conoció que los jueces provinciales ratificaron la decisión del juez de primer nivel, Johnny Lituma. En mayo de este año, ese juez dispuso la restitución de las empresas y bienes.
El objetivo era venderlos para indemnizar al Estado y a los depositantes perjudicados por la quiebra de Filanbanco, una entidad financiera de propiedad de los Isaías, que quebró en el feriado bancario.
Por otra parte, la Procuraduría General anunció que impugnará la resolución de la Corte del Guayas y también dijo que presentará una acción extraordinaria de protección para que se revise el fallo judicial.
Demanda contra el Estado
Más de 13 años después de esa incautación, los Isaías también demandaron a Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar por una cantidad no menor a USD 2 000 millones.
Piden que el Estado ecuatoriano les pague ese valor como una medida de reparación “por los daños causados” tras “una ilegal incautación de sus bienes”.