Redacción Política
El 27 del mes en curso se prevé que esté listo el primer borrador de la Ley de Comunicación. Esa es la aspiración de la asambleísta que preside la comisión ocasional para construir el texto, Betty Carrillo (A. País).
Este documento incluirá los articulados que se desarrollen bajo ocho ejes: la Constitución y los tratados internacionales, la comunicación como un bien o un derecho, el alcance de la ley, su carácter cultural y plurinacional, la definición de las telecomunicaciones, el sistema de regulación o de control, el tema de los contenidos, el papel de Estado y la profesionalización de quienes ejercen la comunicación en los medios.
Para elaborar la propuesta, además de los tres proyectos de ley calificados (el del Foro de la Comunicación, el del Gobierno y el de César Montúfar), la comisión y sus asesores analizan 14 insumos de diferentes actores que llegaron hasta ayer a la Asamblea.
Entre ellos, el Colectivo Ciudadano por los derechos de la Comunicación, los gremios de radio y televisión, el Consejo Nacional de Cine, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, Grupo EL COMERCIO, la Asociación de Productores de TV, la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, asambleístas, expertos en contenidos, entre otros.
Los aportes de estos grupos se enmarcan, sobre todo, en las observaciones a la ley propuesta por el Gobierno. Por ejemplo, los gremios de radio y televisión creen que no es necesario que para expresar una opinión en un medio deban profesionalizarse.
El Consejo de Cine, en cambio, propone establecer 100 horas anuales en el horario estelar de los canales de televisión para la programación con producción nacional independiente. Entre los proponentes más críticos está la UNP, que realizó observaciones a los tres proyectos.
En la del Gobierno, presentada por el asambleísta Rolando Panchana, sugiere que se supriman los artículos que dan tratamiento especial a los medios comunitarios y a los comunicadores comunitarios, “ya que la ley es para todos los actores”. También cree que se debe aclarar el tema de grabaciones clandestinas y las causas del retiro del registro, que proponen dure nueve años.
El Colectivo Ciudadano, en cambio, pide que se garantice el derecho a la rectificación y se distribuyan equitativamente las frecuencias entre lo público, lo privado y lo comunitario, entregando un 33% cada uno, con el fin de desconcentrar las frecuencias.
Mientras que la Senatel presentó un reglamento para la regulación técnica de contenidos, donde se establecen parámetros para clasificación de audiencias, franjas horarias, tipos de contenidos y clasificación de contenidos según las audiencias. También definen parámetros de violencia, conductas y lenguaje inapropiado.
Los aportes de los asambleístas María Cristina Kronfle (PSC/MDG) y Fernando Vélez (PSP) aún están en análisis.
El grupo asesor se encarga de examinar las propuestas y entregarlas a la comisión, que durante esta semana abordará los ejes de Constitución y acuerdos internacionales.
Además, para absolver dudas técnicas, la comisión conformará un consejo consultivo, integrado por profesionales en diversas ramas de la comunicación. Ellos darán sus aportes, aunque no tendrán ingerencia directa. Hasta ayer se conocía de 27 candidatos, de los que se escogerá solo a ocho.