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Proyecto crea Directorio del Banco Central y cambia el cálculo de la deuda

Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador. Marcos López, delegado del Presidente ante la Junta Monetaria. Fotos: EL COMERCIO

Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador. Marcos López, delegado del Presidente ante la Junta Monetaria. Fotos: EL COMERCIO

Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador. Marcos López,
delegado del Presidente ante la Junta Monetaria. Fotos: EL COMERCIO

El proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que el Ejecutivo remitió el viernes 18 de octubre del 2019 a la Asamblea, no solo contempla ajustes tributarios sino también reformas al manejo de las finanzas públicas y al Código Monetario.

El Consejo de Administración de la Asamblea (CAL) debe reunirse estos días para calificar la iniciativa legal y delegar su análisis a una de las comisiones especializadas.

El texto, que tiene 404 artículos, iría a la Comisión de Régimen Económico, según el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso.

Las bancadas legislativas ya analizan la normativa. Luis Pachala, coordinador de Creo, dijo que analizarán el proyecto bajo los principios del movimiento, que son: el que más tiene, más paga; menos impuestos y menos trámites; más oportunidades y más empleo.

El proyecto, entre otras propuestas, contempla una contribución de entre el 0,1% y el 0,2% de 10 403 empresas que facturaron más de USD 1 millón en el último año. Además, elimina el pago del anticipo al impuesto a la renta, elimina el derecho a la deducción para quienes tienen ingresos mayores a USD 100 000 al año, grava con 10% de ICE los planes móviles de las personas naturales, entre otros.

Henry Cucalón, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), ve en el proyecto una oportunidad para cambiar la realidad del sector privado que, según dijo, “se encuentra asfixiado ante tanta normativa estatista”. El legislador respalda la eliminación del anticipo y la rebaja del impuesto a la salida de divisas para ciertos rubros. Con lo que no está de acuerdo es que se plantee excluir de la deducción de gastos a aquellas personas con remuneraciones de más de USD 100 000 anuales.

“Creo que la Asamblea debe tener seriedad y apertura para poder tramitar este tema, que bien aplicado puede constituir una herramienta positiva”, sostuvo Cucalón.

Ximena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País (AP), sostiene que es “muy prematuro” pronosticar si ­habrá los 70 votos que se requieren para aprobar la propuesta en el Pleno. “No quisiera adelantar criterios sin haber analizado primero el tema”, agregó.

Lo que le preocupa es que el proyecto haya llegado a menos de un mes del plazo que tiene el Ejecutivo para enviar la Pro forma Presupuestaria a la Asamblea. “Tiene que haber una articulación entre ambos temas”, señaló Peña.

El proyecto tributario generará USD 700 millones, pero no entrarán en la Pro forma, puesto que solo pueden incorporar ingresos aprobados y no aquellos en trámite. Además, la reforma incluye cambios encaminados a un mejor manejo del gasto público.

Por ejemplo, se plantea que el Fisco pueda aumentar o rebajar hasta en un 5% los ingresos o gastos del Presupuesto aprobados por la Legislatura.

La norma actual permite que la revisión sea de hasta el 15%.

Otra variante es al cálculo de la deuda pública. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, cree que la definición propuesta en el proyecto se apega más a los conceptos de deuda que maneja el Fondo Monetario.

La legislación actual establece que el peso de la deuda en la economía no debe ser mayor al 40%. En el proyecto, ese porcentaje no incluirá toda la deuda pública, sino que se consolidan las deuda del Seguro Social y otros entes del sector público no financiero. Al consolidarse no se tienen en cuenta esas obligaciones y el peso de la deuda sobre la economía se reduciría. Hoy es del 51%.

El proyecto de Ley también incluye importantes cambios al Código Monetario, aprobado en el 2014 por el Gobierno anterior. El proyecto de Ley reduce las facultades de la poderosa Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera e incluso le cambia de nombre.

La integración de este organismo también se modifica. En lugar de ministros, se integrará con técnicos con formación de tercer nivel, refirió Marco López, delegado del Presidente de la República ante la Junta.

A diferencia de lo que ocurre actualmente, el BCE volverá a tener un Directorio. Este se conformará con cinco personas independientes, que no sean funcionarios públicos. La entidad se encargará de definir las políticas monetarias.

El cambio permitirá que el Directorio del BCE tome decisiones técnicas sin presiones políticas, expresó López.

En contexto

Al tratarse de un proyecto de Ley con carácter económico urgente, la Asamblea Nacional tendrá 30 días para su tratamiento. La Comisión Especializada que analice el documento deberá elaborar su informe para primer debate, en un plazo máximo de 10 días.

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