13 de August de 2011 00:01

La voz de Aponte puede ser callada

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Son las 06:30 en Loja y el programa ‘Primer Plano’, que se difunde a través de radio Centinela del Sur (FM), está al aire. Es el espacio de opinión de Freddy Aponte, un periodista que lleva 20 años como radiodifusor y que fue sentenciado a cinco años de prisión, por sus sistemáticas y ácidas opiniones contra el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo.

En los primeros minutos revisa la información que traen los medios impresos locales (La Hora y Centinela). 15 minutos antes de que arranque el programa empiezan a ingresar las llamadas, que alertan de los diferentes problemas que se suscitan en los barrios lojanos. Otras son en apoyo al comunicador.

Durante los 150 minutos que dura el programa realiza entrevistas a invitados. Los temas que se tratan son variados: desde análisis políticos hasta conflictos sociales.

Aponte se graduó de abogado y egresó de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja. Desde niño le gustó la radio. Leía en voz alta, lo que le permitió modular su voz. José Luis Jiménez, su maestro de la escuela, le dijo que él sería un periodista radial. “Sus palabras se cumplieron y aquí estoy, siendo el puente entre la sociedad y la autoridad”.

La forma de expresar sus opiniones y tratar los diversos temas hizo que se ganara el afecto de su audiencia. Por eso su programa goza de popularidad. El taxista lojano Germán Briceño, de 48 años, es su fiel oyente. “Desde hace cinco años escucho el programa. Me gusta porque el periodista es directo y dice en la cara a las autoridades cuando fallan”.

Aponte es el último de nueve hermanos y fue sobreprotegido por su padre, porque su madre falleció cuando él tenía 5 meses. Amanda, la cuarta de sus hermanos, dice que “él se gana el cariño de todos, le gusta ser sociable y hace amigos muy fácilmente”.

Su pasión por los sucesos sociales se inició en 1991, con José Coronel, en la emisora Centinela del Sur. Luego pasó a la emisora Luz y Vida, en la que laboró durante siete años, antes de ser encarcelado durante tres meses. Eso ocurrió en el 2008.

Durante su vida periodística enfrentó varias denuncias en las que estuvieron involucrados políticos de la capital lojana. Entre estas querellas enfrentó tres juicios planteados por José Castillo, ex alcalde de Loja. Castillo demandó al comunicador por afirmar que la zona de tolerancia de Loja había sido comprada a nombre de un pariente cercano de Castillo y no de la Municipalidad.

“Me rijo por las leyes de la naturaleza, juro ante Dios que nunca proferí los términos por los que él (Castillo) me denunció. Nunca hubo la prueba material (grabaciones) de esa aseveración, por eso fui absuelto por el primer Juez. Pero en la Sala de lo Penal se politizó el caso y ahora me sentencian”, señala Aponte.

En el último juicio que enfrentó, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja lo sentenció a cinco años de prisión correccional, en el centro de rehabilitación Social de Loja.

Esta sentencia se dio por el delito de insolvencia fraudulenta al no pagar USD 54 633,60 al ex Alcalde lojano. Ese valor se fijó por daños morales.

Aponte asegura que no tiene cómo pagar. Pero en las investigaciones, el fiscal Boris Aguirre demostró ante los jueces que era falsa la insolvencia económica que el acusado alegó, para no cancelar la indemnización por daños y perjuicios (segundo juicio). Según el Fiscal, encontraron USD 190 000 en una cuenta bancaria a nombre de Aponte y bienes a nombre de sus familiares. Su abogado defensor, Adolfo Moreno, tras conocer la sentencia del Tribunal apelará el dictamen.

Por su parte, Bolívar Castillo asegura que Aponte perteneció a su antiguo partido político, Democracia Popular, en 1981. Sin embargo, recuerda que con el pasar del tiempo se alejó y el comunicador inició una campaña denigratoria en su contra.

“Desde hace larga data el señor Aponte venía con sus insultos. Como Alcalde tomé decisiones respecto de la prostitución callejera y adquirí estos terrenos para el área de tolerancia. Se compró el terreno a nombre del señor Villavicencio, pariente en sexto grado, pero con dineros de los dueños de los centros de diversión y no con el dinero del Municipio”, asegura.

Hace dos años, Aponte fue invitado a la Presidencia por la Comisión de la Verdad, dirigida por Elsie Monge, por un supuesto abuso de Castillo.

El ex Alcalde dijo que también fue perjudicado por esa comisión, donde se decía que a “más de ser ladrón soy un asesino”. “Esta campaña la hacía usando apodos como el ex alcalde, el chato, el cacique… No podía actuar a pesar que sabía que se refería a mí”.

En su argumento, Castillo dice que Aponte lo agredía continuamente, pero un día invitó al economista Oswaldo Burneo a la radio Luz y Vida para hablar del tema. “Ahí dijeron con nombres y apellidos: Bolívar Castillo compró esos terrenos a nombre de un familiar”, pude iniciar el juicio.

Aponte está sujeto a cumplir la ley. Ahora el periodista sigue con su programa de opinión.

Iván Roldán, analista político, considera que la sentencia va contra la libertad de expresión. Además de ser una represión a la prensa porque pone en evidencia que la justicia se ha politizado.

Punto de vista

César Ricaurte / Director de Fundamedios
‘El periodista está desprotegido’

El ex Alcalde de Loja ha realizado un persecución política en  contra el periodista  Freddy Aponte. Incluso si hubiesen  existido injurias, estas faltas no debían ser juzgadas por vía penal.

Aponte ya estuvo preso, pero no contento con eso se le planteó una demanda. Al no poder pagarla,  lo volvió a demandar por quiebra fraudulenta y esto desembocó en una posible sanción de cinco años. Que un periodista tenga que ir a la cárcel es   un acontecimiento inédito.  Es un caso grave, que provoca autocensura al  trabajo de los comunicadores. Ellos  dejarán de criticar las acciones de las autoridades locales por temor a posibles represalias. Esto significa un retroceso en el respeto a las libertades.  

Otro punto que se evidencia es la falta de protección de los periodistas contra los poderes locales. Vemos cómo se mueven los hilos del poder y el periodista está en desprotección.
Además, los jueces actúan tratando de castigar al periodista haciendo caso omiso a los derechos y pactos internacionales.

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