La vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, continúa enfrentando incertidumbre sobre su situación política. La tarde de este viernes 21 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sesionará para determinar si se mantiene en funciones o si se suspenderán sus derechos de participación por dos años. Esto ocurre tras una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien la acusó de incurrir en violencia política de género.
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Proceso en el TCE contra Verónica Abad
El Tribunal Contencioso Electoral evaluará el recurso de apelación interpuesto por Abad contra la sanción que le impuso la suspensión de sus derechos políticos. La sesión está programada para las 18:15 en la sede del organismo, ubicada en el norte de Quito.
En esta instancia, se analizará si se revoca o se mantiene la sanción, que también incluye una multa de 30 salarios básicos, equivalente a 13 800 dólares.
Denuncia y desarrollo del caso
El juez Guillermo Ortega determinó que Abad cometió una infracción electoral grave, según lo establecido en los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, que tipifican la violencia política contra mujeres en funciones públicas. Como respuesta, la vicepresidenta apeló la decisión y ahora el pleno del TCE revisará el caso.
El pasado 19 de marzo, el Tribunal rechazó las recusaciones que Abad presentó contra los jueces Ivonne Coloma y Ángel Torres, permitiendo que el magistrado ponente, Joaquín Viteri, continúe con el trámite del proceso.
Contexto de la resolución del TCE
La decisión del Tribunal se emitirá a menos de 48 horas del inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta, en la que el presidente Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrenta a Luisa González, de la alianza Revolución Ciudadana (RC).
Actualmente, Abad se encuentra en Ankara, Turquía, desempeñando funciones como encargada de negocios, asignada por el presidente Noboa, mientras se resuelve su situación legal.
¿Qué pasaría con Abad si el TCE ratifica la suspensión?
El constitucionalista Edison Guarango explicó que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el estatus jurídico de cualquier vicepresidente del Ecuador. Estableció que no puede ser equiparado a un funcionario público común.
Como ejemplo, señaló que si un servidor del Ministerio del Interior pierde sus derechos políticos, debe dejar su cargo de inmediato. Sin embargo, en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, la situación es diferente, ya que su posición corresponde a la de un funcionario de alto rango elegido por votación popular. Según Guarango, la Corte determinó que no puede ser destituida automáticamente.
Los artículos 149 y 150 de la Constitución indican que el vicepresidente de la República tiene las mismas inhabilidades que el presidente. Además, establecen que la Asamblea Nacional es la instancia responsable de resolver casos de ausencia temporal o definitiva.
En este contexto, Guarango sostuvo que, si el TCE ratifica la sentencia contra Abad, correspondería a la Asamblea Nacional iniciar un proceso para definir su permanencia en el cargo.
