8 de August de 2011 00:03

TCE: Escudero usó recursos públicos en campaña

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La sentencia de la jueza Alexandra Cantos ratifica la denuncia permanente que los sujetos políticos realizaron durante la consulta popular: el posible uso oficial de fondos públicos en la campaña.

La semana pasada, Cantos, quien es vocal del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sentenció a la ex secretaria del Migrante Lorena Escudero, con la destitución del cargo y con el pago de 10 remuneraciones básicas.

La razón: un presunto uso de recursos públicos con fines electorales, durante una videoconferencia realizada en España el 31 de marzo pasado, cuando los organismos del Estado estaban prohibidos de hacer promoción electoral. La denuncia fue presentada por Fernando Flores, asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África, el 11 de mayo.

La sentencia fue apelada por Lorena Escudero y por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, quien también fue sentenciado.

Cantos dispuso al Pleno del CNE que analice la actuación del funcionario, alrededor de la organización del conversatorio realizado en Madrid, en España: “Un voto informado es un voto responsable”. Para el presidente del CNE, la sentencia “es un exceso” y hay de por medio una interpretación errada de Cantos.

Esta semana, el Pleno del Tribunal Contencioso tendrá que pronunciarse sobre estas apelaciones. En el caso de que la sentencia de la jueza Cantos sea ratificada, las alertas que realizaron sujetos políticos sobre el uso de fondos públicos tendrían sustento.

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, considera que la sentencia es una “muestra clara” de que las denuncias realizadas por los actores políticos y organizaciones fueron ciertas.

Durante la campaña, esta agrupación alertó sobre el uso de fondos públicos para la promoción de la tesis gubernamental. Además, su centro de monitoreo registró la difusión de ‘spots’ del Ministerio de Relaciones Laborales por USD 212 501. Estos hacían relación a la pregunta 10 de la consulta relacionada con la afiliación obligatoria al Seguro Social.

La denuncia contra Lorena Escudero no ha sido la única que sujetos políticos han presentado en el TCE por el uso de fondos públicos en la campaña (ver cuadro).

El asambleísta Paco Moncayo, quien presentó un recurso contra la Ministra de Cultura, dice que el país se ha acostumbrado a que se pisoteen las leyes.

Reitera que la decisión del CNE de calificar al presidente Correa como sujeto político, sin que haya pedido una licencia, le permitió utilizar toda la capacidad del Estado para promocionar su tesis. “Hubo un enorme gasto y eso debe ser justificado”.

Precisamente, hasta el viernes pasado, cuando venció el plazo para justificar los gastos de campaña, la tesorera de Alianza País no presentó la documentación.

Fausto Camacho, vocal del CNE, asegura que la responsable de fondos de A. País será quien debe responder por los posibles gastos de Correa en la campaña.

Pero Galo Mora, secretario de la lista 35, dice que el movimiento solo responderá por sus gastos, mas no por los del Presidente, que no recibió aportes privados.

El caso causa malestar entre asambleístas como Moncayo, Andrés Páez y Fausto Cobo, quienes consideran que los gastos que realizó el Gobierno no pueden quedar en el limbo.

Aunque el Gobierno promocionó la tesis del Sí para la consulta popular, Camacho dice que la posibilidad de realizar un análisis profundo de los gastos de campaña es complicado. Entre otras razones, debido a que “no se dio un seguimiento adecuado a las campañas de los sujetos políticos”.

Además, sostiene que de ratificarse la sentencia contra Escudero, esta no acarreará responsabilidad del Gobierno.

Pero para Páez, la sentencia sí vincularía al Régimen, pues la denuncia es contra una ex funcionaria cuyos planes estaban ligados a sus estrategias.

Por su parte, el Gobierno evita pronunciarse hasta que la sentencia no esté en firme. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, dice que su posición es de “desacuerdo” con el fallo condenatorio.

Si el TCE ratifica el polémico fallo, la Contraloría General del Estado deberá investigar este posible mal uso de fondos públicos.

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