Puede haber dos formas de analizar el comportamiento de un político. La una, desde las atribuciones que le confiere la ley, ya sea por la majestad de su cargo o por los derechos ciudadanos que le cobijan. La otra forma puede ser desde la dimensión ética de sus decisiones.
El alcalde de Loja, Bolívar (‘Chato’) Castillo, actuó conforme le ampara la Ley de Comunicación el momento en que decidió demandar a diario La Hora Loja, ante la Superintendencia de Comunicación, por censura previa. Ese medio no publicó la rendición de cuentas del Burgomaestre, un evento que para el aludido era de relevancia pública. En las próximas horas se conocerá el veredicto de la autoridad; el pronóstico es reservado.
Fue evidente desde un inicio que quienes idearon la ley de medios, además de ‘promover los derechos de comunicación de todos y todas’, buscaron darle un matiz severamente sancionador en contra de los medios privados. Casi dos años después de su vigencia, sendos informes internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en el Ecuador, como Reporteros sin Fronteras y Freedom House, así lo han corroborado.
En su breve paso por la Legislatura que preside Gabriela Rivadeneira, el ‘Chato’ Castillo se convirtió en uno de los más entusiastas impulsores de la Ley de Comunicación que, debido a la aplastante mayoría de Alianza País y sus acólitos, se aprobó sin inconvenientes.
El entonces legislador lojano y líder del grupo ARE fue quien planteó en el informe final para segundo debate la figura de la Superintendencia de Comunicación, con toda su capacidad sancionatoria.
Por eso, al ser el padre de esa institución, debería resultarle muy incómodo acudir a ella y pedir castigo para un medio que se abstuvo, por las razones que fueran, de publicar su rendición de cuentas como Alcalde de Loja. Las leyes no le impiden actuar como lo ha hecho. Los recaudos debieron salir de su fuero interno. Ante casos como este, es triste que el Ecuador haya perdido su capacidad de indignación.