El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, dijo que las movilizaciones convocadas para este miércoles 23 de marzo de 2022 son un derecho. Sin embargo, considera que las marchas buscan presionar a la Asamblea Nacional para que el proyecto de Ley de Inversiones no se apruebe.
El Pleno del Legislativo tiene previsto retomar la sesión este jueves 24 de marzo, a las 13:00, para conocer el informe final sobre las modificaciones al proyecto.
Ese día culmina el plazo para que la Asamblea se pronuncie con una probación o archivo. De lo contrario, el proyecto, tal como lo plantea el Gobierno, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Igual que la reforma tributaria.
Fuertes manifestó, en una entrevista en Ecuavisa, que la movilización nacional, convocada para este miércoles por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), es un derecho que tienen para expresarse, que “no hay ningún problema”.
No obstante, advirtió que “tampoco hay que ser ingenuos. Hay una coincidencia entre la marcha de ayer de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y lo que hoy va a ocurrir”.
El funcionario cree que el objetivo de los manifestantes es “presionar a los asambleístas a efectos de que no se apruebe la propuesta de Ley de Inversiones remitida por el Ejecutivo”.
Cuestionamientos al debate de la Ley
Según el funcionario, hay una superficialidad del debate respecto al proyecto porque actores políticos y sociales “se han limitado a posicionar esa palabrita, privatización”.
Las declaraciones reflejan “una gran ignorancia sobre todo lo que tiene que ver con estas propuestas de modernización e innovación en la participación público privada”, consideró Fuertes. El subsecretario explicó que la Constitución prohíbe la privatización de sectores estratégicos.
Para el Gobierno, platear la propuesta es esperar que se hagan modificaciones, pero sin que se pierda la esencia del proyecto porque se “estaría truncando el objetivo”, dijo Fuertes. Esto en relación a que algunos legisladores piden que se elimine el capítulo referente a las alianzas público privadas.
Los escenarios del futuro de la Ley
La autoridad gubernamental no descarta que el proyecto pueda entrar en vigencia por el Ministerio de la ley, debido a la clase política que representa la Asamblea.
Pero si los legisladores logran archivarlo, el Ejecutivo no optará por la muerte cruzada. “Es un instrumento que consta en la Constitución, pero el Gobierno no ha querido, no quiere utilizarle como un elemento intimidatorio”, dijo.
Sin embargo, la consulta popular sí es uno de los mecanismos que el Gobierno analiza para determinar la implementación de la propuesta de Ley.