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Debate del proyecto de Ley de Inversiones, suspendido por desacuerdos

Los asambleístas suspendieron el segundo debate de la Ley de inversiones el 22 de marzo de 2022. Foto. Flickr Asamblea Nacional

El segundo debate del proyecto de Ley de Inversiones, que arrancó este martes 22 de marzo de 2022, se retomará el próximo jueves 24. Es decir, el mismo día que vence el plazo para su tratamiento.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Daniel Noboa, solicitó suspender el debate. Esto debido a que “no se ha llegado a algún consenso” para la aprobación del informe.

Además, Noboa señaló que la Comisión requiere esas 48 horas para incorporar las observaciones hechas este día por la Asamblea y elaborar un documento final antes de la votación. “Estoy acá para ver si hacemos un esfuerzo para llegar a un acuerdo de tener esos 70 votos que el país necesita”, manifestó.

Bancadas ratifican el archivo de la Ley en el debate

A las 8:00 de este jueves arrancó el segundo debate del proyecto con la lectura del documento final. La Comisión inició su elaboración desde el pasado 1 de marzo, para cumplir con los plazos que tiene previsto la norma, al ser una iniciativa de carácter económico urgente.

El ponente de la Ley, el asambleísta Noboa, expuso la necesidad de aprobación de la iniciativa legal. Su argumento principal fue la falta de liquidez del Gobierno para la concreción de proyectos. A esto sumó videos de actores sociales, involucrados en temas productivos y de inversión, que expusieron su expectativa ante la concreción de esta norma.

A lo largo de la mañana se llevaron a cabo más de 12 internvenciones. La mayoría de asambleístas, principalmente de las bancadas de Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID) y Unión por la Esperanza (Unes), expusieron sus reparos ante las reformas de las Alianzas Público Privadas. La palabra más repetida en estas exposiciones fue “privatización“. En ese sentido recalcaron que el proyecto de ley debe ser archivado.

La asambleísta Yeseña Guamaní de ID expresó que los ‘candados’ establecidos desde el Legislativo no son suficientes. Por ejemplo, si bien se garantiza la gratuidad en la gestión privada de servicios esenciales, no se lo hace con la calidad, afirmó.

La legisladora de Izquierda Democrática agregó que la norma tampoco obliga a que el Estado sea partícipe de los recursos excedentes o ganancias que genere la administración privada de los proyectos o servicios.

Por su parte, el asambleísta de Unes, Carlos Zambrano, señaló que no es correcto generar contratos de alianzas público privadas a obras existentes, sino aplicarlo a nuevas iniciativas. “No podemos apoyar un proyecto de ley que ponga en riesgo los recursos de los ecuatorianos”.

El parlamentario Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC) expresó la posición de su bancada de apoyo a la ley. Según dijo, es necesaria la norma para atraer capitales que ahora van a países vecinos. “Debemos dejarnos de esos egoísmos para que se siembre la riqueza en Ecuador y darle garantías a la gente”.