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Los candidatos a prefecturas y alcaldías tendrán que exponer sus propuestas y responder a otros postulantes en los debates electorales previstos entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. El formato les dará un minuto para la respuesta inicial y 30 segundos para contestar una interpelación.
Pero ¿cuánto puede conocer un elector sobre la capacidad de un candidato para gobernar en ese tiempo? La utilidad de estos encuentros plantea preguntas sobre qué permiten evaluar, cómo influyen en la decisión del voto y qué ocurre con los compromisos expuestos una vez que termina la campaña.
Para Santiago Carranco Paredes, PhD, director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UIDE y consultor internacional, los debates han permitido que los electores conozcan las propuestas directamente de quienes buscan un cargo.
Su utilidad, explica, también debe entenderse en un contexto de distanciamiento entre parte de la población y la política. Para quienes concentran su participación en el momento de votar, estos encuentros representan una oportunidad de escuchar a los candidatos.
Carranco considera que los debates pueden incidir en la percepción ciudadana. Como referencia ecuatoriana, menciona el efecto favorable que, a su juicio, tuvo la participación de Daniel Noboa en un debate. Su explicación apunta al posicionamiento del candidato ante el público.
Sin embargo, distingue ese efecto de la posibilidad de examinar una propuesta. En intervenciones breves, señala, resulta difícil desagregar una política pública, explicar cómo se ejecutaría o revisar el presupuesto que necesitaría.
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Según Carranco, el debate actual tiene un componente importante de imagen y comunicación. La seguridad que proyecta un candidato, su capacidad para generar empatía y la forma en que presenta sus propuestas intervienen en la impresión que deja entre los electores.
En su análisis, esos elementos ocupan un espacio que no necesariamente permite profundizar en el contenido técnico. Cuestionar la consistencia de una promesa o explicar sus limitaciones requiere un tiempo que el formato no siempre ofrece.
El alcance del encuentro, además, se extiende después de la transmisión. Carranco explica que los fragmentos que circulan durante los días siguientes permiten que las intervenciones lleguen a más personas. Aun así, considera que la emisión en vivo conserva un efecto importante sobre la población.
Desde su perspectiva académica, propone que los comités incorporen especialistas capaces de abordar problemas estructurales, además de asuntos coyunturales, y que los candidatos dispongan de más tiempo para desarrollar sus políticas. Reconoce, sin embargo, que la cantidad de postulantes dificulta ese ejercicio.
José Alberto Feijoo, sociólogo, máster en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios y docente de la UIDE, plantea una objeción sobre la naturaleza de estos encuentros. A su criterio, el formato se aproxima más a una divulgación de propuestas que a un debate con diálogo e intercambio inmediato.
Para el docente, permitir que los candidatos se formulen preguntas no garantiza por sí solo una discusión de fondo. Su cuestionamiento también abarca el entorno político: considera que las deficiencias técnicas de las propuestas, el número de participantes y el fraccionamiento ideológico limitan ese intercambio.
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Feijoo sostiene que la discusión pública posterior suele concentrarse en determinar quién ganó o perdió, antes que en revisar las ideas expuestas. Bajo esa lógica, explica, puede adquirir mayor importancia la capacidad de un candidato para imponerse frente a sus adversarios que su aptitud para tomar decisiones políticas.
Su crítica apunta a que la confrontación y la puesta en escena desplacen el examen de las propuestas.
El manual aprobado por el Consejo Nacional Electoral contempla 45 debates obligatorios: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías, con cuatro ejes temáticos.
Los candidatos formularán las preguntas en dos ejes; en los otros dos, las elaborará el Comité Nacional de Debates. El esquema asigna 15 segundos para preguntar, 60 para responder, 15 para interpelar y 30 para contestar esa interpelación.
Cada bloque reunirá hasta ocho participantes. Los sorteos definirán su ubicación y el orden de las intervenciones.
Estos tiempos permiten situar una de las limitaciones señaladas por Carranco: el espacio disponible para explicar la ejecución y el financiamiento de las propuestas. Frente al mismo formato, Feijoo centra su observación en las posibilidades de sostener un diálogo entre candidatos.
Para Feijoo, el seguimiento no debería depender únicamente de lo que un candidato diga durante el debate. Advierte que las intervenciones no necesariamente se ajustan a los programas que presentan para competir en las elecciones.
Por eso, sitúa en los planes y sus mecanismos de ejecución la base para que la ciudadanía cuestione a los postulantes y, cuando lleguen al poder, examine el cumplimiento de sus compromisos.
El académico también atribuye una responsabilidad a los organismos de control. A su juicio, ese seguimiento debería responder a criterios técnicos, sin convertirse en una herramienta de persecución política.
Feijoo considera que el hastío ciudadano frente a la política y las estructuras centradas en liderazgos personales dificultan esa tarea. Desde su perspectiva, la utilidad del debate para exigir cuentas permanece limitada si no existe una revisión posterior de los programas y de su ejecución.
Los debates permiten que los electores escuchen directamente las propuestas de quienes compiten por alcaldías y prefecturas y observen cómo responden frente a cuestionamientos.
Sin embargo, los analistas consultados advierten que conocer a un candidato durante un debate no equivale necesariamente a evaluar su capacidad para gobernar o determinar si sus propuestas son viables.
El formato contempla 60 segundos para responder una pregunta y 30 segundos para contestar una interpelación.
Además, los candidatos tendrán 15 segundos para formular una pregunta y otros 15 para realizar la interpelación. El reglamento del CNE establece que la dinámica debe favorecer la interacción entre postulantes.
El tiempo disponible puede limitar una revisión detallada de aspectos como la ejecución, el presupuesto o las dificultades de una política pública.
Santiago Carranco sostiene que intervenciones breves permiten conocer planteamientos y observar al candidato, pero dificultan profundizar en la viabilidad técnica de las propuestas.
Ambos elementos pueden intervenir en la percepción del elector. Carranco señala que la seguridad, la empatía y la manera de comunicar también forman parte de la impresión que deja un candidato.
José Alberto Feijoo advierte que la discusión posterior puede concentrarse en quién “ganó” o “perdió” el encuentro, en lugar de revisar el contenido de las propuestas.
Una posibilidad es contrastar lo expuesto durante el debate con el plan de gobierno presentado por cada candidatura.
Feijoo considera que esos documentos y sus mecanismos de ejecución ofrecen una base más concreta para evaluar posteriormente si las autoridades cumplen los compromisos planteados durante la campaña.
