Las sentencias de jueces entran en la mira con la interpelación a Judicatura

El juicio político a la Judicatura lo inició Fausto Jarrín, quien renunció a la Asamblea para ser abogado de Rafael Correa. Foto: Diego Pallero / El Comercio

Se trata de un juicio político que lo dejó en marcha Fausto Jarrín (Unes), antes de renunciar a su curul y continuar con la defensa de Jorge Glas, Rafel Correa y otras figuras de esa tendencia. Con este proceso el futuro del Consejo de la Judicatura entró en una fase decisiva en la Asamblea.

Tan pronto el Pleno aprobó la interpelación al presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, a los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno, así como a la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), hizo la convocatoria.

La nueva sesión está prevista para este miércoles, a las 19:00. Allí deberán presentarse las pruebas de cargo y de descargo, y después del debate se decidirá una posible censura y destitución de las autoridades de la judicatura, lo que depende de 92 votos. Se calcula que el trámite tomará dos días.

Para el presidente de la Judicatura es un proceso que responde a un pacto entre correístas y el Partido Social Cristiano (PSC), que alcanzaron 87 votos en el Pleno. Aunque estas organizaciones aseguran que buscan garantizar la independencia de la justicia.

“Esos partidos ya tuvieron la justicia en su poder entre 2011 y 2018, y el país sabe con seguridad todas las atrocidades que hicieron teniendo la administración de justicia como un instrumento de persecución, eso va a ocurrir en caso de una posible censura a la Judicatura”, dijo Murillo en Radio Quito.

El pedido de interpelación a las autoridades de la Judicatura quedó en manos de Viviana Veloz (Unes), después de que Jarrín renunciara a la Asamblea. Y se basa en siete causales que tienen que ver con la evaluación y remoción de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en 2019.

Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), se busca deslegitimar el proceso que permitió “liberarle al país de jueces indecentes”, que sentenciaron a Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Francisco Endara, considerados perseguidos políticos del correísmo.

“Aquí ha quedado en evidencia, compatriotas, que hay un pacto siniestro para tomarse la justicia, para liberar y para revisar las sentencias. Ya van a ver cómo en los próximos días declaran inocente a Jorge Glas Espinel, Wilson Pástor y otros en el caso Singue”, dijo Villavicencio.

Mismos argumentos

Ricardo Vanegas (PK), asambleísta de la Comisión de Justicia, es uno de los 47 que se abstuvieron de apoyar el juicio político a la Judicatura. Vanegas ve que el pedido de interpelación esgrime los mismos argumentos de casación y acciones de protección.

“En ambos casos se señaló que los jueces o conjueces temporales de la Corte Nacional carecían de legitimidad, porque habían sido ilegalmente designados. Y además es el mismo argumento que han presentado en la Corte Interamericana de Derechos ­Humanos”, sostuvo.

El legislador recordó que fueron jueces temporales de la Corte Nacional, a los que la Judicatura designó tras la evaluación y renovación de 2019, los que dictaron sentencias como en el caso Sobornos, por el cual el expresidente Correa se encuentra en Bélgica.

“No les resultó en la Corte Nacional, en la Corte Constitucional, y ahora quieren que el máximo poder del Estado resuelva que en el juicio político este Consejo de la Judicatura ha designado jueces de una manera ilegal”, señaló.

El jefe de bloque del PSC, Esteban Torre, lo niega. Aseguró que lo de la Judicatura es por un tema administrativo y que una sanción a los vocales “no implica, en lo absoluto, cambiar sentencias o decisiones previamente establecidas”.

“El hecho de remover algunos vocales no significa que jurídicamente haya incidencia en procesos que tienen sentencias ejecutoriadas condenatorias, en procesos que ya han sido susceptibles de recursos de revisión y han sido resueltos. En lo jurídico no cambia o no debería cambiar nada”, insistió.

Argumentos de los acusadores

Proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de los periodos contemplados en la Constitución y la Ley (en 2019).

Remoción de jueces por efecto de la evaluación, cuya normativa ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones.

Concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia 2020-2021, en el cual se extralimitó en sus competencias al designar jueces y conjueces nacionales por especialidad.

Nombramiento de conjueces temporales sin respetar el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial y sin cumplir con los requisitos, como ser de categoría 8.

Concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de justicia (año 2020); modificación de parámetros de calificación.

Cpccs

El correísmo y el PSC, en la Comisión de Fiscalización, iniciaron un juicio político a los vocales Hernán Ulloa, María F. Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

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