Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional se dio paso desde el miércoles, 29 de marzo, la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Este proceso está impulsado por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de ID). Acusan a Lasso de presuntos delitos de concusión y peculado, asociados a supuestos actos de corrupción en el sector público.
¿Qué es juicio político?
Un juicio político es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones. En una democracia, por lo general la acusación y el proceso son facultades exclusivas del poder legislativo.
Por ejemplo, en 2012 el presidente paraguayo Fernando Lugo fue sometido a juicio político por el mal desempeño de sus funciones, tras el proceso fue encontrado culpable y reemplazado por el vicepresidente.
De igual forma, el presidente estadounidense Donald Trump fue sometido a dos juicios políticos, siendo absuelto en ambas oportunidades.
Ley de Ecuador sobre juicios políticos
El enjuiciamiento político a funcionarios públicos está tipificado en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Se establece que la Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Estos son:
- Ministras o ministros de Estado
- Máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado (PGE), Contraloría General del Estado (CGE), Fiscalía General del Estado (FGE), Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias;
- Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Consejo de la Judicatura (CJ) y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
- Y de las demás autoridades que la Constitución determine.
Causales del juicio político
Según el artículo 129 de la Constitución, el juicio político en contra del Presidente de la República se puede llevar adelante por tres causales. Por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Lasso está acusada de la segunda, específicamente de los delitos de concusión y peculado. La solicitud dice que el Presidente tiene “responsabilidad política” por los delitos de concusión y peculado “en los términos propios de un juicio político (…), por lo que se debe proceder con su censura y posterior destitución“.
El juicio debe iniciar en la Asamblea una vez que se obtenga primero un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Después se dispone que en un plazo de 72 horas la Asamblea resuelva motivadamente, con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente o vicepresidente
Para la censura y destitución del presidente o vicepresidente se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.
Si de la censura al funcionario se desprenden indicios de responsabilidad penal, estos serán puestos en conocimiento del juez competente.
Causales para la destitución
La Constitución, en el artículo 130, también define que la Asamblea podrá destituir al presidente o vicepresidente en dos casos:
- Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional
- Por grave crisis política y conmoción interna
Así mismo, el Parlamento tendrá 72 horas para resolver, con base en las pruebas de descargo que presente el mandatario.
La destitución se aplicará si se consiguen los votos favorables de las dos terceras partes de los asambleístas. Si el presidente es destituido, asumirá su lugar el vicepresidente de la República.
Una vez que se publique la resolución de la destitución el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de hasta siete días después, convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto del período.
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