¿Cuáles son las pruebas para el pedido de juicio político contra Guillermo Lasso?
La asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes) y Esteban Torres (PSC) hablaron del juicio político contra Guillermo Lasso, que se presentará en la Asamblea. Foto: Flickr Asamblea Nacional
Los asambleístas proponentes del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, apelaron a 20 pruebas para sustentar esta acusación constitucional.
El documento, de 55 páginas, será conocido por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) este viernes 17 de marzo del 2023, a las 19:45, un día después de que fue presentado con 59 firmas de respaldo (13 más de las necesarias) de las bancadas del correísmo, el PSC y sus aliados.
El organismo, controlado por la oposición legislativa, deberá verificar que la solicitud cumpla con los requisitos y prevé una resolución esta misma noche. Una vez que el texto sea calificado, irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad.
De comisionados a proponentes
La acción es impulsada por Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo, de una facción de la Izquierda Democrática (ID) y Mireya Pazmiño, expulsada del bloque de Pachakutik y afín al presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Solicitaron que se aplique el artículo 129 numeral 2 de la Constitución.
Son los mismos legisladores que fueron parte de la mayoría de la Comisión ocasional que recomendó el juicio político contra Lasso. Eso, tras investigar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador.
Veloz señaló que a los asambleístas les corresponde determinar responsabilidades políticas contra Lasso y a la justicia determinar su vinculación o no en supuesto peculado y concusión, delitos contra la administración pública.
Los principales aludidos en las denuncias son Danilo Carrera, cuñado del Presidente, el exgerente de la Empresa coordinadora de Empresas Públicas (Emco), Hernán Luque, y Rubén Chérres, un empresario investigado por supuesto narcotráfico.
Los elementos
En el anuncio de pruebas constan los decretos ejecutivos 163, 107 y 630, que tienen que ver con la designación de Hernán Luque, como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), y sus atribuciones.
También oficios de distintas instituciones públicas, entre ellas de la Fiscalía, la Superintendencia de Compañías. Y la bitácora de las visitas del Palacio de Carondelet, que registra que Luque ingresó en al menos 40 ocasiones.
En relación a la Fiscalía, hay un oficio donde se certifica que el Presidente “no ha presentado denuncias penales en contra de los señores Hernán Luque, y Rubén Chérres”.
Además, se invoca dos veces a la materialización de un oficio con fecha 22 de marzo 2022 suscrito electrónicamente por el vicealmirante Jhonny Estupiñan, exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), dirigido al Presidente.
Para los asambleístas opositores, estos insumos demuestran una supuesta concusión de Lasso porque no adoptó ninguna acción al conocer de las irregularidades.
También consta como insumo el “primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas”, que fue elaborado por el exsecretario Anticorrupción de la Presidencia, Luis Verdesoto.
Asimismo, incluyen el informe emitido por la comisión especializada ocasional del caso Encuentro, del que se desmarcó la mayoría de los 104 legisladores que hace dos semanas lo aprobaron en el Pleno.
Cinco de las pruebas tienen que ver con la transcripción de audios filtrados por el medio digital La Posta, y una publicación de la web de la radio de la Prefectura de Pichincha.
Por último, en el anuncio de prueba incluyeron pedidos de comparecencias a 36 autoridades y exfuncionarios que ya se presentaron a la Comisión ocasional.
Debate
El socialcristiano Esteban Torres, primer vocal del CAL, lideró la redacción del pedido de juicio político contra Lasso, a quien auspiciaron para la Presidencia de la República. Aseguró que “se ha singularizado la responsabilidad política, se han puesto los hechos conocidos, las pruebas que sustentan esos hechos”.
“Nos hemos cuidado de especificar si ha sido en calidad de autor, creemos que evidentemente no es la calidad de autor, o si se ha sido de alguna o de otra manera indirecta”, adujo.
Sin embargo, el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, señaló que esto demuestra “que no tienen elementos probatorios que determinen que esto fue una orden o una ejecución del propio Presidente de la Republica”.
Para el Gobierno, esta solicitud de juicio político no contiene elementos para el proceso y el único objetivo “es atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia”.
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