La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional avocó conocimiento del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, impulsado por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Esther Cuesta.
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Aunque la propuesta fue presentada en mayo de 2023, recién este viernes 28 de marzo de 2025 fue incorporada al tratamiento legislativo.
Objetivo del proyecto de ley de Libertar e Igualdad Religiosa
Durante la sesión virtual, Cuesta explicó que el objetivo de la iniciativa es regular el ejercicio de la libertad de culto, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y evitando prácticas que puedan promover la desigualdad de género o la intervención religiosa en procesos políticos y electorales.
El proyecto establece que se considerarán infracciones —con posibilidad de sanción— acciones como:
- La asociación de instituciones religiosas con fines políticos.
- El proselitismo o propaganda a favor o en contra de candidatos.
- El uso de espacios religiosos para reuniones o actos de campaña electoral.
- La promoción de conductas contrarias a las libertades fundamentales.
Las sanciones contempladas van desde una amonestación escrita, pasando por multas de hasta 14 100 dólares, hasta la suspensión o pérdida de la personería jurídica. Además, se permite aplicar múltiples sanciones tanto a las organizaciones religiosas como a sus miembros.
Uno de los puntos debatidos fue el artículo 28, que propone que las instituciones religiosas rindan cuentas de sus ingresos ante la Contraloría General del Estado.
El ente rector y posibles acciones penales
De aprobarse, el órgano responsable de la aplicación de la ley sería el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que además tendría la facultad de remitir información a la Fiscalía General del Estado si se presume la comisión de infracciones penales.
Reacciones y debate en la Comisión
La asambleísta Jhajaira Urresta propuso incluir una sanción específica para casos de participación activa de organizaciones religiosas en campañas electorales. En su intervención, cuestionó supuestos aportes desde el Ejecutivo a la Iglesia Católica y su rol en el escenario político.
Por su parte, el legislador Paúl Buestán se mostró a favor de “democratizar la participación religiosa” y enfatizó que la libertad de pensamiento debe reflejarse en el marco normativo. El asambleísta Adrián Castro llamó a que el debate se realice “con respeto y sin politización”, e instó a incluir a representantes de diversos credos religiosos.
La presidenta de la Comisión, Paola Cabezas, reiteró la importancia de construir una ley “inclusiva y con todas las voces”.
Observaciones técnicas y respaldo institucional
Desde la Defensoría del Pueblo, el representante Rodrigo Varela destacó que la actual Ley de Cultos, vigente desde hace más de 80 años, cuenta con apenas seis artículos y no se ajusta a la realidad actual. Subrayó que el nuevo proyecto busca garantizar un trato igualitario para todas las instituciones religiosas.
En ese mismo sentido, Chrysóstomos Celi, presidente del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, aclaró que la propuesta no pretende derogar el “modus vivendi” entre el Estado y la Iglesia Católica, sino garantizar el derecho a la libertad de culto en el marco de un Estado laico.
¿Qué propone el proyecto?
Entre los aspectos más relevantes del texto se incluyen:
- La dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa.
- La incorporación de principios del derecho internacional de los derechos humanos.
- Un régimen patrimonial y sancionatorio claro para organizaciones religiosas.
- El reconocimiento de la diversidad religiosa en el país.
