Organizaciones de mujeres protagonizaron una manifestación a las afueras de la Asamblea este miércoles 1 de diciembre del 2021. El objetivo fue exigir celeridad en el trámite del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto por violación en el país.
La medida se dio en virtud de que en la Comisión de Justicia de la Asamblea aún no existen votos para la aprobación del informe que deberá ir a primer debate en el Pleno, a menos de tres semanas de que esta Función se acoja a una vacancia hasta fin de año.
En abril pasado, la Corte Constitucional dio seis meses de plazo al Parlamento para la discusión de esta ley, cuando emitió la sentencia que despenalizó el aborto en casos de violación.
Aunque el plazo vence el 28 de diciembre, Johana Moreira (ID), integrante de la Comisión, reconoció que todavía no existen acuerdos en la mesa, lo que ha provocado que el proyecto se estanque, por lo que no descartan pedir a la Corte una prórroga para este proceso.
“Estamos analizando la legalidad del mismo (de pedir más plazo). Esperemos que un proyecto de ley que ha sido trabajado con organizaciones civiles, con colectivos, incluso con asambleístas de otras bancadas (…), pueda pasar como corresponde”, señaló.
Consuelo Arequipa y Virginia Gómez de la Torre, voceras de las organizaciones de mujeres que participaron de la manifestación, exigieron a la Asamblea que no aplace el tratamiento de este proyecto.
“Seguir dilatando la ley constituye una nueva omisión en la obligación del Estado de garantizar los derechos de las mujeres, las niñas, adolescentes, de acceder a su derecho a una interrupción del embarazo de una manera segura en caso de violación”, dijo Gómez de la Torre.
Arequipa añadió que en la Asamblea “hay una resistencia que está orquestada por los grupos antiderechos, que pretenden distorsionar el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo” en junio pasado.
Sostuvo que la obligación de la Asamblea “no es interpretar, sino cumplir con los derechos de las mujeres”.
La asambleísta Moreira reconoció que “este es un proyecto de ley sumamente complejo”, que tiene como nudos críticos los requisitos, temporalidad y objeción de conciencia para atender los casos de interrupción del embarazo por violación, que no logran consensos entre los representantes de las bancadas en esta mesa.
“Sabemos que estamos atrasados. De hecho, ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido, ya que al momento de querer convencer por lo menos a una mayoría de la Comisión de Justicia ha hecho que nos estemos atrasando (…). Sin votos en la Comisión tampoco puede bajar al Pleno, así que nos hemos topado con esa barrera”, agregó.
Durante el análisis del borrador del texto, los mayores reparos han provenido de asambleístas de Pachakutik y el correísmo.
José Chimbo (PK) planteó que se permita interrumpir voluntariamente el embarazo en caso de violación dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Sofía Espín (Unes) advirtió que el proyecto contiene contradicciones en cuanto a la objeción de conciencia por parte del personal de salud, y planteó incorporar la temporalidad de gestación para la interrupción del embarazo.
El asambleísta Ricardo Vanegas (PK), incluso, presentó un proyecto de ley en esta materia. Moreira señaló que la propuesta todavía no es calificada por el CAL y que la Unidad Técnica Legislativa emitió un informe no vinculante “que demuestra claros vicios de inconstitucionalidad, que es regresivo de derechos, que es revictimizante”.