Procurador precisa a la Asamblea ocho propuestas anticorrupción represadas
El compendio plantea reformas a cuatro cuerpos legales
El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, entregó hoy, martes 17 de noviembre del 2020, al presidente de la Asamblea, César Litardo, un listado de ocho proyectos anticorrupción que están represados en esta Función.
Entre esas están las dos propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), que envió el Ejecutivo en marzo y en mayo pasado, y que aún no cuentan con un informe para primer debate.
Los documentos están en análisis de la Comisión de Justicia, y apuntan a cambios en la tipificación de delitos como la concusión o tráfico de influencias, de modo que abarquen sanciones al “beneficio económico o inmaterial indebido”.
Además, se busca tipificar la oferta de tráfico de influencias y el soborno en el sector privado, contenidos en los artículos 18 y 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y que fueron requeridas por el FMI.
En su compilación, el Procurador también detalla las propuestas de los asambleístas Luis Pachala y Marcelo Simbaña, de Creo; Cristóbal Lloret (RC), Héctor Muñoz (exSuma), Fafo Gavilánez (AP) y Paola Vintimilla, exlegisladora del PSC.
El compendio plantea reformas a cuatro cuerpos legales:
-Código Orgánico Integral Penal (delitos aduaneros y delitos en contra de la administración pública)
-Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
-Código Orgánico de la Función Judicial.
En las reformas al Código Orgánico Integral Penal, se propone la modificación de conductas delictivas ya previstas y la creación de nuevos tipos penales, para sancionar aquellos actos lesivos a la sociedad y que no se han podido encasillar dentro de los tipos existentes o han generado oscuridad en su aplicación.
Dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se recomienda reemplazar el capítulo de los delitos aduaneros.
Las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se fundamentan en los últimos casos de corrupción vinculados con la suscripción de contratos con el Estado.
La Procuraduría argumentó que existen procesos irregulares y sobreprecios, lo que da lugar a la creación de asociaciones ilícitas para cometer este tipo de delitos, ya que la estructura de los procesos de contratación pública actual facilita estas conductas.
Con relación al Código Orgánico de la Función Judicial, se ha planteado fortalecer al sistema judicial con jueces dedicados a la lucha contra la corrupción.
“Es imprescindible plantear reformas legales que prevengan el cometimiento de delitos y que, a la par, fortalezcan el sistema judicial para prevenir y sancionar de manera eficaz los actos de corrupción”, indicó un comunicado de la Procuraduría.
No hubo acceso a la prensa para la entrega de esta compilación, que se dio esta mañana en el Palacio Legislativo.
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