Preguntas de seguridad de consulta popular son parcialmente viables, según expertos

Las preguntas presentadas este 12 de septiembre de 2022 por el Ejecutivo para una consulta popular se han distribuido en tres bloques temáticos.

El primero fue denominado Enmiendas para promover la seguridad ciudadana y cuenta con tres interrogantes en torno al accionar de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la extradición y el rol de la Fiscalía. 

Al respecto, dos analistas revisan su contenido, con reparos sobre los alcances de estas propuestas y su ejecución en el Ecuador. 

1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? 

La primera pregunta que irá en la consulta popular, impulsada por el Gobierno tiene relación con el apoyo de Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Específicamente, esta iniciativa busca que los militares puedan salir a las calles y ayudar a la Policía a combatir el crimen organizado. 

Actualmente, este apoyo sí se ha estado coordinando, pero a través de decretos de estado de excepción. Esta es la única figura legal que permite a las Fuerzas Armadas coordinar operativos en torno a la seguridad ciudadana.  

Históricamente, la Constitución ha delimitado las acciones de los policías y militares. A estos últimos siempre se ha establecido que son los encargados de mantener la seguridad nacional en fronteras y posibles conflictos bélicos.  

Por eso, para los defensores de Derechos Humanos esta pregunta podría estar en caminada a restringir derechos. Así lo explica Pamela Chiriboga, jurista especializada en este ámbito. Ella dice que se debe tener en cuenta tres aspectos. El primero es que, con este cambio en las funciones de los militares, se deberá enmendar la Constitución.  

El segundo es que, de cumplirse con el objetivo, el Ecuador estaría teniendo una política contraria a los estatutos internacionales. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las fuerzas militares solo pueden intervenir de manera complementaria en la seguridad de las sociedades. De allí que su intervención es a través de los estados de excepción.  

Y el tercer punto que Chiriboga dice que hay que tomar en cuenta es que la Corte Constitucional ya ha señalado por varias ocasiones que los militares no pueden ser parte de la seguridad común. Por eso, la especialista cree que la Corte Constitucional se pronunciará sobre esta pregunta.  

Pero para expertos militares como Wagner Bravo, el apoyo de los militares tampoco es una vía adecuada. Según él, la misión de Fuerzas Armadas siempre ha sido la protección de la soberanía del país. Si esta propuesta se llegara aprobar, la misión cambiaría y se estaría dejando de lado las funciones de la Policía. Por eso, él dice que la solución debería ser el fortalecimiento de la Policía.  

2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución según el anexo 2? 

La segunda pregunta está relacionada con la extradición de ecuatorianos que han cometido crímenes trasnacionales.  

En esta propuesta sí está de acuerdo Bravo. El exgeneral del Ejército señala que nuestro sistema penitenciario es débil y eso genera que los grandes líderes de bandas delictivas tengan beneficios y operen desde las celdas. Por eso, para él la extradición no es una mala idea, especialmente porque en Estados Unidos no hay libertades o beneficios para estas personas. Además, cuenta que en Colombia también se está siguiendo esta línea de la extradición de narcotraficantes.  

Para el director del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, Billy Navarrete, la extradición no es una medida que atente contra los derechos humanos como tal, pero sí señala que se debe establecer un proceso específico que sea garantista de los derechos de las personas. Es decir, que la investigación y juzgamiento debe estar en un principio en manos de jueces y fiscales nacionales. Además, dice que el Estado debe garantizar que las condiciones a las que será sometido la persona no atenten contra la dignidad humana.  

3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3? 

Por su parte, la tercera pregunta tiene relación con la autonomía de la Fiscalía.  

En este punto, tanto Navarrete como Chiriboga están de acuerdo en que esta institución tenga mayor independencia. Sin embargo, dicen que se debe tener en cuenta muchos aspectos.  

Para Navarrete, la autonomía de la Fiscalía no debe ser separada de la fuerza pública. Es decir, que detenga a las personas sin documentos o procesos establecidos. También señala que tampoco debe ser un ente obediente al Gobierno.  

Pamela Chiriboga, en cambio, cree que esta autonomía debe servir para solventar el déficit de funcionarios de la Fiscalía. Según su experiencia, la falta de agentes fiscales especializados se ha dado por no tener presupuesto. La Judicatura es el ente rector que determina las partidas para la contratación de los funcionarios.  

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