El pedido de juicio político en contra del presidente del Cpccs, Christian Cruz, se basa en un supuesto incumplimiento de funciones y se sustenta en tres causas. La primera respecto a la obtención del carné que le otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea decidió que el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, pase al Pleno.
La mañana de este domingo, 4 de octubre del 2020, esa mesa legislativa trató el informe sobre el proceso de interpelación que impulsa el socialcristiano Henry Kronfle.
El pedido de juicio político se basa en un supuesto incumplimiento de funciones y se sustenta en tres causas. La primera respecto a la obtención del carné que le otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva.
La segunda tiene que ver con dos reglamentos que solo pueden ser aprobados por el Pleno del Cpccs. Finalmente, se lo acusa de presentar documentos falsos en su postulación al concurso de méritos y oposición del 2009.
El informe fue aprobado con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En ese documento se establecen las razones por las que se considera que Cruz incurrió en las tres faltas.
Por ejemplo, respecto al uso del carné de discapacidad se menciona como un hecho relevante el que Cruz aseveró en su descargo ante la Comisión que en las pruebas para obtener su licencia de conducir tipo E usó audífonos.
Sin embargo, un certificación de Aneta establece que dicho dispositivo no fue utilizado durante la prueba auditiva ya que Cruz argumentó que no lo usa de forma cotidiana porque “le produce dolores de cabeza”.
Sobre la arrogación de funciones, el informe señala que los reglamentos expedidos por el Presidente del Cpccs para el uso del parque automotor de la entidad y para la entrega de viáticos, es una competencia del Pleno de la institución.
El siguiente paso tras la recomendación de la Comisión es que el presidente de la Asamblea, César Litardo, socialice entre los legisladores el informe aprobado. Después de esto deberá incluir en el orden del día el tratamiento del tema por parte del Pleno.
Para censurar y destituir al actual Presidente del Cpccs, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requiere de los votos de la mayoría absoluta; es decir 70 votos.
El actual Cpccs fue posesionado en el 2019. Sus integrantes fueron electos por primera vez mediante voto popular en las seccionales. Con este, el actual Consejo de Participación ha atravesado dos juicios políticos en contra de sus miembros.
En agosto del 2019, el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó a José Tuárez, quien ostentaba el cargo de presidente de la entidad y a los vocales Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá, también por incumplimiento de funciones.
Christian Cruz: ‘Sus fundamentos son con base en supuestos y no en hechos concretos’
En un comunicado, Cruz insistió en el pronunciamiento del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, respecto a que no se podía reestructurar la Comisión Fiscalización dos veces en un mismo periodo y que por ello no es autoridad competente.
También argumentó que ni su carné de discapacidad ni los supuestos documentos falsos son fundamento para un juicio político. Añadió que la base de una interpelación es el incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo que representa.
“La Comisión no escuchó mis argumentos y el asambleísta proponente no explica de manera específica cuáles son los incumplimientos de funciones. Sus fundamentos son con base en supuestos y no en hechos concretos” dijo Cruz.
