Esilda Quezada cargaba sobre su hombro un costal con yucas y con la mano izquierda llevaba un balde con frutas tropicales. La mujer de 85 años es habitante de la parroquia de Guadalupe, un sitio de casas de madera y clima templado, ubicado a una hora de Zamora, la capital de la provincia más sureña del Ecuador.
Cruzaba el Puente de la Interculturalidad que lucía impecable y donde el color tomate de las barandas contrastaba con el verdor aledaño. Ella es agricultora y estuvo en la inauguración de esa obra, el 16 de abril. Ese día el prefecto Salvador Quishpe aprovechó para entregar a los ciudadanos volantes con propaganda por el No en la consulta popular.
Despostó dos vacas y en su discurso cuestionó al Régimen. “Nos metió miedos diciendo que nos íbamos a quedar sin trabajo por la llegada de las grandes mineras”. Quezada recuerda que con el Mandato Minero, de abril del 2008, su hijo se quedó sin trabajo y tuvo que emigrar hacia Loja. Por eso, ella voto No.
En Zamora Chinchipe el tema de la minería es una plataforma política y las discrepancias entre las máximas autoridades y ciudadanos se evidencian al momento del debate. En esa provincia la propuesta del Régimen para la consulta popular fue rechazada por la mayoría de ciudadanos, en un promedio del 55%.
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Esto a pesar del desarrollo vial impulsado por el Gobierno, que en todas las carreteras colocó grandes vallas que promocionaban la gratuidad en educación y salud. Pero es el manejo de la minería donde nace el rechazo.
Zamora es una ciudad pequeña, tranquila pero costosa. El río con el mismo nombre cruza por medio de la ciudad, sus calles son de adoquín y los jóvenes caminan en grupos por el malecón hasta la madrugada. Sus habitantes se dedican al comercio, a la agricultura y a la minería.
Las dependencias públicas están en el centro. La Alcaldía y la Gobernación, cuyo edificio nuevo fue construido por el Régimen, están alrededor del parque central. A unos 200 metros está la Prefectura.
Sus calles son limpias y en las paredes usualmente no hay grafitis. Pero en los días de campaña, en el centro aparecieron algunas leyendas proselitistas: “Sí a la minería responsable” o “No a la explotación del minero”.
En Zamora la oposición está encabezada por el líder indígena Salvador Quishpe, prefecto de esa provincia, quien es de Pachakutik; un duro crítico del Régimen. Él asegura que hay un manejo irresponsable con las concesiones mineras que fueron otorgadas a las multinacionales que explotan oro, plata y cobre (Kinross, Ecsa y Cóndor Gold).
En su despacho con muebles bien tallados hay un amplio escritorio y también hay mucho movimiento; tiene cinco asesores. Con ellos ha desarrollado un discurso convincente argumentando que con el desarrollo de la minería a gran escala las fuentes de trabajo para los mineros artesanales desaparecerán.
Para contrarrestar su peso político está el alcalde de Zamora, Smilcar Rodríguez y el gobernador de la provincia, José Paqui. En los dos despachos los funcionarios tienen colgado un cuadro del presidente Rafael Correa.
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Además, Paqui usa una camiseta con el logo de la Coordinadora Plurinacional Campesina Eloy Alfaro, que fue sujeto político en la consulta popular, por el Sí. A diferencia de Quishpe, los dos funcionarios apoyan plenamente al Gobierno y su proyecto minero, ya que consideran que la provincia ha sufrido los estragos de la minería sin control y que ya es hora de regular esa actividad.
María Uzurruieta forma parte del 55% de habitantes que no apoyó la propuesta de Rafael Correa. Todavía recuerda cuando el 17 de septiembre del año pasado estaba barriendo su casa y escuchó en Radio Integración, que 1 500 policías habían llegado a Conguime para desalojar a los mineros. Para ella esto fue “abuso de poder”.
Pero el Gobierno también tiene sus seguidores. A 5 km del centro vive Isabel Montaño, es de tez trigueña y cuerpo robusto, estaba retirando con una pala la mala hierba de las calles. Es seguidora del Primer Mandatario y lo apoya, a pesar de que varias personas de su barrio tuvieron que emigrar a otra ciudades. “El trabajo en minería es cada vez mas escaso”. Y aunque se quejó porque la casa que le prometió el Municipio no la han entregado, le agradece el actual empleo por el que recibe USD 390 al mes.
Para los líderes, la consulta popular fue un pretexto para medir su fuerza política en la zona y para poner a prueba sus estrategias. En este sentido Quishpe fue más hábil que los otros. Movilizó a su gente hacia las parroquias y visitó a los ciudadanos puerta a puerta para darles el mensaje de que la justicia estaría en manos del Gobierno y que con la minería a gran escala ya no habría fuentes de empleo. Recurrió a radios comunitarias para difundir el mensaje y durante la inauguración de obras lo reforzó.
Doris Ortega tiene 27 años y es representante de los jóvenes en la directiva de A. País. También es de Guadalupe y cree que ante la movilización de Quishpe la actuación y presencia del movimiento oficialista fue deficiente, especialmente en los cantones alejados de la capital.
Reconoce que hay un avance vial, pero se queja que pese a ello el precio de los productos no ha bajado. “Pensábamos que con mejores vías eso pasaría”.
El Alcalde y el Gobernador también hicieron campaña, pero esta no fue lo suficientemente fuerte y tuvo poca presencia en las comunidades.
En las calles de Yacuambí, otra parroquia rural, es común ver a los Saraguros, quienes apoyan a Quishpe. Ahí también ganó el No, a pesar de que el Gobierno les remodeló hace tres meses su plaza central.
Punto de vista / Smilcar Rodríguez, Alcalde
‘Sí apoyamos al Gobierno’
La provincia ha sufrido por muchos años la explotación minera indiscriminada y esto ha afectado a la salud de los ciudadanos. Por eso apoyamos plenamente al presidente Rafael Correa en su propósito de legalizar la minería y exigir un trato responsable con la naturaleza. Ante esto no comprendo la actitud de algunos líderes que se oponen a este proceso. Sin embargo, la falta de agilidad en el tema minero sí ha provocado un rechazo de la ciudadanía.