Diego García fue el procurador del Estado por casi 10 años. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
La legisladora independiente Mae Montaño formalizó el pedido de un juicio político en contra de Diego García, exprocurador del Estado. El expediente, que contiene 1 467 fojas se presentó la mañana de este lunes 18 de junio del 2018, en la Secretaría de la Asamblea Nacional.
El pedido está respaldado por la firma de 37 legisladores de Creo, SUMA, Bancada de Integración Nacional (BIN) e independientes. Las firmas necesarias para presentar un pedido de fiscalización es de una cuarta parte de los parlamentarios (34).
Montaño señaló que el exprocurador incumplió con sus funciones en cuatro casos particulares. El primero se remonta al 2010 cuando se permite que la constructora brasileña Odebrecht vuelva al país, luego de que en el 2008 se ordenara su expulsión.
El 8 de julio de 2010 se celebró un “convenio de transacción” entre la empresa pública Hidropastaza y el consorcio Odebrecht-Alstom- VA- Tech para poner fin a las controversias. El acta del acuerdo se firmó en el instante en que llegó a manos del gerente general de Hidropastaza, Ciro Camilo Morán Maridueña, el informe contenido en el oficio 151778 del procurador de entonces, Diego García, en el que señala que el convenio está encaminado a, eventualmente, poner fin a las controversias y que “no contravienen normas de derecho y por otra parte, puede resultar conveniente para Hidropastaza”.
Diego García fue el procurador del Estado por casi 10 años, desde abril del 2008. Dejó el cargo en enero de este 2018. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Montaño señaló que el procurador favoreció a Odebrecht con su posición y no a los intereses del Estado. El caso es parte de los 23 expedientes, en los que se adjuntan las pruebas, con los que la legisladora busca censurar al exfuncionario.
La Constitución prevé el enjuiciamiento político contra un exprocurador hasta un año después de que haya dejado el cargo. García dejó la titularidad de la Procuraduría el 31 de enero del 2018.
Montaño añadió al expediente los juicios internacionales perdidos contra Occidental, Chevron y Burlington. Ella cuestionó el gasto que se generó en los procesos y la falta de resultados. Además, de la supuesta contratación con personas allegadas a García.
En su pedido, la legisladora que pertenecía al movimiento Creo, también se refirió a la interpretación que hizo la Procuraduría respecto a la permanencia de los vocales del actual Consejo Nacional Electoral.
El 31 de octubre del 2017, Eduardo Mangas, exsecretario general de la Presidencia, envió un comunicado a la Procuraduría. En ese documento consta un informe de la Secretaría Jurídica de la Presidencia con los antecedentes de la designación, posesión y renovación de los integrantes del CNE. Este documento tiene una respuesta por parte de García.
Finalmente, Montaño se refirió a la indefensión en la que quedó el Estado en el juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas. El Procurador delegó a sus subalternos a que acudan a una diligencia judicial. Al llegar atrasados, fueron excluidos del proceso.
El pedido de juicio debe llegar a conocimiento de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y posteriormente al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación. Luego pasará a la Comisión de Fiscalización, presidida por María José Carrión, de Alianza País.