Luis Verdesoto, exsecretario Nacional Anticorrupción, y Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, comparecieron este martes 18 de abril del 2023 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Lo hicieron para rendir testimonio en el trámite del juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por supuesto peculado (malversación de fondos) en un contrato para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos, de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con la privada Amazonas Tanker.
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Las comparecencias fueron requeridas por los asambleístas proponentes de esta causa, que son parte de la oposición legislativa liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC). Además de los asambleístas de estas bancadas, acudieron legisladores del oficialismo, el abogado del presidente Lasso, Edgar Neira, y el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Juan Ortiz.
Verdesoto no revisó contrato de Flopec
La comparecencia de Verdesoto tomó algo más de dos horas. Sin precisar una fecha (mes y día), Verdesoto aseguró que en 2022 entregó unas fichas sobre prevención de riesgos de corrupción en la Flota Petrolera Ecuatoria (Flopec).
El exfuncionario aseguró que identificó 20 riesgos en Flopec como la falta de control, falta de transparencia, discrecionalidad, mala calidad de gasto, entre otros. Remarcó que no investigó ningún contrato.
“Es claro: en ningún caso hay una referencia precisa a ningún contrato. Son de prevención de corrupción. El criterio es general. No hay referencia específica a ningún contrato“, respondió al ser interrogado por Edgar Neira, abogado del Jefe de Estado, si en esos documentos se trató el cuestionado contrato.
Aseguró que el “primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas” en las empresas públicas, que presentó antes de dejar su puesto el 23 de enero pasado, al cabo de ocho meses de gestión, no pone en duda la integridad del Presidente de la República.
“Desde el momento que presenté mi informe, pudo haber sido mal utilizado por defensores y detractores de este juicio”, remarcó.
Verdesoto dijo que su intención era que el Presidente “tenga una ficha para su seguimiento”, a modo de alertas. Sostuvo que tuvo “absoluta libertad para investigar y ninguna presión” del Presidente de la República.
“Sí confío en la integridad moral del presidente Guillermo Lasso, solo de él, en nadie más (del gobierno)”, anotó. “No tengo problema en ratificar la integridad moral del Presidente”, insistió.
Incluso el asambleísta correísta Roberto Cuero y el independiente Bruno Segovia señalaron que no ponen en duda la honestidad del mandatario, precisaron que lo que se debate son sus presuntas omisiones.
Verdesoto señaló que desconoce si se aplicaron sus recomendaciones, que también aludían a un excesivo poder en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) y riesgos de que se mezclen con intereses corporativos.
Dijo que por dos ocasiones recibió visitas de funcionarios del despacho que ocupaba Hernán Luque, exgerente de Emco, ahora prófugo de la justicia.
Fabián Pozo respondió sobre Emco
A su turno, Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia, desvirtuó los motivos para el enjuiciamiento político contra el Primer Mandatario. “A Guillermo Lasso se le acusa por un contrato firmado en 2018, renovado en 2020, cuyas irregularidades su propio gobierno denunció en 2021, sobre el que aplicó correctivos en 2022 generando utilidades de más de USD 180 millones en una empresa que venía registrando pérdidas en los gobiernos pasados”, adujo.
Mireya Pazmiño y Viviana Veloz, dos de las cuatro proponentes del juicio político, centraron sus preguntas a Pozo sobre los decretos ejecutivos 107 y 163 que designaron a Luque como gerente de Emco y con los cuales se habría concentrado poder en los exfuncionarios.
“¿Por qué eliminaron los requisitos para los miembros del directorio de las empresas públicas del decreto 163?”, increpó Veloz. “El decreto no establece parámetros específicos, el cargo de delegación está reglado en otros cuerpos jurídicos”, replicó Pozo.
Apelaron la Presidencia de Fiscalización
En medio de la comparecencia de Verdesoto, el correísmo apeló la Presidencia de la Comisión de Fiscalización a Fernando Villavicencio (ind.), a quien Roberto Cuero lo acusó de incumplir el procedimiento legislativo y falta de imparcialidad para el juicio político contra Lasso.
Villavicencio dejó de conducir la sesión y asumió la vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Ana Belén Cordero.
A la primera jornada de comparecencias, también fueron convocados Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador, y Anderson Boscan, del medio La Posta, pero no se presentaron.
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